El presente y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es un asunto directamente relacionado con nuestras propias vidas, especialmente, las vidas de la clase trabajadora, en su amplia concepción. La clase pudiente, suficientemente adinerada, no ocupa de la Caja. Va a la medicina privada y la que más plata tiene, va a la medicina privada en el exterior.
Es más, mucha gente de los sectores medios asalariados, haciendo un gran esfuerzo y sacrificio financiero, paga medicina privada en ciertas ocasiones porque nuestra querida Caja no le resuelve de inmediato su necesidad de salud. Pero aún en estas circunstancias, para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, la Caja es sinónimo de vida.
Un importante grupo multisectorial de organizaciones sociales ha hecho, durante muchos meses, un gran esfuerzo por analizar qué es lo que le ha hecho a la Caja el poder político y corporativo tradicional; qué es lo que se debería corregir, qué se debe proponer para relanzar la Caja, como costarricenses pertenecientes a la clase trabajadora.
Sin creerse dueños de la verdad, ni tampoco que se la única propuesta, se está relanzando el planteamiento “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, esperando difundirlo al máximo, darle base social y generar un esfuerzo ciudadano de carácter organizativo y movilizador en torno al mismo.
Estamos convencidos de que la Caja ha venido siendo víctima de una especie de secuestro de grupos corporativos, internos y externos; estamos convencidos de que la Caja es del pueblo trabajador, no de los sindicatos. Estamos convencidos de que la abrumadora mayoría del personal de la Caja, incluyendo la mayoría de su cuerpo médico, es gente trabajadora honorable, entregada, comprometida y abnegada.
Sin embargo, el poder de ciertas élites al interior de la institución, como el poder de lo que denominamos la “realeza médica”, está perjudicando y empañando la preservación de este lema estratégico: la Caja es la vida, la vida del pueblo trabajador.
Según el planteamiento “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, sus problemas se originan en tres tipos de conflictos de interés de cuya resolución depende el futuro de la Seguridad Social.
PRIMERO: El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado o no se utilicen todos los instrumentos legales para impedir la morosidad del Estado con la Caja; o que se haya contratado más de 10 mil personas, la mayoría en cargos administrativos a nivel central.
SEGUNDO: El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo.
TERCERO: El conflicto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defienden que una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente uno de los “talones de Aquiles” del sistema. Estas jornadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de trabajo actual.
Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. He aquí la propuesta de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”:
1) Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.
2) Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas
3) Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.
4) Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.
5) Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.
6) Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas.
7) Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención.
8) Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras.
9) Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados.
10) Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas privadas y personas jurídicas.
Recordemos las entidades sociales que, hasta el momento, están respaldando e impulsando el proceso de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”:
Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV)
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL)
Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS)
Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples (COOPEAGRI)
Cooperativa de Caficultores de Tarrazú (COOPETARRAZÚ)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Asociación Regional de Salud Comunitaria de San Ramón (ARSC)
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)
Consorcio de Gestión de la Economía Social (CONGES)
Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
