1,55% es el porcentaje de reajuste salarial impuesto por el ya saliente gobierno del presidente Solís Rivera, vía decretazo, para todas las personas trabajadoras que laboran para el Estado; reajuste aplicable para el primer semestre del presente año 2018. La principal argumentación oficial fue que “no hay plata” y que está de por medio el alto déficit fiscal.
Se despide la presente administración de la clase trabajadora, reforzando la política del empobrecimiento salarial, misma que ya es sistemática en congruencia directa, ideológicamente, con el modelo económico imperante de la concentración de la riqueza y del decrecimiento de la desigualdad; pese a los pellizcos que al mismo se le han dado con el impulso y aplicación de varias políticas sociales atenuantes de la pobreza y de la situación de vulnerabilidad a la misma en que están miles de familias, pero que no cuestionan la etapa concentradora de los beneficios del crecimiento económico.
Las personas trabajadoras asalariadas del sector público, de ingresos medios y bajos, así como sus homólogas del sector privado “encarceladas” en los pauperizados salarios mínimos dado el altísimo costo de la vida en un país que como el nuestro es de los más caros de la región latinoamericana; están en caída libre en relación con el poder de compra del salario.
La política salarial no ha sufrido cambios sustanciales en las últimas administraciones de suerte que esta sea un pilar para atacar el crecimiento de la desigualdad, por un lado; y, por otro, que se estructure una nueva metodología de cálculo que diferencia entre lo que es el índice de inflación en contraposición al alto nivel del costo de la vida.
A esta situación hay que agregar el grave problema del déficit fiscal, planteado este según la lógica macroeconómica hegemónicamente dominante; con graves amenazas para el pueblo trabajador asalariado y no asalariado: congelamiento salarial, riesgo de pérdida de miles de empleos, reducción de la rentabilidad de los fondos de pensiones, gran peligro de la estabilidad financiera de IVM-CCSS, aumento en las tasas de interés de los préstamos (vivienda, créditos personales), etc., etc.
Lastimosamente, no vemos que las diferentes candidaturas presidenciales de estas elecciones estén abordando con rigurosa seriedad el tema del déficit fiscal. Lo están eludiendo y cuando lo abordan es para plantear “soluciones” que no lo atacarán estructuralmente hablando para no enojar a los ganadores del déficit: el poderoso sector bancario-financiero, por ejemplo.
Por el contrario, los que venimos perdiendo con el déficit, los que estamos en riesgo de pérdidas mayores, somos la inmensa mayoría, especialmente la compuesta por la clase trabajadora.
Recientemente tuvimos acceso al importante estudio elaborado por el ilustre costarricense don Miguel Gutiérrez-Saxe, denominado “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”; análisis elaborado a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania.
De seguido, y con especial llamado de atención a toda la clase política del país, conviene transcribir seis ideas medulares que nos impulsan a una obligada reflexión sobre lo que nos está pasando como sociedad en estos momentos; es como si fuera este el “retrato” de quienes somos perdedores con el modelo económico dominante y su engendro perverso: el déficit fiscal. Veamos:
“Costa Rica tiene ahora mayores capacidades humanas, pero lleva más de dos décadas de estancamiento de la pobreza según ingreso, alto nivel de desempleo y creciente desigualdad. La política social es progresiva pero no compensa la exclusión económica.
Una nueva época, que se inició con la consolidación de un estilo de desarrollo, hoy se encuentra con una sociedad en medio de crecientes conflictos distributivos.
Sin reformas fiscales significativas desde 1995, tiene fuentes de ingreso insuficientes para financiar su pacto social y sobresaliente comportamiento ambiental. Lo contrario contribuye poco a la equidad social.
Sus impuestos quedaron obsoletos y menguados por los profundos cambios de estructura productiva, consumo y comercio exterior. El uso extremo de exenciones reduce la recaudación.
La estructura pública es compleja, el gobierno central es débil. Al amparo de las autonomías han proliferado diferencias y automatismos que generan presiones al gasto, impactan la calidad de los servicios y amplían el déficit fiscal.
Los tiempos son de situación fiscal apremiante e insostenible en medio de un contexto de pobre gobernabilidad, fraccionamiento político y alto malestar ciudadano”.
¡Qué clase de desafío para quien resulte electo a la Presidencia! ¡Qué clase de retos para el nuevo parlamento! Pero, sobre todo, ¿qué vamos a hacer como movimientos sindicales, sociales, populares, cívico-patrióticos…?
