• Para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas
• El “Quédate en casa” como política pública ante el covid-19 se desacredita, por ello, urgen medidas económico-sociales extraordinarias: proponemos varias
Las cifras oficiales de desempleo, dadas a conocer hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo sitúan en un nivel histórico: ¡24%!; la cifra más alta desde la fundación de la Segunda República, en 1949.
Sin embargo, para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas, tomando en cuenta las personas que ya declinaron buscar trabajo porque se cansaron de hacerlo; o las personas que tienen empleo ocasional y/o por horas. Todo ello, impulsa el crecimiento de la informalidad que podría llegar al 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), para finales del 2020.
Prácticamente, estamos llegando a un punto en que, en Costa Rica, se puede afirmar que solamente una persona de cada tres, en edad de trabajar, contaría con empleo formal y salario fijo; y, por ende, serán la base fundamental de sostenimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de la Seguridad Social misma. Y, además, hay que recalcar que gran parte de esa base fundamental es el empleo público.
Sin duda alguna, y dada la persistencia de la pandemia del coronavirus covid-19, el “Quédate en casa”, como política pública para combatirla, se desacredita, pierde legitimidad y augura más tensiones sociales y más manifestaciones de calle.
El “Quédate en casa” sin medidas económico-sociales que lo hagan sostenible, va hacia el fracaso total y, por ende, podríamos tener un incremento de casos de pandemia en cifras insospechadas; amén de un aumento de tensiones sociales y de eventos de todo tipo en la calle.
Esas medidas económico-sociales no serán suficientes con una nueva asignación del bono proteger; es urgente, medidas como las siguientes para ser aplicadas en el último cuatrimestre del presente año 2020 -setiembre, octubre, noviembre y diciembre-: 1) moratoria en el pago de los recibos de agua, luz, teléfono e internet; 2) moratorias en el pago de las cuotas de los préstamos en entidades financieras; 3) inyección de capital a las micro-pequeñas y medianas empresas para aliviar sus cargas municipales, de seguridad social y fiscales.Además, de parte de la Asamblea Legislativa deben tomarse decisiones como: a) aprobación urgente del proyecto de cancelación de dudas del campo agropecuario; b) aprobación urgente de los proyectos de ley sobre tarifas de alquileres y sobre precios de medicamentos; c) supresión del pago del marchamo vehicular del año 2020-2021; d) aprobación del impuesto solidario a las altísimas fortunas y capitales acumulados en los últimos 10 años; e) aprobación de un proyecto de ley para regular el uso de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su incidencia en el tipo de cambio.
Finalmente, es urgentísimo impulsar una política fiscal radicalmente distinta a la que viene promoviendo el grupo de élite empresarial que gobierna con Alvarado a la cabeza: a) abandono del recortismo presupuestario irresponsable, irreflexivo e irracional; b) reestructurar la deuda pública del país; c) moratoria, transitoria al menos, en el pago de los abusivos intereses; c) impuesto (al menos, transitorio) para las zonas francas; d) parar el ataque a los salarios del empleo público y frenar el odio hacia la clase trabajadora estatal; e) inyección de recursos para las municipalidades a fin de que propicien obra pública local y micro-pequeños emprendimientos para la reactivación económica; f) fortalecimiento integral del Ministerio de Hacienda para el logro de una verdadera recaudación de impuestos; g) retomar el informe legislativo sobre la investigación de “los papeles de Panamá”.
San José, jueves 6 de agosto de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
