Las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, las comunes y silvestres, “las de abajo”, así planteado de la manera más respetuosa, las cuales han estado bajo intenso ataque político-ideológico desde hace ya bastante tiempo, deben analizar con gran detenimiento y seriedad la coyuntura electoral nacional actualmente en desarrollo, de cara a los comicios presidenciales y diputadiles de febrero entrante.
La abrumadora mayoría de quienes se desarrollan laboralmente para el Estado costarricense, en todas sus manifestaciones institucionales, no forman parte de aquellos estamentos tecnocrático-gerenciales y/o político-ejecutivos que devengan salarios de lujo; gente ésta, por lo general, ligada de modo directo o indirecto a lo que se denomina “clase política”, tanto la tradicional como la recién llegada y que da vueltas por los niveles jerárquico-superiores, pasando de aquí para allá, según el partido ganador de las elecciones o los de mayor representación parlamentaria.
¡No! No es a este segmento del alto empleo estatal al que va a dirigido el presente comentario. Estamos pensando en los y en las policías; estamos pensando en las personas oficinistas, de servicio secretarial, operadores de equipo móvil y de mantenimiento, personal de cocina y de servicios nutricionales; personal técnico y profesional de las Ciencia Sociales, del Derecho; de la contaduría, de la auditoría, de la economía; personal de la Salud y de la Seguridad Social; personal docente y administrativo; personal municipal, el de campo y el de las oficinas; profesionales y técnicos de las empresas públicas, de la banca estatal…
¿A quién darle el voto? ¿A cuál persona? ¿A cuál partido?… Hay que usar el poder del voto que nos da la democracia electoral y utilizarlo en nuestra defensa, la defensa de mi familia, de mi salario, de mi trabajo… de mi honor y de mi dignidad. ¡Yo no sobro en la función pública!
Ahora que estalló lo que el actual Gobierno denomina crisis de liquidez y que si ya era incierto el futuro del empleo público ahora lo podría ser más, ¿cuál es el candidato presidencial que me puede hablar en estos momentos como para interpretar yo, que si este fulano quedaría, mi empleo y mi salario podrían estar más seguro que si quedara zutano?…
¿Cómo voy a darle yo mi voto a ese candidato que me sigue culpabilizando a mí y a mi salario por el déficit fiscal si, por el contrario, yo soy puntual pagador de impuestos, como el de venta y de renta?…
¿Voy yo a darle mi voto a ese candidato tutelado por partidos políticos que siempre se han negado a transformar el sistema tributario costarricense, al punto de que hoy el propio Estado esté ya en camino hacia la insolvencia más allá de la iliquidez?…
En otras ocasiones hemos apuntado, y ahora hay que hacerlo con mayor fuerza, de que el poder electoral de los empleados públicos podría ascender a un millón doscientos mil votos, si contabilizamos cuatro personas ciudadanas por familia.
Y aunque fuera menor esta cifra, lo real es que el segmento del padrón electoral nacional que comprende a la ciudadanía trabajadora asalariada estatal es sumamente relevante y, sin temor a equivocarnos, puede decidir una elección.
En estos momentos hay 10 candidatos a la Presidencia de la República y, al parecer, ninguno ganaría en primera ronda. Si esto fuera así, mi voto como persona trabajadora asalariada del Estado debe ser para bloquear los nombres de los que están en mi contra, en contra de mi empleo, en contra de mi salario y, por tanto, en contra de mi familia.
Ya lo habíamos dicho, pero conviene reiterarlo: ¿cómo yo mismo me pondré una soga al cuello como para que me lleven a la muerte civil, ahorcándome con el desempleo y con la miseria?
Estamos conscientes de que deberían ocurrir transformaciones fundamentales en materia de empleo público para hacer más censurables los desarrollos ineficaces, ineficientes, inoperantes y ni qué decir de los corruptos, de los que no son transparentes, de los que atentan contra toda ética.
Estamos conscientes de que se deben instaurar nuevos mecanismos de evaluación para resaltar la excelencia y para erradicar la mediocridad; nuevos mecanismos para que la ciudadanía usuaria del servicio público pueda hacerse escuchar, con acción directa y efectiva, sobre cómo se le está tratando cuando acude a ese servicio público.
Pero, también, resulta completamente necesario que se considere en qué condiciones me tienen trabajando como persona servidora pública, a la hora en que eventuales nuevos mecanismos de evaluación determinen mi propio grado de eficiencia, de eficacia y de búsqueda de excelencia en la tarea.
La transformación del sistema de empleo público, por más mínima que sea, no puede ser impuesta, en primer término; y segundo, jamás puede obedecer a un asunto meramente cuantitativo-fiscalista.
Y es aquí donde debemos analizar, cuidadosamente, cada palabra, cada frase que pronuncie, lo que escriba o declare cada una de esos diez candidatos presidenciales cuando se refieren al empleo público, al déficit fiscal, a los impuestos, a los salarios estatales.
Hay algunos de ellos que están en santa cruzada contra el empleo público per se, que están contra toda la institucionalidad pública, pues de esta forma construyen un escudo que paraliza todo intento para establecer medidas que pretendan cambiar la naturaleza injustamente perversa del sistema tributario costarricense, al desviar la atención de la opinión pública hacia “los malos de la película”: las y los empleados públicos.
Esos candidatos han venido poniendo a las y los empleados públicos como una “pandilla de facinerosos”, precisamente para que las verdaderas pandillas de facinerosos, como ciertos beneficiarios de las rentas pasivas de capital, no paguen un centavo de renta, como así está pretendido en iniciativas de ley que vienen sistemáticamente bloqueando sus capataces parlamentarios.
Sobre el poder electoral de las personas empleadas públicas podemos extendernos en muchos más comentarios. Creemos que así será necesario en próximas semanas y procuraremos insistir en el tema desde este y otros espacios.
