Las heredianas y heredianos de corazón, ciudadanía preocupada por los recientes acontecimientos políticos del país, ante el pueblo de Costa Rica manifestamos:
1. En los últimos años la independencia 1. del criterio de la Sala Constitucional ha sufrido la inaceptable injerencia de grupos de poder político, que sin pudor han ejercido presiones para propiciar sentencias a su favor en irrespeto al pueblo y burla de las instituciones democráticas.
2. Hoy la Sala IV enfrenta un caso del más alto interés público, que atañe a un familiar de los hermanos Arias Sánchez. El Diputado Fernando Sánchez Campos pretende que el tribunal constitucional declare inconstitucionales varios artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que condujeron a la Procuraduría de la Ética a recomendar la cancelación de las credenciales del diputado.
3. En el año 2004 la Sala declaró que la Ley contra la Corrupción no contenía roce alguno con la Constitución Política.
4. Dicha Ley se aprobó con el decidido apoyo del PLN y el PUSC- cuyos diputados hoy acompañan a Fernando Sánchez en complicidad ante la Sala IV (exp.07-015484- 0007-CO), evidenciando cómo esa clase política maneja un doble discurso que acomoda de acuerdo a sus muy particulares intereses.
5. La acción de inconstitucionalidad presentada bajo la dirección del Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, busca adecuar las leyes, la Constitución y el criterio de los Magistrados a los intereses personales de quien con su actuar -a través del nefasto Memorando del Miedo Casas-Sánchez-, perjudicó el correcto desenvolvimiento del referendo y deslegitimó al propio Tribunal Supremo de Elecciones. De ser ciertas, condenamos de igual forma, las acciones de cabildeo que se dice han sido emprendidas desde el Ministerio de la Presidencia por medio de un Asesor Político.
Es por ello que en defensa de nuestra democracia centenaria:
1. Exigimos transparencia de la Sala IV, en aras de recuperar nuestra confianza en la institucionalidad jurídica del país y rescatar la dignidad de quienes administran la Justicia.
2. Demandamos una sentencia objetiva y con la rapidezque el caso requiere, que responda a la garantíaefectiva de defensa y ejercicio de los elevados valoresque han inspirado nuestra Constitución y las leyes.
3. Consideramos que los Magistrados Luis Paulino Mora, Adrián Vargas, Ernesto Jinesta y Luis Fernando Solano, que tienen vínculos de consanguinidad, afinidad, historia laboral en común con el presidente Arias, o familiares nombrados en puestos de confianza del Ejecutivo y del servicio exterior*, deben por imperativo moral y ético, inhibirse de conocer sobre este caso.
4. Exigimos que se apliquen con todo rigor las normas que la sociedad costarricense ha impulsado para detener el acelerado avance de la corrupción.
5. Llamamos a nuestro pueblo, a sus instituciones, a los Comités Patrióticos y a los medios de comunicación nacional a mantener viva la llama de la defensa de la Patria, en favor de nuestro modelo de desarrollo social y contra la corrupción.
Comité Patriótico de Barba
Comité Patriótico de Heredia Centro
Comité Cívico Domingueño
Mov. Patriótico Félix Arcadio Montero
Comité Patriótico de La Aurora
Comité Patriótico de Belén
Comité Patriótico de Fátima
Comité Patriótico de Mercedes
Comité Patriótico de Sarapiquí
Comité Patriótico de San Pablo
Comité Patriótico de San Luis de Santo Domingo
Comité Patriótico de San Rafael
