Si uno de los principales problemas de la educación nacional es el de las altas tasas de deserción escolar, más de un 50% de la población adolescente no concluye la enseñanza secundaria, y éstas están directamente asociadas con las crecientes condiciones de desigualdad en que vivimos, los más altos índices de deserción se concentran en las regiones más pobres del país, ¿como puede entonces el señor Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, afirmar ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa que el TLC no tendrá repercusión negativa alguna sobre esta educación y aún más, como puede sentirse con autoridad para interpelar a la dirigencia de la ANDE a que le demuestren lo contrario, cuando él mismo anteriormente ha sido enfático en afirmar que “en un país que se parte en dos. Un país que cultiva la ilusión de unos frente a la desesperanza de otros … de aprobarlo (al TLC) sin corregir esos vacíos, los frutos de la apertura continuarán concentrándose en un lado…. y las angustias del otro”?.
Valga aclarar para aquellos que, como el cuerpo de redacción de la La Naciòn S.A., parecen tener problemas para la comprensión intertextual, que lo que el Ministro Garnier afirmaba, cuando aún no era Ministro, es que es evidente que si pueden derivarse consecuencias negativas si solo se aprobase el TLC sin la mediación de una agenda de desarrollo substantivo que la acompañe. Y esas consecuencias tienen que ver directamente con el mayor deterioro de condiciones de vida que ya de por si están incidiendo negativamente en la educación nacional, pero que podrían hacerlo más.
¿Sobre que fundamento puede basarse entonces una periodista como Berlioth Herrera para, en apoyo a las declaraciones del Ministro Garnier, afirmar, sin rubor profesional alguno, que “el TLC no incide de ninguna manera sobre la educación pública en el país”, pues el texto del Tratado en su anexo II es explicito al respecto?
Como es poco probable que el Ministro Garnier o el cuerpo de redacción de La Naciòn S.A. tengan deficiencias cognitivas significativas que les impida un lectura más holística e intertextual del Tratado, las razones para esta atrofia habrá que buscarlas en un terreno más actitudinal que aptitudinal, o de las competencias como gusta decirse ahora, algo que tratándose de La Nación S.A. no resulta nada sorprendente, pero que tratándose del Ministro Garnier.
Ahora bien, dejando a un lado la evidencia contextual e intertextual que resulta contundente respecto a la validez de la preocupación de la ANDE por los plausibles efectos negativos del TLC sobre la educación nacional, ¿realmente el texto del Tratado resulta claro en cuanto a que “ninguna de las reglas de los capítulos de servicios en inversión se aplican a Costa Rica en materia de educación pública, ni hoy ni en el futuro? Yo tengo mis dudas también a este respecto.
Berlioth Herrera afirma que lo establecido en artículo 11.2 sobre no discriminación no comprometería los presupuestos del Estado en educación pública en cuanto a obligarlos a extenderlos a la educación privada, pues “esta obligación solo rige en circunstancias similares y es claro que la educación pública y la privada no se encuentran en circunstancias similares”, pero ¿es esta presunción aplicable a lo largo y ancho de la educación nacional, colegios científicos, humanísticos y semipúblicos incluidos? ¿Y como aplica este principio en el caso de la educación estatal superior? ¿resulta acaso evidente que la educación superior privada y la estatal se encuentran en circunstancias muy disímiles, en el sentido en que lo entiende la periodista Herrera, por lo que no cabe que empresas de la educación privada, por cierto que buena parte de ellas constituidas en fundaciones de servicio sin afanes de lucro, figura que también existe a nivel de educación básica, general y diversificada, exijan del Estado un trato presupuestario no discriminatorio? Como yo lo veo, esta preocupación no resulta para nada aventurada sino todo lo contrario.
*Director Posgrado Psicología
*Fuente: Semanario Universidad *
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