Las elecciones para la Presidencia y para la Asamblea Legislativa del periodo constitucional 2018-2022, ¡están a un mes!
La noche del domingo 4 de febrero sabremos cuál de las 13 personas candidatas presidenciales estará en Zapote en esos cuatro años; o, por el contrario, cuáles son las dos que pasarán a segunda ronda el primer domingo de abril.
Igualmente, conoceremos los nombres de las 57 personas que irán al parlamento a partir del próximo 1 de mayo, lo que nos señalará cómo quedará conformada, partidariamente hablando, la nueva Asamblea Legislativa.
En términos generales, los expertos coinciden en que tendremos un “picadillo” de diputaciones, es decir, que la composición que viene en el nuevo periodo del otrora primer poder de la República quedaría más fragmentada que la que está ya terminando.
También tendremos el dato de cuántas personas fueron a votar de la totalidad con derecho a ello: 3 millones 322 mil 329 (3.322.329). Y, por supuesto, conoceremos cuántos votos de este total tiene la persona ganadora y/o la que quedó en primer lugar, para hacer la relación entre legitimidad formal o legitimidad real para asumir el cargo presidencial.
Las personas jóvenes que votarán por primera vez son 138 mil 96 (138.096); muchachada que accede a la ciudadanía en condiciones de mayor adversidad que nunca, especialmente en cuanto al desempleo.
Los datos electorales oficiales nos dan cuenta de que 61 mil 668 personas (61.668) que nacieron en el extranjero tienen derecho a votar por primera vez al haberse nacionalizado. Y más de la mitad de esta cifra proceden de Nicaragua. Además, 32 mil costarricenses tienen derecho a votar desde el extranjero.
Más datos: Hay 9.575 personas con derecho a votar en las cárceles, y 36.361 personas inscritas en las comunidades indígenas. También pueden votar 2.448 personas adultas mayores que viven en hogares de ancianos.
Estas cifras son parte de la realidad objetiva del padrón electoral nacional. Pero, las realidades subjetivas de estas votaciones nos plantean las siguientes conclusiones:
La primera es que el poder real, el verdadero poder, la hegemonía dominante no está en riesgo alguno, sea cual sea el resultado electoral. La gente más adinerada, especialmente la que controla el capital financiero y sus derivados, más sus vocerías mediático-latifundistas, seguirá teniendo “la sartén por el mango”.
Quien asuma la Presidencia la encontrará más debilitada todavía. Actualmente es poco lo que puede hacer la autoridad presidencial dado el enredadísimo tejido jurídico-legal y jurisprudencial que ha impregnado toda la institucionalidad republicana actual.
A no ser que la persona ganadora asuma una posición beligerante para apoyarse en sectores de diversa naturaleza con intereses centrados en la recuperación de la integración social y en la reducción de la desigualdad; y, en todo caso, es ésta una posibilidad complicadísima.
El cargo presidencial costarricense va enrumbándose hacia una actividad protocolario-ceremonial, prácticamente.
Por otra parte, tenemos que el poder de los mandos medios en no pocas situaciones se impone, de facto, a la voluntad expresada en las urnas a favor de la oferta presidencial escogida; especialmente, si la nueva autoridad electa impulsa políticas que podrían poner en peligro las zonas de influencia de esas jerarquías; o, simplemente por antipatía partidista de ésta contra el ganador.
Además, tenemos la circunstancia de que, de los tres poderes jurídico-formales del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es éste el más poderoso (valga la redundancia). Aunque muy golpeado por el escándalo del cementazo (como los otros dos), está impulsando una especie de “operación manos limpias” en su interior buscando recuperar su lesionada credibilidad.
Esto podría llevarle a bloquear iniciativas del nuevo gobernante, lo cual podría ser bueno o malo según esté de por medio el ideal del bien común, el de la inclusión social, el de la reducción de las desigualdades y el bienestar de las mayorías.
La transmutación del sistema de partidos políticos otrora fundados en plataformas filosófico-ideológicas y políticas, representa un grave problema en desarrollo.
Con alguna excepción por ahí y en condiciones precarias, los partidos políticos pasaron a convertirse en ofertismo electoral circunstancial, en organizaciones caza-puestos, en ocurrencias coyunturales mesiánicas y en arribismo corporativo (especialmente para concretar los meganegocios que todavía no se han realizado con lo que queda del patrimonio público). Esto (entre otros factores) le impide al cargo presidencial adquirir un relieve estadista que marque su periodo con proyección histórica.
Dado que la lógica político-ideológica de la hegemonía dominante, consustancial a la imposición de la globalización neoliberal, hace que la persona candidata sea más importante que el partido que le cobija; no hay congruencia de planeación estratégica, electoralmente hablando, para ganar en los dos planos: el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, solicitando al electorado el otorgamiento de un número suficiente y compacto de diputados para facilitar la concreción de los proyectos presidenciales. El quiebre del voto amarra al nuevo gobernante a una especie rol presidencial ceremonial.
Siempre hemos insistido en que la Democracia es más que el acto electoral cuatrienal, ese al que vamos a ir el domingo 4 de febrero, con base en el sistema de partidos políticos que, pese a las características actuales, seguirá existiendo. Gústenos o no nos guste. La Democracia electoral tiene su herramienta fundamental en el voto, en la urna electoral.
Sin embargo, la Democracia da para más. La otra Democracia, la Participativa, está en espera de la construcción articulada de un poderoso músculo cívico-social y patriótico nacionalista y soberanista; teniéndose certeza de la contundente urgencia de que nuestra Patria vuelva a ser un hogar común con plena integración social.
La Democracia Participativa tiene su herramienta fundamental en la calle… en la movilización social, en la Democracia de la Calle. ¡Feliz año nuevo!
*Secretario general
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
