Enorme preocupación hay en los movimientos sociales de Costa Rica porque este proceso es visto como un juicio político, en el camino de ir criminalizando la protesta social en el país; ante el avance organizativo de una ciudadanía activa y pujante que no está dispuesta a seguir tolerando los abusos de los gobernantes, especialmente cuando éstos solamente han venido favoreciendo intereses de reducidísimos grupos de gran poder económico.
El dirigente social Orlando Barrantes puede ser condenado a una pena de cárcel de hasta 60 años, dado que se le acusa, sin argumentos ni prueba alguna, de secuestro (retención), de cuatro oficiales de la Fuerza Pública, durante la huelga de la zona atlántica ocurrida en diciembre del año 2000.
El juicio se da en medio de un deterioro sistemático de la gobernabilidad del país y en el marco de un creciente proceso cívico de resistencia a las intenciones de imposición del denominado “tratado de libre comercio”, TLC, a Costa Rica.
La sentencia condenatoria al dirigente social Orlando Barrantes, que prácticamente pareciera una realidad, busca enviar un mensaje intimidatorio y amenazante para todos los hombres y todas las mujeres costarricenses que protestan o que promueven protestas; algo totalmente absurdo por cuanto los niveles de lucha social en desarrollo son crecientes e indetenibles.
Reiteradamente el acusado Orlando Barrantes ha venido demostrando su inocencia en los hechos concretos que se le imputan, pero persiste la percepción de que políticamente se ha decidido condenarle, más allá de la mera aplicación de la justicia.
San José, 5 de setiembre de 2006.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
