Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Se le está mintiendo a la ciudadanía vilmente. La asamblea liberacionista del cantón de Liberia de ese domingo 11, se estaba repitiendo ante la impugnación de la asamblea original del domingo 5 de setiembre; ocasión en la cual también la diputada Ballestero fue trasladada en la avioneta de la Fuerza Pública, con otros dos asambleístas. Uno o dos votos estaban en juego en dicha asamblea para definir cuál grupo de interés ha de controlar la Municipalidad de Liberia ante la pugna que ésta tiene con una familia liberacionista sobre la playa Cabuyal, cuya zona marítimo terrestre está en disputa y en la cual, si la misma se convierte en propiedad privada de manera definitiva, podría haber inversiones turísticas por el orden de hasta unos 2 mil millones de dólares.
El diario digital El País (www.elpais.cr) publicó varios artículos dando cuenta de la feroz pugna en la mencionada asamblea liberacionista la cual, en cerradísima votación, definió la candidatura al primer lugar de la futura municipalidad liberiana, del señor Eugenio Román Ocampo, hijo del exdiputado verdiblanco don Luis Román y de la señora María Ocampo, la cual aspira llegar como diputada a la próxima Asamblea Legislativa. Esta familia, de gran poder político en la región, es la que tiene la disputa por cuatro kilómetros de la zona marítimo terrestre de Playa Cabuyal; controversia que hasta la fecha está vigente a raíz de la resistencia institucional que todavía anida en el seno de la municipalidad liberiana a las aspiraciones de la familia Román Ocampo.
Presuntamente existe afinidad política entre esta familia y el grupo de la diputada Ballestero, razón por la cual su voto resultaba totalmente imprescindible, al punto de poner a primera hora de la mañana la convocatoria a la asamblea cantonal liberacionista, pues ese día ella viajaría al exterior.
La eventual elección del señor Eugenio Román Ocampo y su llegada a la municipalidad liberiana en el próximo período constitucional, podría cambiar la correlación de fuerzas internas a favor de la realización del gigantesco negocio turístico de Playa Cabuyal.
Es más, resultaba imperioso que en esa asamblea se definiese la posibilidad de que otra persona protegida de la indicada legisladora, con un escaño en el actual concejo de Liberia continuase como regidora para, precisamente, asegurarse ese cambio a lo interno de la municipalidad liberiana.
Cambio que, presuntamente, revertiría un acuerdo para la revocatoria del visado de los planos a favor de las pretensiones del mencionado negocio turístico. Sería bueno que la señora candidata presidencial liberacionista, doña Laura Chinchilla Miranda, se interesara por este asunto, determinando una presunta empatía de intereses, de relaciones de conveniencia política y de negocios entre la poderosa familia Román Ocampo y los grupos afines a la diputada Ballestero.
Por otra parte, la diputada Ballestero pudo haber viajado a Liberia en vuelo privado, como sí lo hicieron otros delegados a la asamblea liberacionista, por medio de la empresa “Nature Air”, según los datos que nos han sido suministrados. Es más, se habría ganado ella un descuento de hasta un 35 % aplicado a los viajes de ese domingo 11 de octubre.
Además, llama la atención de que al retorno de su regreso de la asamblea liberacionista de Liberia al Aeropuerto Juan Santamaría, la distinguida diputada Ballestero habría pasado de una vez hacia la sala de abordaje de su vuelo al exterior (la habrían visto sin equipaje), lo cual sería indicativo de que antes de viajar a Liberia ya ella habría realizado su tramitación de salida (tempranísimo, a pura mañana), con lo cual se podría caer la excusa del “olvido” del pasaporte. Esta situación confusa sería bueno que la Fiscalía General de la República la investigara. Definitivamente, la excusa (mas bien “coartada) del “olvido” del pasaporte la gente no se la cree. Además, sería bueno que la Procuraduría General de la República, desde la Procuraduría de la Ética, interviniese también, toda vez que la resolución inicial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante nuestra denuncia en este caso, deja mucho que desear.
