Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Y, una y otra vez y mil veces más, hay que indicar que eso lo estableció el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuyo Presidente, el Magistrado Sobrado nos tilda ahora de “sediciosos”, por estar aclarando lo anterior, tal y como lo manifestamos en nuestro artículo de la semana anterior.
Estamos convencidos de que abunda legitimidad para enfrentar los proyectos de ley de esa “agenda de implementación”. Y creemos que, por tanto, debemos acudir al Derecho de Rebelión, que para nosotros constituye “una rebelión sin violencia, una rebelión organizada y con inteligencia, una rebelión donde la fuerza esté en el espíritu de los que luchan por una causa justa. Una rebelión que utilice las metodologías de lucha de la no-violencia activa para cambiar el rumbo de las cosas. Y cambiar el rumbo significa empezar a luchar contra el poder real, que es el poder económico”. Tal es la definición del Derecho de Rebelión, formulada por el humanista argentino Guillermo A. Sullings y que hoy hacemos nuestra.
Además, nosotros creemos que ese Derecho de Rebelión se ha de expresar a través del ejercicio cívico de la Democracia de la Calle y, más específicamente, del Referéndum de la Calle. Creemos en la movilización social pacífica y no violenta; y, para enfrentar la soberbia, la prepotencia, la exclusión y la tiranía institucionalizada de ese poder económico y su peonada diputadil de 38 votos, el Referéndum de la Calle será el mecanismo idóneo para la restauración de una democracia que ha sido vulnerada de manera inmisericorde.
Vulneración a la democracia que empezó desde el golpe de Estado técnico que significó la cuestión de la reelección presidencial; hasta la escandalosa complicidad del tribunal electoral del señor Sobrado, que permitió, entre otras barbaridades, el fraude mediático con la violación de la veda de propaganda electoral que hicieron “grandes” medios de prensa; prensa precisamente en manos de ese poder real, el poder económico, el mismo que ahora nos mandó a acusar de “sedición”.
Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, esa ““agenda de implementación”:/article/la-agenda-de-implementacion-del-tlc-en-breve/” que entrega el ICE a la voracidad mercantil del hombre más rico del planeta. Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, que lleven a la Caja a la quiebra financiera, pues dentro de tal agenda, está el proyecto que la obligará a comprar solamente los medicamentos de las grandes transnacionales farmacéuticas estadounidenses. Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, porque somos cristianos, que esa “agenda de implementación”, convierta en negocio patentado las semillas de la vida humana y vegetal, algo de tanta monstruosidad que cuesta creer que haya costarricenses dispuestos a convertir en ley tal aberración.
Si para el magistrado Sobrado esto es “sedición”, pues que así sea. Si él se prestó a la argucia periodística del pasquín que publica, al día, ese poder económico para acusarnos, sepa que nos está dando una extraordinaria oportunidad para que se debata a nivel de opinión pública y en los estrados judiciales, la propia actuación del tribunal electoral que él preside; ese mismo tribunal que ha perdido toda credibilidad y toda confianza ante un elevadísimo número de costarricenses, como ya ha quedado comprobado. Ni hablemos de lo que significará esta acusación en el plano internacional.
Somos costarricenses de pura cepa. Somos hijos legítimos del gallo pinto, de la aguadulce y de la carreta con bueyes. Ese poder económico que controla la “gran” prensa, mucha de la cual es propiedad de y está dirigida por gente que no nació en nuestra adorada Tiquicia, debe saber que la lucha cívica del NO de la Patria seguirá adelante, bajo los valores cívicos del Derecho de Rebelión y de Democracia de la Calle. Así quedó constando en la magna asamblea de patriotas del pasado sábado 27 de octubre. Actuaremos en consecuencia.
