Como si ya no fuera suficiente que quedara completamente al desnudo, así reconocido por el propio Gobierno, que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, por medio de las más “creativas” vías de elusión y de evasión tributarias, anda en 8.5 puntos porcentuales de PIB, lo que equivale a 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000)…
Como si ya no fuera un dato contundente, emitido por la propia Contraloría General de la República (CGR), de que el sistema de exenciones y de exoneraciones de pago de impuestos está llegando a representar 6 puntos porcentuales de PIB: 1 billón 800 mil millones de colones (1.800.000.000.000)…
Como si ya no estuviera constatado, que el Sistema Aduanero Nacional dejó de percibir, producto del TLC con Estados Unidos (y otros de similar naturaleza), 2.5 puntos porcentuales de PIB (podría ser más): 750 mil millones de colones (750.000.000.000)…
Como si ya no fuéramos la vergüenza del mundo, al ser denunciados por el propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de que, ¡al año!, está moviéndose y transitando por el país y por el sistema bancario-financiero nacional, producto del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado, la espantosa cantidad de 4 mil 200 millones de dólares, es decir, 2 billones 280 mil 600 millones de colones (2.280.600.000.000.); nada más y nada menos que 8 puntos porcentuales de PIB…;
Ahora resulta que hay una enorme cantidad de plata que estaba “guardada”, lo que ha quedado en evidencia con la promulgación de la “Ley de Eficiencia en la Administración de Recursos Públicos”, comúnmente denominada “Ley de Caja Única”, la cual le pone una especie de ultimátum a una serie de instituciones públicas para que ejecuten, pongan a trabajar, toda esa plata que tenían guardada y que podría equivaler 7.5 puntos porcentuales de PIB: 2 billones 250 mil millones de colones (2.250.000.000.000).
Esta plata “guardada”, según información de prensa del diario La Nación, de fecha martes 12 de julio de 2016), se desglosaría así: a) 810 mil 626 millones de colones (810.626.000.000), contabilizados en moneda local (2.7 puntos PIB); 225 millones de dólares, es decir, 122.175 millones de colones (122.175.000.000), 4 puntos PIB; y, 250 mil millones de colones (250.000.000.000), por concepto de “superávit libre”, 0.83 puntos de PIB.
¡SUMEMOS!: 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; más 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; más 2.5 puntos PIB por fuga impositiva aduanera producto de TLC’s; más 8 puntos PIB producto de dinero narco y sucio; y, ahora, más 7.5 puntos PIB producto de “guardada” (caja única): GRAN TOTAL : ¡32.5 puntos PIB!, que sería la base para actuar sobre y para contener-superar el llevado y traído déficit fiscal.
Si cada punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), equivale a unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000); 32.5 puntos PIB representan 9 billones 750 mil millones de colones (9.750.000.000.000.).
¿Entonces?… ¿cuáles son las verdaderas y reales causas del déficit fiscal?… ¡NO SON LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, por supuesto! ¡Aquí están los datos!
Nos han venido aterrorizando de que “ha llegado el fin de los tiempos” por esto del déficit fiscal. Nos han venido metiéndonos miedo porque “el apocalipsis está cerca” dado que el déficit fiscal llegará a 6 puntos PIB al final de este año 2016; que podría superar el 7 %, el año entrante 2017; y que superaría el 8 % en el 2018…
Con 32.5 puntos porcentuales de PIB, dando vueltas en la calle; con esos 9 billones 750 mil millones de colones que están para ser captados por el Estado, mediando una verdadera TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL… ¿por qué atacar el pago de anualidades, el pago de la dedicación exclusiva, el pago de los diversos tipos de riesgos, el pago de la carrera profesional, el pago de la disponibilidad; ¿por qué impedir que las cesantías superen los 8 años e imponer modelos de evaluación del desempeño para despedir?; ¿por qué congelar salarios, eliminar la negociación colectiva y el pago bisemanal, etc., etc., etc.?…
¡Nada que negociar en materia de Empleo Público!… ¡Nada que ceder entregando derechos laborales conquistados, jurisprudenciados, constitucionalizados!… ¡No cuenten con la ANEP para incrementar la desigualdad, para seguir precarizando el empleo, para aumentar la sobreexplotación laboral ya notable en muchos grupos de servidores públicos, para impulsar salarios a la baja pretendiendo “centroamericanizarnos” al respecto… ¡Arreglen primero eso de los 32.5 puntos PIB y después hablamos… tal vez!
El expediente legislativo No. 19.506, desprendido del nefasto y, prácticamente, moribundo 19.923, debe ser desechado totalmente del debate parlamentario. Por el contrario, es el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (Poder Ejecutivo-sindicatos), el espacio ideal para debatir sobre empleo público y salarios.
No debe el actuar Gobierno de la República enviar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a iniciarse el próximo 1 de agosto, ni ésta ni similares iniciativas. No deben los señores diputados y las señoras diputadas lanzar provocaciones confrontativas abiertas imponiendo la “vía rápida” de aprobación legislativa para proyectos como éstos, de inherente carácter explosivo, social y políticamente hablando.
Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con base a las definiciones estratégicas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado, ahora con más vehemencia que nunca, a la movilización general mediando la mayor unidad sindical en la acción posible, bajo la consigna de HUELGA GENERAL y apelando a la DEMOCRACIA DE LA CALLE, de toda nuestra membrecía, de toda nuestra dirigencia de base; de todos los gremios y sindicatos que representamos esas miles de conciencias obreras honestas del sector Público; compañeros empleados públicos y compañeras empleadas públicas vilipendiados, estigmatizados, injuriados, difamados, calumniados, exhibidos como delincuentes y mediando la más intensa y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, jamás vista en la historia del Estado costarricense.
La abrumadora y contundente mayoría laboral del sector Público se desempeña con honestidad y con transparencia, con ética y con decente moral; además, en muchos conglomerados de los servicios públicos las carencias presupuestarias los han deteriorado, precarizando las condiciones de salud ocupacional del desempeño, con recargo de funciones sin paga extra y con usuarios cada vez más insatisfechos y enojados; y, para peores, ahora con salarios prácticamente congelados porque la inflación es “cero” (¿preludio de rebajas salariales en perspectiva?).
Toda esta situación descrita será debatida por las presidencias y por las vicepresidencias de las 115 seccionales de la ANEP, reunidas en el Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la agrupación el próximo viernes 29 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
ANEP, por convicción propia y con base en los lineamientos político-estratégicos que al efecto de toda esta problemática ha emitido el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su llamado a la unidad sindical en la acción para enfrentar, con éxito, apelando a LA DEMOCRACIA DE LA CALLE, la más delicada y grave coyuntura sociolaboral de toda la historia del sector Público costarricense.
