El señor Presidente electo de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha anunciado los primeros nombres de los y de las integrantes de su equipo de gobierno más “íntimo”, políticamente hablando. Es decir, las personas que dependerán directamente de él, en el día a día de su administración próxima a iniciarse.
Estas primeras 21 designaciones (13 hombres y 8 mujeres), nos permiten compartir con usted algunas conclusiones que sin presunción de verdad, se derivan desde la perspectiva con que miramos las cosas del país en nuestro diario quehacer.
Algunos de esos 21 rostros muestran personas que en una de las coyunturas sociopolíticas más dramáticas de la historia contemporánea del país, la del TLC con Estados Unidos, estuvieron en el “No” ó estuvieron en el “Sí”; otras caras de esas 21, no recordamos si tuvieron posición al respecto o no se supo cómo actuaron en ese entonces.
En todo caso, si lo que se pudiera colegir de estas 21 primeras designaciones que ha hecho el nuevo gobernante, es mandar un mensaje acerca de una especie de “reencuentro” en una sociedad que como la costarricense ha estado fragmentándose; entonces no habrá terreno ni espacio más claro para ese “reencuentro” que la conjunción de los más diversos esfuerzos multisectoriales, político-partidistas y sociales, que el del combate al crecimiento de la desigualdad en todas sus perniciosas manifestaciones.
Vea usted, además, si se fija bien, prácticamente esas primeras 21 personas que junto al Presidente electo serán la cabeza colectiva del ejecutivo del país para los próximos 4 años, pertenecen (de una u otra manera), a las capas medidas de la sociedad, a la clase media en sus diversos estratos pero clase media al fin.
Aquí se pudiera estar mandando otro mensaje que interpretaríamos como que el tema de la creciente desigualdad que nos aqueja será de alta prioridad; y que, por tanto, la política pública por venir en su amplitud interventora, tendría como guía la recuperación del bien común y el retorno del país al tránsito por la ruta de la equidad social; ya de por sí aspectos extractables de las promesas de campaña según los documentos que fueron emitidos por el partido del señor Solís Rivera.
Por otra parte, varias de esas primeras 21 designaciones de gabinete, abren potencialidades de exploración de diálogo social con negociación efectiva que hasta la fecha han resultado falsas, insustanciales y/o fracasadas.
La circunstancia de que el señor Melvin Jiménez Marín, obispo de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), sea el Ministro de la Presidencia, podría posibilitar la concreción de una serie de políticas públicas generadas desde una amplia gama de sectores sociales que él conoce muy bien; y que con él, en su calidad de máximo jerarca eclesial de la ILCO, vieron la luz en el ámbito de la propuesta alternativa al modelo neoliberal, en planteamientos-país como: “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, 2010; “Aportes para una nueva Cosa Rica inclusiva y solidaria”, 2006; y, “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, 2013.
La designación de don Helio Fallas Venegas, Segundo Vicepresidente de la República y ahora con el recargo de ser Ministro de Hacienda, abre posibilidades, también, de diálogo social con negociación efectiva, pues en palabras de él, “La evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país”; tesis ésta que coincide con nuestras posiciones al respecto, formuladas ya desde hace bastante tiempo y que también están plasmadas en la más reciente producción social sobre el tema, con la propuesta (de la que formamos parte), “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.
Por ejemplo, la cifra del robo de impuestos en sus diversas formas citada en este documento, de un 5.8 % del PIB, es la misma, prácticamente hablando, que maneja el nuevo Ministro de Hacienda. Sin duda, un buen punto de vista compartido para un diálogo social al efecto.
La cartera de Trabajo y Seguridad Social representa un gigantesco desafío para su jerarca (que ya pasó por ella con otra bandera partidaria), don Víctor Morales Mora; desafío que se centra, fundamentalmente, en darle un rol preponderante y de fortalecimiento pues si, finalmente, la Reforma Procesal Laboral (RPL), surge a plenitud de la vida jurídica, gran tarea le espera a este ministerio, al potenciarse su rol guardián de la ley laboral. Por eso sería apropiado que el nuevo jerarca del MTSS hable sin ambages de su posición en cuanto a la RPL y de cómo incidirá para que su jefe, el ahora Presidente Electo, comprenda la importancia de quitarle el injusto veto que le interpusiera el gobierno saliente.
El señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha dejado pendiente para un segundo momento otras designaciones igual de relevantes, como por ejemplo: Caja, MAG y Justicia. En el primer caso, la propuesta social denominada “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, tuvo aportes del próximo primer mandatario, en su anterior rol de intelectual académico acompañante de sectores sociales con vocación propositiva; de manera que esperaríamos que la Caja la dirija alguien afín al pensamiento presidencial en la materia plasmado en tal documento.
En el caso del MAG, la esperanza es mayúscula, toda vez que se espera que la nueva jerarquía rectora del sector agropecuario que el Presidente electo ha de designar, responda a una relanzamiento de la producción para el mercado interno, bajo los preceptos de la soberanía y de la seguridad alimentarias.
La crisis del Sistema Penitenciario Nacional obliga a que en la jerarquía ministerial de la cartera de Justicia y Gracia se ponga a una persona con una gran capacidad de articular esfuerzos multisectoriales, tanto intra como extramuros carcelarios. Primero, para que la preocupación de la política pública de los últimos años, en el sentido de que a la población privada de libertad se le respeten, a plenitud, sus Derechos Humanos; también abra espacios de similar preocupación para los Derechos Humanos del personal penitenciario.
En segundo lugar, encontrar nuevos derroteros de abordaje criminológico intracarcelario en cuanto a los desafíos del reto delincuencial de nuevo tipo (como el del crimen organizado, el cibernético, el narcotráfico y los delitos derivados de la corrupción); con las consecuencias de una sociedad de exclusión, de desempleo y de desigualdad que lanza a muchos de sus ciudadanos a delinquir por hambre y por pobreza.
Esperaremos a la designación total global de las nuevas jerarquías del Poder Ejecutivo para una mejor comprensión de la propuesta de “cambio” que se le formulara al electorado; “cambio” que, obvio es, nada sistémico podría ser; sin embargo, el músculo obtenido en las urnas electorales de segunda ronda, da base para propiciar mucha cosa nueva en aras del bien común, de la justicia tributaria y de la inclusión y movilidad sociales.
