Luego de las conmociones sociales del combo ICE (que dieron fin al sistema bipartidista clásico, con el nacimiento de los partidos PAC y Frente Amplio, fundamentalmente), en el año 2000; y del “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en el 2007, que mostraron la fuerza similar de dos visiones de desarrollo encontradas y confrontadas (empate estratégico); presenciamos una conmoción política en el seno del propio sistema institucional de los tres poderes político-formales de la República.
Golpeado como nunca antes en su credibilidad, el Poder Judicial está tratando de demostrar la viabilidad política de su real poder: que es él, el verdadero primer poder de la República. El Legislativo, tan venido a menos en los últimos tiempos, sufrió el escarnio humillante del allanamiento de su magna sede con las incursiones de la Fiscalía General de la República. El Ejecutivo, que siempre ha tenido como característica central la debilidad del cargo presidencial, actualmente está más que constatado.
Pero el escenario que está mostrando la faceta más dramática de la conmoción política en desarrollo es el de la coyuntura del proceso electoral, mismo que está entrando en su recta final en medio de una enorme frialdad, nunca antes mostrada, ante el hartazgo de una ciudadanía que, de manera reiterada, se siente víctima de sucesivas estafas electorales cada cuatro años.
El escándalo del Cementazo pareciera ser la gota que derrama el vaso de la paciencia ciudadana ante los partidos políticos que han venido administrando la cosa pública, especialmente desde el Poder Ejecutivo.
Lo del Cementazo no es un caso aislado, sino la enfermedad más reciente del sistema político-institucional que se contaminó, para perjuicio de la transparencia de la Democracia, con corrupción a gran escala y corruptelas a todo nivel; con compadrazgos y tutelas complacientes a granel en favor del negocio privado con los bienes y fondos públicos; con partidos que, en esencia, renegaron de sus principios ideológicos de justicia social y se han venido centrando en la protección de intereses corporativos, especialmente los de orden macro-empresarial…
Entonces, podríamos encontrar aquí parte de una explicación al escaso apoyo que están recibiendo en las encuestas los partidos del Cementazo: Liberación, Unidad (en sus dos versiones), el PAC y el Libertario.
Parece ser que el grueso de la ciudadanía electoral está pensando en brindarle un duro castigo a la clase política tradicional y a la que aspira a lograr llegar a este tipo de niveles de gestión de la cosa pública.
Parece ser que el nuevo outsider que está emergiendo y que ya llegó a una escala de preferencias similar a la de la clase política tradicional, podría estar generando la suficiente confianza como para estremecer con una eventual elección presidencial suya, con una especie de terremoto político en febrero (o abril) del año entrante.
El escenario electoral se pone muy interesante. Aunque los partidos del Cementazo están siendo quebrados en las encuestas, siguen manteniendo una hegemonía de gestión político-parlamentaria compartida, demostrado ello en la tramitación totalmente opaca de la ley de aguas; y ahora, en el impulso de la draconiana reforma constitucional de la regla fiscal.
Entonces, nos preguntamos: ¿Qué les impediría coaligarse, en la sombra, si uno de los suyos pasare a segunda ronda para enfrentar la amenaza que les supone la alternativa electoral presidencial que ya les empató y que amenaza írseles adelante en días próximos?
Lastimosamente, los sectores sociales y populares, la ciudadanía cívico-patriótica, la que se inspira en los nobles ideales de la promoción del bien común y en contra de la desigualdad; no muestra una articulación táctica ni estratégica que le permitiera incidir ante el inédito escenario electoral en desarrollo.
Si vamos al fondo, esas encuestas también nos dan para interpretar que la democracia representativa está llegando a sus límites, ante la reiterada incapacidad de satisfacer las necesidades de la gente que clama por un mejor nivel de vida; pero, su contracara, la democracia participativa (que ya tiene rango constitucional), sigue sin ser aprovechada estructuralmente por quienes nos identificamos, en mayor o menor grado y en distintas velocidades y matices, con el más que vigente lema de que “otra Costa Rica es posible”.
