El Estado costarricense nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA condenan el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, perpetrado la noche del lunes 18 de marzo.
El asesinato ocurrió luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido encarcelado durante 6 meses en el año 2015, por razones políticas.
Las organizaciones sindicales denunciamos al Estado costarricense porque nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra; a pesar de que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba, cuentan con señalamientos de protección estatal por parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)
Sucesivos gobiernos, por acción u omisión, se pusieron del lado de los finqueros locales, como fue el caso de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, en cuyo gobierno, fueron echados de la Asamblea Legislativa los representantes indígenas de todos los territorios, mientras exigían la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. En esa administración también se dieron muchas agresiones directas a Sergio y otros indígenas bribris.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la exviceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte implementó un plan “conciliador” en Salitre que sólo dio como resultado más violencia y el encarcelamiento injustificado de Sergio Rojas Ortiz.
También tienen responsabilidad en este fatal desenlace las malas decisiones de las autoridades políticas de los gobiernos locales del cantón de Buenos Aires, porque no han hecho mayor cosa para proteger a los indígenas.
Este asesinato sienta un pésimo precedente en cuanto a la integridad de quienes enarbolan luchas sociales en Costa Rica; y por ello sumamos nuestra voz a la de muchas otras organizaciones de la sociedad civil para exigir el esclarecimiento de este asesinato; y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales del mismo.
Parece que ya solamente estaríamos ante un escenario de presos políticos por la lucha social, como el caso Carlos Andrés Pérez Sánchez; si no que, más grave aún el crimen y asesinato político por causa de la lucha social (a la colombiana), tal y como lo refleja el caso de Sergio Rojas Ortiz.
Finalmente, lamentamos que el gobierno Alvarado-Piza no ponga el mismo empeño con que arremete contra los derechos laborales, en la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios de Costa Rica.
