“El largo y sinuoso camino” es el título, en español (“The long and winding road”, en inglés”), de una memorable canción de la legendaria banda británica de rock “The Beatles”, el más grande grupo musical de todos los tiempos.
La estamos mencionando para resumir en tres palabras, “camino”, “largo” y “sinuoso”, la trayectoria de lucha que ya pasa de los treinta meses de duración, durante los cuales nos ha tocado enfrentar la intensa y furiosa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público. Jamás algo parecido se manifestó en toda la historia del mismo desde que somos Segunda República.
Largo y sinuoso ha sido el camino para destrozar, con argumentos y con acciones, la tesis central de tal campaña en el plano visible y concreto de la misma, su “epidermis política”: el déficit fiscal se debe a los salarios del empleo público. Esto “¡no va más!” como gusta decir un narrador de fútbol cuando concluye un partido del campeonato nacional.
Destruido este argumento falaz, corresponde desnudar la esencia del ataque al empleo público durante todo el desarrollo de la mencionada campaña: se trata del antisindicalismo virulento de sus ideólogos, de sus ejecutores y de sus operadores político-mediáticos; proceso que culminó en la expresión concreta de ese expediente legislativo 19.506.
Para nadie es un secreto en este país de que el sindicalismo es “incómodo” para la instauración final de un proyecto-país excluyente, concentrador de riqueza y depredador ecológico; contrario al bien común y a la inclusión y a la integración sociales.
Por una serie de razones sociohistóricas, político-ideológicas y psicosociales que darían pie a un debate profundo y extendido, el sindicalismo costarricense es, en esencia, sindicalismo del sector Público; manifestándose en el sector Privado un comportamiento estructural de aversión y bloqueo sindical que, por lo general, termina en el despido abierto, duro e ilegal.
Es más, en la propia Administración Pública costarricense, el Estado, las conductas antisindicales continúan manifestándose, como lo muestra los recientes despidos antisindicales ocurridos en la Municipalidad de Sarapiquí.
El asunto del porqué la mayoría obrera sindicalizada costarricense es la del empleo estatal, llamó la atención de los señores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a la cual aspira pertenecer Costa Rica.
Costa Rica, como parte de la tramitología para ser socia de la OCDE, debió responder un extenso cuestionario. La pregunta 26, formulada en idioma inglés, indica: “26. It is reported that labour unions are mainly concentrated in the public sector and unión membreship represents less than 3% of the workoforce. What are the main reasons for very low membreship rates and is the gobermen taking any steps to increase it? (Lo citamos en dicho idioma respetando el texto original del cuestionario).
La OCDE se sorprende de que la mayoría de la sindicalización costarricense sea la que hay en el empleo público; destaca la baja tasa de sindicalización nacional; pregunta las razones para ello; y, hace un emplazamiento al Gobierno acerca de qué está haciendo para que haya más sindicalización.
La respuesta que dio el Gobierno merece un comentario próximo.
Es importante compartirle lo siguiente. El sitio web de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de la República de Chile la define así: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una Organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial”.
Además, se anota lo siguiente: “La OCDE se propone como misión apoyar el crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad financiera, asistir a otros países con su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio mundial.
No obstante, no solo los gobiernos de los países miembros participan en la Organización. Los empresarios y los trabajadores asesoran a la OCDE a través del Comité Asesor de Empresas e Industrias (BIAC, Business and Industry Advisory Committee) y del comité Asesor de Sindicatos (TUAC, Trade Union Advisory Council), respectivamente”.
Resulta “incomprensible” que los sectores dominantes y hegemónicamente políticos de nuestro país pretendan que Costa Rica ingrese a la OCDE pese al papel que la misma le asigna a los sindicatos; pero, promueven legislaciones para relativizarlos, anularlos, invisibilizarlos, nulificarlos y excluirlos (vía “muerte civil”), promoviendo legislaciones como la del proyecto contra el empleo público (expediente legislativo 19.506), que está impregnado en su “endodermis política” de, precisamente, un contenido ideológico-antisindical.
Quitándole a los sindicatos la potestad constitucional de interlocución obrera y laboral de manera exclusiva; privilegiando un esquema de reconocimiento de cesantía para otra forma de organización laboral que no es la sindical; nulificando el ejercicio sindical de promocionar y de firmar la negociación colectiva en aplicación directa de los tratados internacionales firmados por el país; violentando autonomías institucionales de corte constitucional precisamente porque sus sectores laborales tienen acceso a esos mecanismos de negociación colectiva; negando la esencia de contenido en cuanto que el derecho sindical tiene rango de derecho humano fundamental universalmente reconocido; son las reales intenciones del proyecto contra el empleo público 19.506.
De paso, se procede a abrir el camino para rebajas salariales y reducción de derechos económicos conquistados, el tema de los pluses, que es lo que le han incrustado al inconsciente colectivo durante todos estos meses de la artera campaña contra el empleo público.
Para el ejercicio legítimo de la defensa obrera ante tal ataque, diversas corrientes sindicales están haciendo un llamado vehemente para el desarrollo de una huelga general en próximos días; movimiento que habrá de involucrar a importantes grupos laborales tanto del Estado central, como de entidades autónomas y municipalidades. Se espera que haya una gran unidad sindical en la acción para buscar éxito en este movimiento.
Desde la perspectiva sindical que nosotros defendemos, a este tipo de movimientos los conceptuamos como el legítimo ejercicio de LA DEMOCRACIA DE LA CALLE; y, en tal sentido, no solamente lo estamos promoviendo para la circunstancia apuntada, sino que este movimiento es necesario, es urgente, es oportuno y es estratégico.
