Ayer martes 1 de mayo de 2018, entró en funciones la nueva Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2018-2022.
A las nuevas señoras diputadas y a los nuevos señores diputados les saludamos con todo respeto, deseándoles éxitos en sus funciones, con la esperanza que sea eje central de su quehacer legislativo la reducción del sistemático crecimiento de la desigualdad; problema éste que a nuestro juicio es el número uno de la realidad costarricense actual y que derivado de él, surgen otros también graves como estos tres: a) la corrupción público-privada en todas sus manifestaciones; b) la violencia en todas sus expresiones (doméstica, intrafamiliar, contra la mujer, delincuencial, económica); c) la penetración del crimen organizado y del narcotráfico (por “arriba” y por “abajo”).
Serán ustedes como nuevas personas legisladoras las que habrán de tomar la decisión final sobre el más polémico proyecto de ley en sede parlamentaria de los últimos meses: el expediente legislativo No. 20.580, conocido por el pueblo como “combo fiscal”; el cual ya concita un rechazo generalizado en una amplia gama de sectores sociales y productivos como los desempleados, los de trabajo informal, los asalariados (públicos y privados), el sindical, el cooperativo, el micro-pequeño y mediano empresariado, sectores profesionales y otros.
Se conoce que algunos y algunas de ustedes han venido expresando inquietudes, reservas y hasta objeciones con relación al proyecto de “combo fiscal”, pese a la intensa campaña político-mediática desplegada por sectores hegemónicamente pudientes de nuestra sociedad, en el sentido de que ese proyecto debe aprobarse ¡ya y punto!
Es por tal razón que nos hemos sentido motivados a plantearles, respetuosa y públicamente por esta vía, a esas nuevas conciencias diputadiles críticas que ya se han venido manifestando en torno al proyecto de “combo fiscal” que, apelando a las potestades constitucionales que les otorga ser integrantes del parlamento costarricense, procedan a exigir que les presenten los estudios de incidencia fiscal mínimos que requiera un plan de ley de tal calibre, como el que se ha venido tramitando a golpe de tambor y en medio de ocurrencias y de espontaneísmos irresponsables y oportunistas, estudios requeridos en ámbitos como los siguientes:
UNO: Estimación en recaudación por tipo de impuesto.
DOS: Impacto en la estructura tributaria, especialmente al interior de la recaudación por impuesto sobre la renta.
TRES: Impacto de este “combo fiscal” en inflación; estudio que lo puede hacer el Banco Central.
CUATRO: Impacto en consumo, en inversión, en producción y empleo. El propio Banco Central está en condiciones de elaborar un estudio de este calibre.
CINCO: Impacto en la informalidad.
Según los entendidos en la materia, cuando se trata de tramitar proyectos de este tipo, los estudios de incidencia fiscal son mínimos, son básicos. Sin estos estudios en mano, se votaría a ciegas un proyecto de tales dimensiones. Esto es lo usual en otros países que asumen responsablemente este tipo de desafíos.
Además, debe formularse un fuerte emplazamiento a las autoridades político-hacendarias en cuanto a dos temas conexos que no pueden soslayarse.
PRIMERO: El Ministerio de Hacienda reconoce, de manera oficial, por medio de su máximo jerarca saliente, que la evasión fiscal-impositiva supera los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Es bueno cuestionarse, en consecuencia, para qué nuevos impuestos con semejantes niveles de robo de los mismos. Es decir, ¿aprobarían ustedes más impuestos para que haya más robo de éstos?
SEGUNDO: Por otra parte, el dato sobre el porcentaje del PIB en materia de exenciones y de exoneraciones también es oficial: supera los 6 puntos PIB. ¿Vamos a seguir en lo mismo a este respecto?
En la Asamblea Legislativa que acaba de terminar su gestión constitucional, este proyecto de “combo fiscal” no pudo, ni siquiera, ser votado en primer debate, pues hubo férrea resistencia, intra y extramuros parlamentarios, como consta ya al país.
Desde el ámbito sindical en el cual desarrollamos nuestro cotidiano quehacer de lucha social, hemos procurado asumir una posición totalmente responsable ante el problema del déficit fiscal y lo que ello genera allende las fronteras del país, con las amenazas al país de descalificarle ante la comunidad financiera internacional; la cual, lastimosamente, tiene un componente ideológico que no va con la inclusión social de las mayorías en el desarrollo.
Hemos venido planteando que ante el acoso político que sufre el país por este asunto del déficit, bien se podría concertar un proyecto de ley de contingencia fiscal, por el lado de la progresividad tributaria.
Como sociedad tuvimos una experiencia provechosa al respecto, durante el periodo legislativo 2002-2006 y en el gobierno de don Abel Pacheco de la Espriella. Es más, hasta hubo un acuerdo fiscal integral en sede parlamentaria y con participación de sectores sociales y productivos (comisión mixta), que nos mostró lo acertado y lo productivo del diálogo político-social en un tema de tanta sensibilidad y conflictividad. Respetuosamente, les recomendamos revisar estas experiencias legislativas. ¡Lo que se impone es el diálogo!
*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
