Hemos venido sosteniendo la tesis de que está en desarrollo una intensa campaña de descalificación de que todo lo que huela a empleo público, a sector Público, a inversión pública, a los salarios y a las remuneraciones de quienes se desempeñan como clase trabajadora en todo el aparato del Estado; incluso contra los pocos grupos de la misma que lograron tener una Convención Colectiva de Trabajo. Este ataque es feroz.
Dicha campaña tiene algunas características que se muestran como “notas de prensa” (supuestamente objetivas); y por medio de artículos de clara orientación ideológica. Persiguen un mismo fin: “los malos de la película” son los empleados públicos. La más variada colección de epítetos negativos se han estado diciendo contra este importante segmento de la población laboral costarricense.
“Vagos”, “corruptos”, “haraganes”, “ineficientes”, “vividores”, “privilegiados”, etc., son parte de una serie de calificativos despectivos y ofensivos contra la humanidad, contra la dignidad, contra el honor de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, que se les lanzan por el simple hecho de ganarse su salario (semanal, quincenal o mensual), laborando para la Administración Pública costarricense.
El objetivo central de tanta infamia orquestada es uno: culpabilizarlos del déficit fiscal; y, por ende, para “resolver” este problema el “menú de opciones” incluye, en primer lugar, reducir sus salarios de diversas formas; luego, procurar muchos despidos; y, tercero, privatizar (por varias formas), los servicios públicos que hasta ahora han venido brindando de manera directa, en forma asalariada.
Han satanizado diversos mecanismos por los cuales en el empleo público han surgido diversos estímulos salariales, conocidos como “pluses”, establecidos a lo largo del tiempo, procurando que el Estado tuviera a su disposición lo mejor del recurso humano; para que el Estado encontrara personal que realizara tareas ingratas e insalubres; para que se dejara para sí los cuadros profesionales en los cuales invirtió en su formación, capacitación y especialización; para que encontrara gente dispuesta arriesgar su vida en servicios públicos peligrosos (como los de la Seguridad); para que lograra excelencia en la cuestión educativa y en la provisión de salud pública. Solamente para citar algunos ejemplos de amplia gama de especificidades de la multiplicidad de tareas de gestión estatal.
Lo que hemos denominado como “gritería histérica” contra el empleo público de evidente naturaleza ideológica de signo neoliberal, ha pretendido tirarle la opinión pública encima, vía manipulación mediática de “alto vuelo”, a quienes trabajan para el Estado. En algunos episodios de semejante cruzada anti-empleado público, los criterios emitidos muestran fuertes cargas de agresión psicológica y de terrorismo ideológico.
Los “problemas” de empleo público no empezaron ayer. Se iniciaron desde el mismo momento en que entró en vigencia la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949: cuando se violentó la directriz de la carta magna para existiese un único régimen de empleo entre el Estado y sus servidores.
No es posible ahora que con un solo proyecto de ley, por más fiscalista y neoliberal que sea, se vaya a resolver una situación más que consolidada a lo largo de seis décadas y media del funcionamiento del aparato estatal en la denominada “Segunda República”.
Mucho menos si ese proyecto “huele a casino”; mucho menos si este u otros proyectos están impregnados de visiones ideológicas recalcitrantes y extremistas sobre el asunto del déficit fiscal, meramente.
Los desafíos de obtener transformaciones estructurales en el empleo público no pueden desconocer la naturaleza perversa de la concentración de la riqueza y de la desigualdad; no pueden desconocer el deterioro de importantes segmentos de los servicios públicos estatales destinados a atender la pobreza extrema, la vulnerabilidad de pobreza y el estrujamiento y asfixia de la otrora poderosa clase media; no pueden desconocer las grandes necesidades actuales de relanzamiento del agro nacional; de la preocupación por el ambiente y la ecología; de la creciente deserción escolar; de la urgencia de potenciar desde la política pública emprendedurismos bajo la filosofía de la Economía Social; de emprender la tarea de extender un mano segura hacia las micro, las pequeñas y las medianas empresas.
Los desafíos de obtener transformaciones estructurales en el empleo público no pueden promoverse sin cambios profundos en la injusta naturaleza regresiva del sistema tributario costarricense; esa misma que ha generado, prácticamente 8% de PIB de robo de impuestos en todas sus formas; que ha generado casi 6% de PIB en exenciones y exoneraciones; que ha llevado a niveles siderales la acumulación de capital en las pocas manos del sector financiero.
Los desafíos de obtener transformaciones estructurales en el empleo público no pueden promoverse sin considerar el impacto en la economía nacional de los aportes a la misma de la dinámica que representa los salarios públicos que llegan al mercado, la gran masa financiera de aguinaldos que tanto gusta a los comerciantes, las amplias posibilidades de gestión de construcción y manteniendo de infraestructura pública para que exista el sector privado en sus diferentes dimensiones.
A este respecto recomendamos la lectura de un excelente artículo de opinión, “¿Es tan malo el gasto público?”, publicado en este prestigiosísimo y popular medio de comunicación escrita, Diario Extra, el más leído del país, por el destacado economista, exministro de Hacienda y exdiputado, con Guillermo Zúñiga Chaves (http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/247762), el pasado sábado 6 de diciembre.
Los desafíos de obtener transformaciones estructurales en el empleo público no pueden desconocer su naturaleza profundamente diversa y multifuncional; las diferentes bases legales y jurisprudenciales; los diversos regímenes contractuales como los generados en la negociación colectiva sólidamente contemplados en el sistema constitucional del país y sus compromisos internacionales en la materia.
Estamos plenamente seguros de que las transformaciones estructurales que requiere el empleo público en la sociedad costarricense de hoy, han de fracasar por la naturaleza esencialmente fiscalista de quienes quieren acabar con esta modalidad de relaciones laborales; amén de que el fin opaco que persiguen de privatizar todos los servicios públicos para mercantilizarlos y llevarlos a una esencia de acumulación para incrementar el patrimonio corporativo; es un elemento de reforzamiento de la estrategia de resistencia, con fuertes episodios de calle, que se darán en año entrante si estas tesis se siguen promoviendo, vía proyectos de ley, en el parlamento.
En tal marco de condiciones de satanización del empleo público, no queda espacio para idear nuevas metodologías de evaluación del desempeño; ni para pensar otros sistemas de resaltar la excelencia; ni para institucionalizar otras formas de medición de la eficiencia y de la eficacia; ni para demandar rendición de cuentas con responsabilidades personalizadas; etc.
Seguir por la senda de la “ocurrencia” de la iniciativa de ley con carácter reduccionista altamente ideologizado (“salario único” por ejemplo), abre el camino de la confrontación abierta, más temprano que tarde.
Lamentablemente a eso es a lo que vamos y no queda más que hacer un vehemente y fuerte llamado “a las calles”; a fin de que todos los gremios, sindicatos, asociaciones y colegios profesionales, junto a las familias, nos dediquemos a defensa del empleo público y, paralelamente, a la gesta histórica de la transformación tributaria estructural.
- Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
