¡Una verdadera locura! Esos números corresponden a la plata que el Gobierno debe “honrar” por la gigantesca deuda pública que el país tiene, pero, únicamente, por pago de intereses. Nada de amortizar al principal. Hablamos de casi 4 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en pago de intereses. Se está llegando al 40% del total del Presupuesto General de la República que al año tramita la Asamblea Legislativa.
He aquí el verdadero disparador del gasto público. Esa palabreja, disparador, es muy empleada por los enemigos del empleo público y su prensa afín, la cual ha venido intoxicando a la opinión pública de que el déficit fiscal se debe a los salarios que paga el Estado a su fuerza laboral. Nada más falaz. Es el pago de intereses de la deuda, el real disparador del gasto público.
De seguro usted no tenía ni la menor idea de esta circunstancia. En términos generales, redondeados, cada costarricense ser vivo en estos momentos, debe unos 3 millones de colones por cabeza. Si en estos momentos está naciendo un o una bebé en cualquier hospital del país (público o privado), pues empieza su vida con una deuda de, al menos, ¡3 millones de colones! No importa su ubicación social o el nivel de ingreso de su familia.
La deuda pública nacional, contabilizada a nivel de Gobierno Central, es de unos 25 mil millones de dólares (25.000.000.000.00). Como el tipo de cambio del dólar se acerca a los 600 colones, entonces, tenemos una deuda pública nacional de unos 15 billones de colones (15.000.000.000.000.oo).
Si ya nos acercamos a una población costarricense de 5 millones de personas, entonces nos sale ese dato: cada persona tica viva “debe”, al menos, 3 millones de colones.
Si su familia es de cuatro integrantes, entonces, la deuda es de 12 millones de colones. Si es de cinco personas, entonces, 15 millones de colones de deuda en ese núcleo familiar.
Los últimos gobiernos han estado funcionando pidiendo prestado. La población creció, las necesidades de la gente han crecido. Pero, a la vez, los ingresos fiscales frescos para atender esas necesidades crecientes de la población, demandante de mejores servicios públicos de diversa naturaleza, jamás crecieron lo suficiente.
¿La razón fundamental? El gran poder económico que ha controlado todos los últimos gobiernos, no ha permitido que se transforme al sistema tributario costarricense; un sistema diseñado para que pague más, proporcionalmente hablando, el que menos tiene; y para que el que tiene más, no pague lo debido o no lo haga del todo.
Parece que “¡la fiesta terminó!”. No se puede seguir pidiendo prestado para que el Estado central siga funcionando si no se corrige el gran déficit que se generó, producto de que había que pedir prestado para que la administración central del Estado “medio-funcionara”, porque casi toda la plata se ha estado destinando al pago de los intereses de la deuda pública nacional, en las proporciones que indicamos al inicio del presente artículo.
¡Por supuesto que en todo esto hay demasiado de qué hablar! Las corruptelas, la mafia coludida de lo público con lo privado, la ineficiencia y la ineficacia, el perverso sistema licitatorio diseñado para que el privado apele y apele y apele y retrase todo, los cárteles empresariales que se ponen de acuerdo para repartirse los dineros de ciertas concesiones y compras del Estado; despilfarros, etc., etc… Y, por supuesto, todas las variables del robo de impuestos (evasión, elusión, exenciones, exoneraciones, “papeles de Panamá” afines y similares)… Mejor no sigamos…
Y en esto del robo de impuestos: ¡el colmo de los colmos! El robo de impuestos con ropaje legal a escala estructural. Según lo ha denunciado la propia Contraloría General de la República (CGR), un 27% de las declaraciones de Hacienda de las Grandes Empresas Territoriales registraron pérdidas o utilidades en cero, lo que les eximió de pagar el Impuesto a las utilidades durante el período comprendido entre 2010 y 2016. Algunas de estas compañías, además, presentan pérdidas de manera consecutiva durante 3, 4 e inclusive 5 años (diversa información de prensa en las últimas horas).
Nos falta espacio para poner todas las barbaridades que hay en cuanto al problema fiscal del país. ¿Qué es grave? ¡Por supuesto que sí! Un sindicalismo responsable debe reconocerlo así. La gran unidad sindical nacional de los últimos días, está consciente de esto. Pero, ¡he aquí, el gran pero!
No estamos de acuerdo en que “la cuerda se reviente por lo más delegado”: el pueblo trabajador, ni el del sector público ni el del sector privado. Ninguno de los dos segmentos es responsable del déficit, de la deuda pública nacional, del exorbitante y estrangulador pago diario de intereses de la misma.
Por todo ello, no estamos de acuerdo en el paquete-combo fiscal que a golpe de tambor tramita la ya saliente Asamblea Legislativa: el expediente legislativo No. 20.580 debe ser retirado de la corriente legislativa para dar paso a un gran diálogo nacional, pero “despacio porque precisa”. Y como no quieren entender, ¡entonces que hable la calle!…