La aplanadora parlamentaria que se ha conformado en estos días, preludio de lo que podrá ser la próxima (a partir del 1 de mayo), está decidiendo pasarle la factura por el grave problema nacional del déficit fiscal a quien no tiene la más mínima responsabilidad por tal razón: el pueblo trabajador.
Con la herramienta legislativa de la vía rápida, impuesta tramposamente, impulsan ya el expediente legislativo No. 20.580, denominado “Ley del fortalecimiento de las finanzas públicas”, conteniendo este un agravamiento de la injusta estructura tributaria del país, al darle mayor peso a su carácter regresivo, con la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), no descartándose que este quede en un 15% (o hasta en un 16%), modificando su cifra actual del 13%.
Si esto se convierte en ley, más las primeras reducciones-rebajas salariales para el empleo público que tal proyecto contempla, nosotros estamos convencidos de que se ha de profundizar la desigualdad, se ampliará la concentración de la riqueza y se contraerá la economía, pues habrá menos plata en el bolsillo de la gente. La esencia del ajuste fiscal en perspectiva y en el marco de ese proyecto de ley, es para que la mayor carga le toque a “los de abajo”.
El IVA representa todo lo contrario de lo que debe hacerse cuando se trata de enfrentar, con justicia y seriedad, ese tema del déficit fiscal, pues todo el mundo sabe que este es el más injusto de todos los impuestos, dado que se debe honrar sin discriminar capacidad de ingreso de las personas. Y el cuento de la devolución para los sectores más pobres de la sociedad que lo tienen que pagar es tan solo eso, un cuento.
Por el contrario, el ajuste fiscal que demanda un país con tanta desigualdad como el nuestro, para preservar sus logros en materia social, es aquel que debe abordar con seriedad y valentía la cuestión de la progresividad tributaria; es decir, por el lado de “los de arriba”.
Según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), dependencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la alta concentración del ingreso en América Latina está fuertemente relacionada con la poca progresividad de sus políticas fiscales y sociales, especialmente en comparación con los países desarrollados. Costa Rica no escapa a esta injusta realidad.
Lo anterior lo hemos leído en importantes documentos de los últimos años, siendo el más reciente “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”, del economista e investigador costarricense, don Miguel Gutiérrez-Saxe.
En el apartado de este trabajo, “Cargas tributarias: mitos y realidades”, nos encontramos esta conclusión: “Lo cierto es que la carga tributaria del país es baja y no guarda relación con el progreso social alcanzado y con el bienestar prometido por la legislación y la propia Constitución Política costarricense”.
¿Cómo no expresar una rotunda oposición a ese IVA contenido en el expediente legislativo 20.580, cuando Costa Rica tiene una carga tributaria con relación al PIB de las más bajas de la América Latina? Y lo que es peor, en el 2008 estaba en 15%, y ya para el 2016 había descendido al 13,3%.
Por supuesto que esta realidad no les importa para nada a los 39 legisladores que impusieron la vía rápida parlamentaria para aprobar ese expediente 20.580. Y, como es lógico suponer, a las vocerías mediáticas dominantes (los nuevos partidos políticos del capital), esta realidad les importa un bledo; al tener este tipo de prensa como idea fija y maniquea, el ataque a mansalva a los salarios del empleo público, mismos que, por ciento, empiezan el camino de su reducción con ese proyecto fiscal regresivo.
No es posible enfrentar con solidez el problema actual del déficit fiscal sin entrarle, de raíz, a la transformación de la estructura tributaria actual del país: exenciones-exoneraciones, evasión, elusión, rentas de capital, renta global, renta mundial, contrabando, subfacturación y similares. Esto sí sería hacer justicia empezando primero por los “los de arriba”.
Esta realidad de tanta injusticia tributaria y su agravamiento para perjudicar más a “los de abajo”, en beneficio directo de “los de arriba” es un eje central de lucha de los sindicatos globales, como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), corriente obrero-social mundial de los servicios públicos en la cual militamos.
Su programa de acción 2018-2022, “El pueblo por encima del lucro”, en su apartado 4, “Una economía mundial justa”, nos señala lo siguiente:
4.3.1- La ISP condena todas las formas de elusión y evasión fiscal empresarial, ya que constituyen un robo del dinero de los/as trabajadores/as, que debería financiar legítimamente los servicios públicos y el desarrollo económico, aliviar la pobreza y permitir al Estado que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los impuestos justos también permiten la redistribución de la riqueza y financian una infraestructura económica fundamental. Un sistema impositivo justo, progresivo, neutral en cuanto al género y transparente es el mecanismo mediante el cual se utiliza la riqueza para beneficiar a la población.
4.3.3 La elusión fiscal de las empresas traslada la carga de los impuestos del capital a la mano de obra y deja sin recursos a los servicios públicos vitales. Los efectos son especialmente perjudiciales para las mujeres y otros grupos que dependen desproporcionadamente de los servicios públicos y para los países en desarrollo, que dependen de los ingresos procedentes de impuestos para el desarrollo y aliviar la pobreza. La elusión fiscal priva a nuestros hijos de educación, a las familias de atención sanitaria, a las personas jóvenes de empleo y a nuestras comunidades de seguridad. La ISP considera que la elusión fiscal debería ser ilegal.
El reto es definir qué hacemos ahora, “los de abajo” de Costa Rica, para defendernos.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
