Como se comprenderá, el tema del Empleo Público ha sido introducido como matriz mediática dominante en los últimos meses, mediando en lo que en nuestro criterio ha sido la más grande campaña de propaganda de intoxicación a la opinión pública de los últimos tiempos; empleándose en algunos y en los más duros momentos de la misma, elementos propagandísticos de carácter “goebbelsiano” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”).
Afortunadamente para la salud de la Democracia y para la práctica de la Libertad de Expresión en el amplio sentido del término, como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido y considerando que el Grupo Extra se ha destacado por su papel en tal sentido, uno puede publicar en este prestigio medio de comunicación, La Prensa Libre (ahora digital), lo que en la “otra” prensa no es posible.
Es imposible abordar, desde nuestra perspectiva y con criterio constructivo, el tema del Empleo Público y salarios, sin que primero se decida por los grandes tomadores de decisiones políticas (los visibles y los “invisibles”), qué hay que hacer con las cuestiones salariales de “los y de las de arriba”, en los cargos más altos dentro de los altos, de toda la estructura político-burocrática y jerárquico-gerencial-tecnocrática del Estado.
El cargo político más relevante de la institucionalidad democrática del Estado, el de la Presidencia de la República, anda en unos 4 y resto de millones de colones mensuales. La persona que en él es nombrada pasa por un “proceso de selección” en el cual participamos miles.
Al otro extremo, a modo de ejemplo pues puede haber otros, tenemos el cargo de gerente bancario en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con un salario mensual de 13 y medio millones de colones, porque hubo una “rebaja” del mismo, de 10 millones de colones, que ya rondaba los 23 millones. Este cargo es otorgado por un reducidísimo grupo de personas y con mucha opacidad.
Con estos dos ejemplos queremos enfatizar en que resulta imposible calibrar la naturaleza de una política salarial en los servicios públicos para los próximos tiempos, si no se resuelve el tema de las remuneraciones en cargos tal elevados como los siguientes: presidencia y vicepresidencias, ministerios de Estado (cargos ministeriales, viceministeriales, oficialías mayores y similares), presidencias ejecutivas y gerencias generales, diputaciones y magistraturas, alcaldías, cargos de regulación y de rectoría en sus diversas modalidades (incluyendo universidades públicas), y otros de similar rango en esa esfera de la gestión pública de altísimo nivel político-jerárquico y tecnocrático-gerencial del Estado.
Al respecto, emitir una ley general que dé pautas y que establezca reglas claras en este ámbito de los salarios del Empleo Público, indicaría señales de que, efectivamente, el tema se aborda objetivamente; de que el tema es parte de un proceso integral con políticas de mediano y de largo plazo, de que se trata de una cuestión de Estado para un ordenamiento general del empleo y del salario en el sector Público con visión-país.
Porque lo que hemos estado presenciando, viviendo, notando… y sufriendo, en toda esta cuestión es un enfoque altamente perverso, profundamente ideologizado y hasta con atisbos de totalitarismo: el antisindicalismo malsano y rabioso que ha sido impregnado en muchas conciencias ciudadanas, lamentablemente.
