Se alborotó el cotarro con el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral. Fracasaron todos los intentos de negociación entre el gobierno y las fracciones legislativas en la búsqueda de una alternativa al punto muerto al que se había llegado. No le quedó al presidente Solís otro camino que proceder al levantamiento y afrontar las consecuencias políticas de ese acto, fundamentalmente la ruptura de la triple alianza PAC, FA y PUSC. Una ruptura que seguramente también se hubiera producido de no hacerlo. En otras palabras, que se llegó a una encrucijada y no quedaba más remedio que tomar una decisión.
Es bueno recordar que el Código Procesal Laboral fue aprobado en 2012, con el voto de 40 diputados de diferentes partidos políticos, después de ocho años de discusión y de una negociación que en su momento fue señalada como ejemplar, entre los sindicatos y la cúpula de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCAAEP), y que fue avalada por la entonces ministra de trabajo y bienestar social del gobierno anterior, Sandra Pisk. Lo positivo de la ley, la novedad que encierra, es el aligeramiento de los juicios laborales, que favorece principalmente a los trabajadores, porque se prolongan por años con la consiguiente inversión de elevados recursos que pocos pueden enfrentar. Aparentemente sobre eso hubo acuerdo, aunque ciertamente, algunos de los sectores integrantes de la UCAAEP criticaron el arreglo al que se había llegado.
El tema de las huelgas en los servicios esenciales de salud, educación, electricidad, etc., es el que ha despertado supuestamente la oposición de partidos y grupos empresariales, porque me temo que algunos de ellos no están para nada interesados en la aprobación de la ley en su conjunto. La ley procura reglamentar dichas huelgas, que se siguen realizando a pesar de la prohibición constitucional existente. Ciertamente, este es un punto delicado, porque los trabajadores tienen derecho a huelga, pero esos movimientos huelguísticos afectan a terceros, es decir, a los usuarios de los servicios públicos, que constituyen la mayoría ciudadana.
No creo que la prohibición total de las huelgas en esos servicios sea la solución del problema. Las quejas o demandas de los trabajadores no pueden eliminarse de golpe y porrazo, so pena de dejarles en una situación de indefensión frente a probables abusos de gobiernos o jerarquías institucionales. La huelgas se seguirán produciendo, como ha ocurrido hasta ahora, porque como en alguna ocasión lo señalara don Pepe Figueres, las huelgas no son ni legales ni ilegales, son simplemente huelgas. Lo adecuado entonces es su reglamentación, para que la protesta justificada o no, se produzca con el menor daño posible a terceros, sean estos pacientes, estudiantes o empresarios.
Es una lástima que sobre este último punto no se hubiera podido llegar a un acuerdo razonable entre gobierno, partidos y sectores sociales y empresariales.
