A partir de este martes 8 de mayo de 2018, don Carlos Alvarado Quesada asume la conducción directa del Poder Ejecutivo de nuestro país como el nuevo Presidente de la República.
Indudablemente son varias las lecturas políticas que se pueden formular del significado de este notable acontecimiento. De seguido, les compartimos las nuestras.
En esencia, a partir de hoy tenemos un gobierno de coalición, no un gobierno de “unidad nacional”. Dos partidos políticos lo asumen de manera compartida: Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
El respaldo tácito de Liberación Nacional (PLN) y el abierto de dos pequeñas colectividades partidarias (Frente Amplio y Curridabat Siglo XXI), no alcanzan como para categorizar que estamos frente a un gobierno de “unidad nacional”.
Ideológicamente, habrá una preponderancia única si nos guiamos por las personas comisionadas para la conducción económica y macroeconómica de la nueva gestión gubernativa.
El pensamiento de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), el “think tank” nacional por excelencia como laboratorio de ideas liberales y neoliberales, asume la definición estratégica de políticas públicas en la nueva administración gubernativa.
En la ejecución cotidiana del ideario anfista tres figuras del nuevo gabinete asumen roles centrales: doña Edna Camacho Mejía, en la ejecución del equipo económico del presidente Alvarado Quesada; doña Rocío Aguilar Montoya, como ministra de Hacienda; y el señor Rodrigo Cubero Brealey, como presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien viene de ejercer un altísimo cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En nuestro criterio, los tres responderán directamente a una autoridad política superior que no necesariamente será don Carlos Alvarado Quesada. Responderán, primordialmente hablando, a una especie de “presidente adjunto” o “primer ministro”, don Rodolfo Piza Rocafort, ministro de la Presidencia y quien ve este cargo como plataforma de relanzamiento de sus aspiraciones presidenciales para el año 2022.
La ecuación político-ideológica de este cuarteto es “todo mercado-nada Estado”: el sector público es el problema y el combate al déficit pasa por el ataque a mansalva al empleo público y los salarios que en el mismo se pagan.
La premisa fundamental a este último respecto es que en el sector público se paga el doble que lo que se paga, salarialmente, en el privado. Por tanto, todas las personas asalariadas deben ganar de conformidad con los niveles que se pagan en la empresa privada.
La señora Camacho Mejía ha sido muy puntual al respecto. Sus objetivos son: A) La aprobación legislativa del “combo fiscal” (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). B) Aprobar una regla fiscal legal que le impondría límites al crecimiento del gasto público corriente. C) Aprobar un límite máximo al porcentaje de anualidades de los funcionarios y racionalizar las condiciones de otorgamiento de pluses actualmente vigentes, prohibiendo creación de nuevos. D) Frenar el crecimiento de las plazas en el gobierno y en el resto del sector público. E) Implementar una política de ajustes salariales austeros en el Estado (léase profundizar el congelamiento). F) Promover un sistema de regulación de empleo público para todos los funcionarios de este sector.
A la fecha desconocemos si el nuevo mandatario conformará una especie de “equipo social” para hacerle contrapeso al económico. Sinceramente, lo dudamos.
Las nuevas autoridades político-ejecutivas de importantes instituciones con responsabilidades, directas o indirectas, en cuanto a política social para atender a poblaciones vulnerables, en riesgo social, en situación de exclusión, han de transitar un complicadísimo proceso para recibir las transferencias necesarias para operar, aunque sea a nivel mínimo. Incluso, los propios salarios de las personas trabajadoras de tales entidades, quedan en estado de incertidumbre.
Vistas así las cosas, a las diferentes agrupaciones gremiales, sindicales, profesionales, sociales, comunales y similares, les aguarda ya, a la vuelta de la esquina, tareas sumamente complejas y duras de autodefensa en todo sentido.
Se fue el Gobierno anterior y nos dejó el indicador de desigualdad más alto de la historia, según el Estado de la Nación. De una manera u otra, los lineamientos fundamentales anunciados por el equipo económico ideológicamente afín al “presidente adjunto” o “primer ministro” son un peligro inminente de la extensión y profundización de esa desigualdad.
Esto es más grave todavía por cuanto el ideario anfista no contempla ninguna otra alternativa para atender el grave problema del déficit fiscal que no sea ese recortismo extremista de un ajuste fiscal de corte fundamentalista: el problema es el sector público. Punto. Quedamos debidamente notificados.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
