El gobierno Piza-Alvarado viene mostrando un peligroso desprecio por el diálogo político-social en la materia. Tanto es así que quienes podrían ser sus aliados “naturales” en la actual Asamblea Legislativa, para darle los votos parlamentarios necesarios para la aprobación de ese paquetazo de impuestos, se sienten discriminados, ignorados, burlados.
El gobierno Piza-Alvarado le da prioridad política a alguna prensa para que esta conozca primero su más reciente versión de ese combo fiscal, ignorando a personas legisladoras electas constitucionalmente, y estas conocen las intenciones gubernamentales del día al respecto, vía interpósita-mediática. Es en salas de redacción periodística donde se tejen las presuntas negociaciones clave sobre el expediente legislativo 20.580.
Este lunes 30 de julio de 2018 las principales corrientes sindicales del país, aunadas en defensa del pueblo trabajador contra tal paquetazo de impuestos, le presentaron al propio presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, su propuesta fiscal-tributaria alternativa al combo fiscal, ahora más integral, además de las siete inicialmente planteadas.
“Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica” es el documento-propuesta que hasta podría darle al gobierno Piza-Alvarado 4.2 puntos PIB para enfrentar en el cortísimo plazo el grave problema del déficit fiscal; sin necesidad de someter a la sociedad a mayores niveles de tensión, producto de que en el ambiente se siente que habría una confrontación social por este problema del paquetazo de impuestos.
En sucesivas entregas, por diversas vías y con la urgencia que la situación impone, vamos a poder compartirle a usted los contenidos principales de la “Propuesta Sindical Común”, que es la frase-emblema que caracteriza a la propuesta obrera alternativa al combo fiscal.
Hay que insistir, incansablemente, que este grave problema del déficit fiscal requiere un gran diálogo político-social.
Hay que insistir que el gobierno Piza-Alvarado debe retirar de su trámite el detestado expediente legislativo 20.580 para darle paso a ese diálogo político-social, pues la magnitud del problema en que Costa Rica está metida en estos momentos (y no por culpa de su clase trabajadora) impone una decisión lo más consensuada y participativa posible; considerando que la institucionalidad parlamentaria muestra graves deterioros en cuanto a la confianza ciudadana y desde hace ya bastante tiempo, aunque le corresponde a esta tomar las decisiones políticas finales y correspondientes, de conformidad con la institucionalidad republicana constitucional.
El diálogo político-social en materia fiscal-tributaria no es algo que podríamos llamar novedoso. Hay una experiencia al respecto durante el periodo parlamentario 2002-2006 y en el propio escenario legislativo, respetando la institucionalidad parlamentaria y, por ende, la propia Constitución.
Hablamos de la Comisión Especial Legislativa Mixta para el Pacto Fiscal, que en aquel entonces arrojó un gran acuerdo validado multisectorial y políticamente. Un error procedimental, aprovechado por un francotirador filibustero, echó a perder la experiencia, pero el contenido de fondo, los productos fiscales-tributarios compartidos, demuestra que sí resultan posibles acuerdos nacionales en la materia.
Estamos absolutamente convencidos de que la carrera loca del gobierno Piza-Alvarado por la aprobación de este combo fiscal no conduce a nada bueno a la sociedad. La gente de a pie (ya no solamente la clase trabajadora directamente atacada por los contenidos del combo fiscal) está ya moral y éticamente legitimada para su autodefensa.
Mandar al cajón de la basura la propuesta del diálogo político-social, mantener contra viento y marea y a rajatabla el trámite del expediente combo fiscal 20.580 no solo es un insulto a la inteligencia ciudadana, sino también un llamado provocador a la confrontación social.
