Ayer asumió la Presidencia de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Hoy, miércoles 9 de mayo, al cumplirse las primeras 24 horas del ejercicio de su gobierno, el pago de los intereses de la deuda pública implicó una erogación de, al menos, 3 mil 500 millones de colones, sino más (3.500.000.000.oo).
Mañana, jueves 10 de mayo, al cumplirse el segundo día del nuevo mandato presidencial, una cifra parecida hubo que destinar al pago de intereses de esa gigantesca deuda pública que, conservadoramente hablando, anda por los ¡25 mil millones de dólares!… Y así, cada día que pase…
De seguro el nuevo mandatario está consciente de que cada hora de su presidencia, implica pagar casi 146 millones de colones en intereses de la deuda pública. Esta suma será más alta por cuanto el gobierno saliente, hizo una nueva colocación de deuda por 319 millones de dólares.
Nos preguntamos: ¿cuál es el paquete de impuestos que alcance para hacerle frente a esta espantosa realidad del pago diario de intereses de la deuda pública (y véase que no hablamos de la amortización del principal)?
Esto es tan grave que quien acaba de dejar de ser Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, nos dejó “sentenciados”. Indicó en su última entrevista de prensa que el polémico proyecto “combo fiscal”, tan repudiado por la ciudadanía y por el pueblo trabajador, no alcanzará para atender el problema del déficit; y que, por tanto, en un corto plazo, se tendrá que tramitar otro proyecto parecido, especialmente para subir el impuesto al valor agregado (IVA), que quedaría en 13% si se aprueba el expediente legislativo 20.580, el “combo fiscal”.
Si el problema del déficit fiscal es tan grave, si el tema del endeudamiento público es de tal magnitud y, si el pago de intereses de la deuda pública es el verdadero disparador del gasto público; entonces, se necesita la realización de un gigantesco esfuerzo de construir un gran acuerdo nacional para generar vías de solución que incluyan a toda la sociedad y a sus principales componentes representativos.
Respetuosamente, estimamos que la elección de don Carlos Alvarado Quesada como el nuevo Presidente de la República, fue estimulada por el tema de los Derechos Humanos (por cierto, que éstos parcial y excluyentemente comprendidos). Por tanto, no fue el tema fiscal ni mucho menos un ajuste draconiano para enfrentar el déficit, lo que motivó a la gran masa de electores que le dio el gane.
Es por ésta y otras razones que el Movimiento Sindical Costarricense, así como el Cooperativismo nacional, vienen enarbolando el correcto planteamiento de que se ocupa un diálogo político-social para enfrentar, con la mayor inclusión posible, el desafío del déficit fiscal.
Además, miles de conciencias obrero-sociales y patriótico-ciudadanas lo están pidiendo, si consideramos las impactantes movilizaciones del 25 de abril y del Primero de Mayo, promovidas por ambos movimientos.
Este clamor popular y social llegó a recibir la importante escucha de la Iglesia Católica costarricense pues su máximo jerarca, monseñor José Rafael Quirós Quirós, lo planteó en su relevante homilía del pasado 1 de mayo.
Si se abriera un diálogo político-social es indudable que no puede dejar de ponerse en mesa este tema del endeudamiento público y el estrangulante pago diario de los intereses de la deuda.
Igualmente, debe considerarse como un segundo ámbito estratégico de diálogo, la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense y el señalamiento crítico que a la misma se le formula por parte de entidades internacionales, debido a su injusta regresividad.
Tampoco puede dejarse de lado abordar el tema del empleo público, globalmente comprendido y no desde el plano de la satanización ideológico-mediática de que ha sido víctima en los últimos tiempos.
Además, ya hay una premisa aceptada por “Raymundo y todo el mundo”: el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados en el empleo público ni por la clase trabajadora conceptuada integralmente.
Por el contrario, aunque no les guste que uno hable de ello, hay zonas de empleo público que requieren del mismo. Hablamos de que la desigualdad, la inseguridad, la violencia y la exclusión se deben resolver con nuevas políticas públicas, algunas de las cuales ocupan de intervención directa de empleo público, puesto que el lucro mercantil del negocio privado no las vuelve atractivas.
Colateralmente, los detractores del empleo público deberían puntualizar cuál es el tipo de empleo público que les molesta, considerando que dentro del mismo existen 14 sistemas distintos; “sorprendiéndose” algunos de que hay sectores estatales con salarios por debajo del mínimo de ley o ligeramente superior al mismo.
Y ni qué decir de que en mesa debe estar la especie de “asalto legalizado” al erario público de esas gigantescas sumas de dinero del presupuesto estatal destinadas para infraestructura pública que se malgastan, que se concentran monopólica o duopólicamente, que se “desaparecen”, que no alcanzan según proyectos iniciales y que nos anuncian que ocuparán más plata “sin ton ni son”; consultorías y diseños técnicos multimillonarios, empréstitos acumulados que no se ejecutan, las “chambonadas” de todo tipo, etc., etc.
Nos preguntamos: ¿Será que la materialización concreta de un proceso de diálogo nacional, político-social, real y transparente, pone en peligro intereses que lucran y acumulan exageradamente con la preservación del déficit fiscal y sus derivados conexos?
Es definitivo: La Democracia de la Calle debe pronunciarse con más potencia y civismo, próximamente.
