Prácticamente un millón y medio de compatriotas están, si tienen “suerte”, comiendo una vez al día. Al otro extremo, el 20% más rico de la población ha visto crecer su riqueza desmedidamente.
Otro número igual o más grande, es el segmento social de la ahora alicaída clase media en sus diversos estamentos; gran parte de la cual está altamente endeudada. Solamente en tarjetas de crédito, este sector social debe casi 3 puntos de Producto Interno Bruto: unos 600 mil millones de colones. Y ni se diga lo que se viene incubando en moratorias por hipotecas de casas de habitación: a lo mejor nos estalla dentro de poco nuestra “burbuja inmobiliaria a la tica”.
Nuestra insistencia, planteada a lo largo de varios años acerca de que el problema número uno de la Costa Rica es la desigualdad creciente, ya no tiene el más mínimo cuestionamiento. No solamente porque el prestigioso informe del Estado de la Nación, en su más reciente versión así lo ha dejado en evidencia; sino porque, y tal vez de manera sorprendente, es desde las mismas páginas de la prensa oligárquica que ya se empieza a hablar de ello.
¡Pues claro! Ese, hasta ahora indetenible proceso de desigualdad en auge, muestra ya grietas en el sistema político dominante, al punto de que una abrumadora mayoría de la ciudadanía ya no confía en él y exige cambios. Resumidamente, es el imperante sentimiento mayoritario de que el país va “sin rumbo”, según la percepción, certificable con datos reales, de dos de cada tres ciudadanos. A esos dos, les está yendo mal o muy mal. Al tercero, “pura vida”.
Es en este escenario de desigualdad creciente en el cual se pueden insertar los diferentes episodios autoritarios protagonizados desde las esferas del real poder dominante: el voto a la ley del fotocopiado, el veto a la Reforma Procesal Laboral; y el “no veto”, la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, de la ley mordaza.
Sumémosle a todo esto la errática garroteada policial; el llamado a asesinar a manifestantes (_“precaristas”_), por parte de un alto jefe policial; y la destitución (por ahora “congelada”), de un alto magistrado constitucional que ha “osado” desafiar con sus fallos y sentencias a ese real poder dominante.
Evidentemente, la “democradura” (como ha denominado el indicado y probo juez de la Sala IV); el “golpe de Estado técnico” como el Fiscal General de la República llamó a la destitución de tan elevado jurista; o “la dictadura en democracia” (según en su momento lo anunció el ahora expresidente Arias Sánchez); pueden ser expresiones que indican un peligroso camino confrontativo que desde las “alturas” parece abrirse paso para lograr “su” gobernabilidad; la que ellos ocupan a fin de controlar la creciente protesta, malestar, manifestación y movilización que se nota desde las bases ciudadanas. Éstas, poco a poco, van comprendiendo que lo que tenemos es un problema del “sistema” más que una errática acción gubernativa transitoria y circunstancial.
Emblemáticamente resulta oportuno hacer énfasis en la consolidación jurídica de la denominada ley mordaza (al publicarse), aunque por ahora suspendida su aplicación según decisión del más alto tribunal constitucional de la República, con sus graves riesgos de cárcel para las personas denunciantes de asuntos de naturaleza intransparente y hasta corrupta en la gestión de la cosa pública.
Al “tabo” se quiere mandar tanto al o a la periodista que haga pública una cuestión así, tanto como a un simple ciudadano que lleve a ventilación mediática casos de violación a la institucionalidad jurídica y/o que tengan que ver con fondos públicos, tráfico de influencias, “arreglos” licitatorios, consultorías “fantasmas”, evasiones y elusiones tributarias, trochas y similares, etc., etc.
Pareciera ser que la ley mordaza se consideró de carácter estratégico, junto a las tendencias autoritarias en curso, para “controlar” la acción cuestionadora que procede de la “gente de abajo”.
Enhorabuena que los medios periodísticos del Grupo Extra (entre otras importantes empresas de comunicación colectiva), han asumido una bandera militante en contra la mortal ley mordaza; pues si bien es cierto se conocen casos de autocensura periodística en épocas no tan remotas; lo real es que en los últimos tiempos muchas cosas sucias de la cosa pública, en contubernio con la privada, han podido ser del conocimiento público gracias a una prensa honesta y profesional (aunque no necesariamente “neutra”), que se ha volcado a la denuncia de lo que se ha hecho mal en la obra gubernamental de las últimas administraciones, todas inspiradas en el fracasado pero aún vigente criminal neoliberalismo.
Nosotros pensamos que la mejor gobernabilidad de un sistema político es aquella que incluye gente, no la que excluye. Los altos niveles de desigualdad y, por ende, de grandes exclusiones sociales, han provocado hasta guerras civiles y aquí, sin ir muy largo, en nuestra propia región centroamericana.
A los 25 años del plan de paz de Esquipulas, del que tanto se ufana el expresidente Arias, prácticamente siguen intactas las mismas circunstancias de miseria, explotación, corrupción y desigualdades abusivas que dieron origen a los conflictos bélicos civiles que se pararon con ese plan. Sí, las guerras civiles se terminaron pero la guerra social está en auge y ahora, alimentada inmisericordemente con la guerra del narco. Quienes siguen sufriendo son “los de abajo”.
En el caso costarricense, los sectores más duros de la actual clase dominante en el país, alimentados por la inserción en los negocios empresariales nacionales con la llegada de algunos de los capitales centroamericanos más sangrientos, nos están indicando que el autoritarismo, aunque sea en democracia, es la fórmula a imponer para su “gobernabilidad”.
Por el contrario, la “gobernabilidad” que desde abajo se considera la idónea, es aquella que por medio de una gran diversidad de iniciativas y acciones de política pública, le pongan coto al crecimiento de la desigualdad; de forma tal que ese millón y medio de compatriotas pueden comer tres veces al día así como vivir en total dignidad; y que la endeudada clase media puede sentir que se ha detenido su viaje a la pobreza y a la exclusión social. Sin necesidad de ley mordaza, ni de garroteadas policiales, ni de vetos a leyes que recuperan espacios para la promoción del bien común, ni de golpes de Estado _“técnicos”_… Hay algunos muy “arriba” que no lo quieren entender así. En consecuencia, habrá que doblegarlos.
