Excelente noticia pues ya la comunidad internacional, gracias al film “Sharkwater” (Tiburones), se enteró que el país que se promociona como “amante de la naturaleza” es parte del negocio millonario que impide erradicar la cruel práctica de cortar las aletas a esos peces y lanzar luego sus cuerpos a morir desangrados al mar.
Debido a que un kilo de aletas vale $660 en países orientales (¡pese a que en Costa Rica los exportadores lo reportan en $5 el kilo!) se estima que unos 100 millones de tiburones son sacrificados anualmente solo para negociar sus aletas, y ello sin importar el daño ambiental a los ecosistemas marinos provocado por la matanza de cientos de especies de gran importancia para el frágil equilibrio ecológico.
Mientras en nuestro país las llamadas medidas de “control” aplicadas en los desembarques han demostrado hasta la saciedad su ineficacia, en vista de que solo en la vertiente del Pacífico tenemos 1200 Km. de costa imposibles de vigilar, sigue adelante el negocio del desaleteo y posterior exportación, por lo que la Contraloría General de la República ha reprendido al Incopesca para que cumpla su deber y establezca los controles y regulaciones necesarios para racionalizar la captura de tiburones.
Por ello, hemos de sumar a la propuesta legislativa, la noticia que por otro lado ratifica lo expresado reiteradamente por el señor viceministro del Ambiente, don Jorge Rodríguez, en el sentido de acoger la sugerencia de PROHIBIR LA EXPORTACION de aletas de tiburón, emulando así las medidas exitosas de control puestas en práctica en el archipiélago de las Bahamas, convertido en un santuario de tiburones que atrae a miles de turistas solo para admirarlos. Aplaudimos pues, que según ha trascendido, en los próximos días se publicará un decreto ejecutivo suscrito, prohibiendo precisamente la exportación de aletas. Decreto que también se dice, tiene la anunciada oposición del presidente ejecutivo del Incopesca, máster Carlos Villalobos.
De esta manera, dos iniciativas, una más práctica, directa y con el sentido de urgencia que demanda la situación (impulsada por el Poder Ejecutivo) vienen a sustituir las “campañas” de campos pagados y recolección de firmas que a veces parecen favorecer solo a los que las promueven, pero que han subsistido gracias a la indolencia gubernamental que por muchos años se ha despreocupado de la grave situación que ahora mancha el nombre de Costa Rica en el extranjero.
Esperamos entonces, que estos días se confirmen las buenas noticias y podamos decir, con plena conciencia y responsabilidad, que Costa Rica ahora sí ha decidido enfrentar el desaleteo con acciones de verdad. Acción que contribuiría muchísimo con la campaña internacional por reconocerle a la isla del Coco su carácter de maravilla del mundo.
* Catedrático UNA
16 de enero del 2007
