Desempleo abierto, inseguridad ciudadana y crisis social

Desempleo abierto y exclusión social

En julio 2009 la población ocupada fue de 1.955.507 personas cuando en julio 2008 era de 1.957.708; una disminución reducida de sólo 2.201, aunque acompañada esa situación de un crecimiento significativo en los niveles de desempleo abierto y el subempleo. Estos sumaron 632.074 personas, alrededor de un 30% de la fuerza laboral. Ello contrasta con el año 2008 cuando las personas con problemas de empleo sumaron 538.640, es decir el total de personas con problemas de empleo en el 2009 se aumentó en un 17%.

Los sectores económicos (ramas de actividad) más impactados en términos de “población ocupada”, producto en buena parte de la crisis económica mundial del 2009, fueron los siguientes, en ese orden: la construcción, la agricultura, las “actividades inmobiliarias y empresariales”, la industria manufacturera, los “servicios comunitarios y personales” y los servicios financieros, es decir, casi todo el sector privado del país. De hecho ese sector redujo su población ocupada en 32.746 personas, que fueron parcialmente compensadas por el crecimiento de los ocupados en el sector público que fueron 29.144 (INEC).

Un análisis detallado de la situación del desempleo abierto, nos indica que el crecimiento del desempleo entre 2007 y 2009 creció un 33,7% anual y solo en el 2009 respecto al 2008 fue del 62,8%. En números absolutos, pasó de 92.792 personas en el 2007 a 165.944 en el 2001. En la zona urbana, el crecimiento en el desempleo abierto, en el periodo 2008-2009, en los hombres fue de 55,5% mientras que en las mujeres fue del 68,7%; en las zonas rurales se invirtió esa circunstancia dado que el aumento del desempleo abierto en los hombres fue del 70% y el de las mujeres del 57%. Esto es resultado que los empleos en hombres están muy influenciados por el sector agropecuario y el turístico.

Si ahora se analizan las remuneraciones a las personas y hogares con ingreso conocido en el 2009 por “quintiles de ingreso per cápita del hogar“, se observa que en el quintil más bajo se ubican alrededor de 1.007.030 personas y 240.936 hogares (cifras muy similares al número de personas y de hogares pobres); la fuerza laboral de ese quintil (alrededor de 291.000 personas) se caracteriza, entre otros, por tener una escolaridad promedio de 5,96 años y una tasa de desempleo abierto del 20,4%, mientras que el quintil de mayores ingresos tiene una escolaridad promedio de 12,6 años y una tasa de desempleo abierto de solo 2,37%. Lo anterior, vuelve a confirmar la relación entre años de educación e ingresos recibidos, agregando en las presentes circunstancias, desiguales oportunidades laborales para las personas pobres.

Por otra parte, al examinar los ingresos promedio mensuales por “grupo ocupacional” se observa que los niveles directivos, tanto del sector público como del privado, se aumentaron en un 30% en el periodo 2008-2009, mientras que las ocupaciones que corresponden a empleados con salarios menores a 200.000 colones, con excepción de los de “apoyo administrativo” y de “agropecuarias y agrícolas”, tuvieron un incremento hasta de un 10%. En otras palabras, las personas empleadas en los niveles directivos obtuvieron mejores salarios y muy reducidos niveles de desempleo, mientras que las ocupaciones de menores ingresos tuvieron pequeños aumentos si es que continuaron laborando. Esto tiene como resultado aumentos en la desigualdad de ingresos, mayores niveles de pobreza y de exclusión social.

Economía y consecuencias sociales del desempleo abierto

Recientemente se ha vuelto a poner en duda el método en que la economía valora las situaciones de desempleo, sin considerar otras líneas igualmente importantes para la salud y la felicidad de las personas. Amartya Sen en un interesante artículo (Revista Internacional del Trabajo, Ginebra, OIT, 1997, Vol. 136, nº 2), se pregunta qué daños causa un desempleo masivo aparte de un bajo nivel de ingresos. Y la respuesta que da, basado a su vez en numerosos estudios, es que se deberían incluir al menos unas diez consideraciones: “1. Pérdida de producción y carga para el erario público; 2. Pérdida de libertad y exclusión social; 3. Deterioro y pérdida a largo plazo de las aptitudes profesionales; 4. Daños psicológicos; 5. Mala salud y mortalidad (no solo suicidios); 6. Pérdida de la motivación y apartamiento indefinido del trabajo; 7. Ruptura de relaciones humanas y quebranto de la vida familiar; 8. Desigualdad racial y entre hombres y mujeres; 9. Pérdida de valores sociales y de responsabilidad; 10. Inflexibilidad organizativa y freno a la innovación técnica”

En lo que respecta al noveno se destaca la relación entre “… la delincuencia y el desempleo juvenil, es obvio que en ella tienen un papel importante las privaciones materiales de los desempleados, pero en parte responde también a influencias psicológicas, como son el sentirse excluido y el resentimiento contra un mundo que no ofrece la oportunidad de ganarse la vida honradamente” (Opus, cit. El subrayado no es del original).

La política seguida por el gobierno

La política laboral del Gobierno anterior y del actual no tiende a ser diferenciarse en lo esencial: la ausencia de una política laboral comprensiva y concertada entre los distintos sectores sociales y el Gobierno. Una prueba de ello ha sido la forma tradicional como se definen los salarios cada seis meses. Por otra parte, la mayor disponibilidad de recursos financieros con que contó el Gobierno anterior, sin que se concretara una reforma fiscal, y por tanto permitiera un mayor endeudamiento, produjo la contratación de gran cantidad de personal; ahora no es posible repetir esa estrategia por el aumento sostenido del déficit fiscal. Esta política de contratación pareció favorecer la generación de empleo profesional, en una época propicia para el clientelismo electoral. Hay que abonarle a este Gobierno el esfuerzo que inicia por concretar un mayor control sobre la obligación del pago del salario mínimo.

Los incentivos al sector productivo mediante la contratación de obra pública, que ahora se ha desacelerado por la falta relativa de recursos no podrán revertir el nivel del desempleo abierto; además, eso se agrava por el bajo crecimiento económico esperado en el ámbito internacional y local, lo que alentaría en su conjunto a esperar una reducida creación en la generación de nuevas fuentes de empleo. Adicionalmente, la política cambiaria no parece incentivar aumentos en las exportaciones, principal motor de la economía hasta el periodo pre-crisis. Todo lo anterior podría significar un incremento importante del desempleo abierto frente a las necesidades crecientes de fuentes de trabajo en el presente año.

En ese contexto, tal vez lo más preocupante es que no se vislumbra un diálogo político directo y creíble sobre los efectos que el desempleo abierto está causando en los grupos más pobres y sus múltiples consecuencias, incluyendo la inseguridad ciudadana. ¿No será posible y necesario articular un plan de emergencia para la generación de empleo que enfrente realmente la crisis que está por desarrollarse o como siempre pasa ¿esperemos a ver qué sucede con la reactivación económica mundial?

11 de agosto 2010

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