01- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se manifiesta ante la opinión pública nacional, con relación a los lamentables hechos acaecidos en uno de nuestros principales centros de atención médica, el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; suceso que deja un doloroso y triste saldo víctimas humanas, 19 personas fallecidas, entre las que se encuentran tres enfermeras de ese hospital; todo lo cual se constituye en una pérdida irreparable que enluta al país entero.
02- El horror que provocó ésta tragedia invita a la reflexión sobre el manejo de la cosa pública, especialmente en el campo de la Seguridad Social. El sentimiento de frustración ante tanto dolor, provoca profunda indignación, sobre todo porque ya habían sido advertidas las autoridades de la CCSS, acerca de las consecuencias de no tomar medidas preventivas concretas a tiempo, que bien pudieron haber evitado tal desgracia y tanto sufrimiento.
03- El altruismo mostrado por el personal de dicho hospital evitó, claro está, consecuencias mayores, a pesar de las serias limitaciones de planta física y recurso humano, logrando evacuar más de 500 pacientes en medio del devastador fuego y el humo, arriesgando y ofreciendo su propia vida, (las enfermeras fallecidas, y el resto del personal no desampararon nunca a los pacientes internados).
04- Las pérdidas materiales también son cuantiosas. Se perdió un costoso equipo de angiografía, para tratar pacientes con patologías cardíacas y varios equipos de hemodiálisis para uso de los pacientes con problemas renales, además del daño estructural al edificio. Se quemaron respiradores, camas, expedientes clínicos; además de tres salones de atención de pacientes dentro de los que destaca la unidad de neurocirugía, cirugías de varones y cirugía de mujeres. Nada se pudo salvar, no hubo tiempo, no fue posible.
05- Desde hace más de dos años, nuestra organización ANEP denunció, a propósito de la construcción y equipamiento de la nueva torre y basados en estudios técnicos de la misma institución, los serios problemas de funcionalidad que enfrentaría la nueva edificación, con efecto negativo hacia todo el hospital.
06- Obra en nuestro poder una serie de documentos que evidencian cómo se advirtió, incluso públicamente, de eventuales consecuencias nefastas. Lamentablemente hoy vemos como la falta de acciones, no sólo de “planes”, deriva en consecuencias tan lamentables.
07- Hay que encontrar responsabilidades y responsables. Para ello es preciso investigar profundamente, primero, el hecho que se presentó en el Hospital Dr. Calderón Guardia. Segundo, es urgente hacer un alto en el camino que permita demandar contundentemente un proceso de rendición de cuentas de la reforma del Sector Salud iniciada a mediados de los años 90. Es necesario precisar qué ha ganado y qué ha perdido la institución con los compromisos de gestión y la desconcentración hospitalaria; revisar si lo proyectado como derrotero institucional en el papel, es congruente con lo que indica la práctica después de su implementación, lo que también en su momento advertimos como una necesidad institucional.
08- No podemos dejar de señalar nuestra preocupación por los intereses particulares que se ciernen sobre la institución aseguradora, baluarte indiscutible de la Seguridad Social costarricense. No debe ser este trágico incidente, razón para que quienes con otro tipo de intereses, saquen provecho propio, queriendo hacer incluso comparaciones odiosas con las empresas privadas que hacen negocio con el derecho a la Salud. No hay el más mínimo espacio para este tipo de comparaciones.
09- Lo que sí es oportuno es corregir el derroche de recursos públicos que han venido financiando el negocio de la salud privada, mediante la compra indiscriminada y sin sistemas de contabilidad de costos que permitan saber qué se compra, a quiénes y por cuánto. Este derroche, en gran medida, explica porqué luego el Gobierno y la Caja dicen que no hay recursos para financiar los hospitales públicos que son de toda la población costarricense.
10- Lo acontecido no será “un pelo en la sopa”, como lo señaló desafortunadamente, el señor Presidente de la República, quien luego optó por arrepentirse por semejante imprudencia y desaguisado. Quizá olvidó que él, personalmente, inauguró la nueva torre, en momentos en que ni siquiera estaba en funcionamiento y coincidió ese acto con una serie de cuestionamientos sobre su construcción; sin explicarnos todavía cómo fue que la persona que en ese momento tenía a su cargo la Dirección de Proyectos de la CCSS, sea la misma que hoy tenga a cargo la Gerencia de Operaciones de toda la institución, una de las más importantes.
11- No sabemos si en aquel momento cuando se enteró de que alguien lo había vuelto a “embarcar”, pidió investigar el asunto profundamente y sancionar a los responsables. Lo cierto es que dos años y medio después, nada sucedió y los responsables siguen impunes.
12- Desafortunadamente, este caso constituye un nuevo episodio de irresponsabilidad política y ejecutiva dentro de las cúpulas jerárquicas de la Administración Pública de nuestro país; autoridades que, por lo general, actúan a posteriori, cuando el daño está causado, cuando el patrimonio público ha sido desperdiciado y/o saqueado, cuando la gestión pública ha perdido la confianza ciudadana.
13- La verdad es que es imposible explicar el doloroso acontecimiento aquí comentado, sin hacer alusión a las contraproducentes políticas fiscales de restricción del gasto social y de la inversión social. La falaz explicación de que no había plata para implementar las recomendaciones de seguridad reiteradamente inobservadas, tienen un origen político-ideológico más que evidente: facilitar un proceso de deterioro de la calidad del servicio público en Salud para acelerar el proceso de posicionamiento de la concepción de mercado y del logro de lucro privado en dicho campo esencial de la preservación de la vida humana.
14- Las absurdas metas fiscalistas que se imponen en las entidades públicas, el fanatismo de la política macroeconómica imperante, el manejo de la cuestión hacendaria baja una ortodoxia ideológica de signo neoliberal; son la base de sustentación que explica, en profundidad, el deterioro de la calidad de los estratégicos servicios ciudadanos que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si el Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia “no tenía plata” para mejorar los mecanismos preventivos necesarios, reiteradamente señalados, es porque se optó por no atender esas necesidades y, por lo tanto, tiene culpables políticos visibles y notorios, más allá de las responsabilidades internas e institucionales que ha de demandarse en lo inmediato.
15- El doloroso incendio que hoy nos enluta tiene un incendiario: el grupo neoliberal de poder en el control de los últimos gobiernos, incluido el actual; en otras palabras, la Alianza de Negocios PLUSC, o Grupo PLUSC.
16- El mejor homenaje póstumo a las víctimas, no es ni será colocarlos en pedestal o llamarlos héroes, Esto aunque justo no hará justicia. El mejor homenaje que se puede realizar ahora que se ha consumado la tragedia, es derrotar esa política económica castradora asesina del concepto de inversión pública para el bienestar de la gente; junto a la necesidad de desterrar la negligencia institucional-administrativa que cohonesta con su silencio cómplice y/o con su acomodamiento con tal política.
17- Por el contrario, se trata colocar en la dirección política y en los máximos cargos de decisión de gestión pública de nuestras instituciones a ciudadanos y ciudadanos comprometidos con la gente, no con el compadrazgo que les llega desde el Grupo PLUSC y que les coloca en puestos de dirección estratégica de la cosa pública para facilitar la concreción de los negocios por lo que pujan los componentes de tal grupo.
18- Las víctimas del incendio del Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia no dieron su vida en vano. El dolor de sus deudos ha de ser resarcido. Exigimos la más profunda investigación, exigimos renuncias inmediatas por negligencia, exigimos procesos penales para individualizar las responsabilidades; pero, por sobre, exigimos el juicio político a la antihumana política económica vigente, base de sustentación para el doloroso acontecimiento que ha impactado a toda la sociedad costarricense.
19- Como sindicato de servidores públicos y de usuarios de los servicios públicos, la ANEP se pone a las órdenes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Gobierno de la República y de la ciudadanía, en el proceso de reconstrucción del Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia. Para eso necesitamos que las autoridades sean firmes en generar las condiciones para fortalecer la Seguridad Social, evaluar el proceso de reforma llevado a cabo hasta el momento y trazar una línea divisoria entre el interés público y los mezquinos intereses particulares que en nombre de la eficiencia privada, lucran con un mercado cautivo de recursos públicos.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS
San José, 14 de julio de 2005
