Este es el resultado de un trabajo de año y medio en el que participaron no solo representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales, cooperativistas y ambientalistas, entre otras, sino también profesionales independientes, académicos y personas vinculadas con el mundo de la política.
Tres fueron los objetivos inspiradores de ese esfuerzo, tal y como se señala en la presentación del documento.
Primero, construir un espacio común, un lugar de encuentro pluralista e incluyente donde las diversas expresiones ciudadanas pudieran compartir sus visiones de país.
Segundo, producir un documento doctrinario capaz de reflejar los amplios consensos que unen a los costarricenses más allá de las opciones políticas o partidistas particulares.
Tercero, promover un diálogo entre la sociedad civil y las organizaciones políticas con el propósito de intercambiar, en un ambiente franco, una angustia sentida por el futuro de Costa Rica.
La propuesta, se señala, no es un manifiesto electoral, ni una proclama partidaria, ni el esbozo de un programa de gobierno, sino una visión perfectible del país al que se aspira.
El documento se basa en ocho principios que tienen que ver con los fundamentos orientadores de la política pública: el bienestar del ser humano, el bien común y la sostenibilidad tanto ecológica como social; los fundamentos de la convivencia de los costarricenses asentada en la justicia, la solidaridad, el diálogo y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento de la democracia; la ética pública y el Estado social de derecho como promotor del desarrollo, entre otros.
En cuanto al contenido, se enfatizan cuatro áreas principales: (a) la económica, basada la producción incluyente, el comercio justo, la generación de empleo y la creación y distribución de la riqueza; (b) la social, sustentada en la universalización de los servicios, la reducción de las brechas de ingreso y conocimiento, así como el combate real a la pobreza; (c) la política, que busca mejorar el sistema de representación y ampliar la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, y propone la descentralización y la eficiencia en la gestión de las instituciones públicas, y (d) las relaciones internacionales, que plantea fortalecer los vínculos regionales, revalorar el multilateralismo como espacio prioritario y hacer más transparente la definición de las posiciones internacionales de Costa Rica.
En momentos en los cuales la sociedad costarricense enfrenta decisiones trascendentes, pero al mismo tiempo se polariza y se hace más intolerante, lo cual reduce los espacios para lograr acuerdos, esta propuesta constituye un aporte meritorio que merece ser tomado en cuenta. Sobre los planteamientos concretos hablaremos la próxima semana.
Juan Manuel Villasuso
La República 8/12/2005
