Este viernes 13 de febrero de 2015, el Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, señor Helio Fallas Venegas, reveló que este ministerio a su cargo ha gastado en los últimos 9 años, un total de $ 66 millones en alquileres, lo que equivale aproximadamente a 35.904.000.000 de colones, cifra de hasta difícil pronunciación.
Esto, aunado a la investigación reciente de datos duros sobre alquileres realizada por el medio de comunicación “AmeliaRueda.com”, dejan con la boca abierta a la ciudadanía; misma que clama por un Estado que administre mejor sus recursos, donde no se den “gastos superfluos” y donde el “amiguismo” deje de ser moneda de curso para las contrataciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo.
Una gran mayoría de los procesos de alquileres por parte del Estado se han dado en contrataciones directas. En menos de 10 años el porcentaje de incremento en gasto de alquileres para Hacienda, entre el 2006 y 2014, fue de 495%; un crecimiento desproporcionado, ilógico, que hace que la sociedad en su conjunto se cuestione el por qué se ha mantenido en vigencia la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que permite el incremento anual de hasta un 15% en los alquileres.
Como bien se sabe esta injusta ley afecta a las familias de escasos recursos, las que normalmente no pueden acceder a vivienda propia y deben alquilarla siendo “castigadas” con ese incremento anual de hasta el 15%. Por el contrario y en otro reflejo cruel de la desigualdad en el país, dicha ley beneficia en extrema medida a empresas familiares que le alquilan edificios y oficinas al Estado.
En esto de las grandes sumas de dinero que el Estado paga a grandes consorcios empresariales de corte familiar con vínculos con sectores de la política tradicional, destaca el caso de la familia Marín Raventós.
La ciudadana doña Nuria Marín Raventós, es esposa del diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti. A su vez, la hermana de doña Nuria, la señora Adriana Marín Raventós, es la esposa de don Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Presidente del Grupo Nación.
Sólo las compañías ligadas a la familia Marín Raventós le facturan al Estado, en alquileres, más de 200 millones de colones al mes: 2.400 millones de colones anuales.
Esta familia es contribuyente de campañas electorales del Partido Liberación Nacional (PLN); y muchas de las posiciones políticas de este partido (otrora socialdemócrata), son coincidentes con la línea editorial del periódico La Nación, negocio mediático emblema del Grupo Nación.
Dicho partido y dicho medio están en una “santa cruzada” contra el empleo público y contra la posibilidad de un retorno protagónico de la política pública para que el Estado confronte, abiertamente, la desigualdad como problema número uno del país en estos momentos; pero, curiosamente, el Estado sí es “bueno” cuando eroga semejantes sumas por concepto de alquileres a grupos político-económicos de gran poder.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, al pasar del modelo de alquileres a comprar su propio edificio, este se ahorrará, anualmente, más de 2 millones de dólares, unos mil ochenta y ocho millones de colones. Si no se diera este salto de modelo, el Estado calcula que gastaría, en menos de 20 años, más de 250 millones de dólares.
Finalmente emergen dos grandes objetivos estratégicos en política pública de corto plazo: Uno: Que el Gobierno deje de alquilar edificios es urgente para sanear parte de la maltrecha economía del país. El Estado está gastando dinero que podría utilizarse en infraestructura que se volvería parte del Estado mismo. Esta decisión del Ministerio de Hacienda, por lo que se ve más que atinada, debe repetirse en otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio de Educación o el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades. Dos: Que se modifique con urgencia la ley de alquileres porque es una agresión a quienes, teniendo menos, deben someterse a aumentos anuales de hasta el 15%, superiores a la inflación; pero que como notamos el caso en comentario, favorecen grandes fortunas ya consolidadas lo que profundiza el proceso antidemocrático de concentración de la riqueza.
