Las decisiones políticas y las actitudes para con la sociedad, que ha venido adoptando el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella, conducen, en línea directa, hacia la confrontación social.
El país está siendo sometido a una elevada tensión, producto de visiones y decisiones económicas profundamente ideologizadas, que están minando, seriamente, el mejor activo que el presente Gobierno ha venido exhibiendo hasta ahora: la credibilidad del actual mandatario. Sobran razones para cambios radicales en la orientación económica que se ha impuesto al país. Veamos:
Insisten en forzar a la sociedad a aceptar la escandalosa decisión de una privatización carcelaria, a través de una concesión que de concretarse, implicará casi 10 mil millones de colones anuales. La oportuna intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República y la acción laboral del Sistema Penitenciario Nacional, le han dado al país un respiro con el cuestionamiento constitucional de esa abusiva concesión.
No se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad del déficit fiscal, pues se han manipulado las cifras, con objetivos poco claros. En determinado momento aterrorizaron a la sociedad, diciendo que el déficit se acercaba al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); luego, al finalizar el año 2002, se informó que era de 3.9 %.
Fijan, unilateralmente, el monto del reajuste salarial para el Sector Público, despreciando los esfuerzos de negociación, sin haber agotado todas las posibilidades para lograr un acuerdo; relegando, además, a un segundo plano el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Establecen una directriz de reducción del gasto público sumamente drástica (120 mil millones de colones), provocando una severa crisis en diversos programas institucionales, muchos de ellos de corte social. Esto producirá numerosos conflictos sectoriales a lo largo de las semanas venideras. El caso del ICE es tan sólo el primero en hacerse evidente.
Burlándose de la mayoritaria voluntad ciudadana contraria a las privatizaciones, diseñan una estrategia para el estrangulamiento económico de la institución emblemática del modelo costarricense de convivencia civilizada: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Pretenden así crear las condiciones para entregarle su mercado a las transnacionales estadounidenses, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ante la resistencia civil a estas maniobras, ahora pretenden chantajear al pueblo, diciéndole que debe pagar más por la luz y el teléfono, para que el ICE pueda hacer inversión.
Se entromenten en las decisiones técnicas para designar un nuevo gerente para el Banco de Costa Rica, la entidad financiera más rentable de todo el Sistema Bancario Nacional, incluida la banca privada. Atropellan su autonomía buscando posicionar figuras que impulsen y profundicen la desaparición de la banca pública.
Sobran las razones para cambios drásticos en el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella. Al menos, el señor Ronulfo Jiménez debe salir del Gobierno para que éste pueda tener acceso a otras visiones, menos fundamentalistas y dogmáticas, del desarrollo económico del país, con equidad y sin extremismos. Esos fundamentalismos son contrarios al humanismo cristiano que defiende el Presidente de la República.
Si se dan esos cambios, se abrirán nuevos espacios de confianza y de transparencia hacia la búsqueda de grandes consensos nacionales en esta hora crucial del país. El Presidente Pacheco está obligado a darse una nueva oportunidad y propiciar esos cambios que demandamos.
San José, 6 de febrero del 2003.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
