La actual derecha política parlamentaria, especialmente la que se apoderó de lo que una vez fuera el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), por una parte; y, por otro, la que abortó que el Humanismo Cristiano fuera la real bandera filosófico-ideológica de lo que queda como Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debe tener claro lo siguiente: en materia de empleo público no hay nada que ceder ni tampoco nada que negociar. Al menos, esta es nuestra posición dentro de la corriente sindical nacional que nos honramos en representar. ¿Por qué? Ya explicamos…
Así como nos negamos a participar en una “mesa de negociación” para legitimar un proceso de agresión en contra de la clase trabajadora como lo es la rebaja salarial generalizada del 1%, con relación al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); tampoco cuenten con nosotros para legitimar un proceso adicional de empobrecimiento salarial (ataque a los pluses del empleo público), considerando que, por un lado, la verdadera razón del déficit fiscal no está en los salarios devengados por empleo público; y, por otro, desde la acera del frente no se muestra ni la más mínima voluntad de cambios de fondo para el injusto sistema tributario que agobia a las clases trabajadoras que sí son puntuales pagadoras de impuestos.
Para empezar, el hoy neoliberal PLN es el responsable directo de una importantísima parte del problema del déficit fiscal actual.
Nos impusieron, con Óscar Arias Sánchez a la cabeza, un tratado de “libre” comercio, el TLC con Estados Unidos, que habría generado entre 2 puntos y 2,5 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), como pérdida recaudatoria en aduanas.
Y el mencionado ciudadano, en su condición de Presidente de la República en ese entonces, estaba tan consciente de ello que, aun cuando pedía a gritos la aprobación de ese TLC, también indicaba que él le daría al país la reforma tributaria que se necesitaría para reponer tal pérdida.
A diez años de ese TLC, que se cumplirán el próximo 7 de octubre, calculemos cuánto perdió el fisco si solamente nos quedamos con la cifra de 2 puntos PIB, por año: ¡20 puntos PIB! Es decir, conservadoramente hablando, 6 billones de colones: ¢6.000.000.000.000.
Reponer esta gigantesca cantidad de dinero dejado de percibir en las aduanas del país por ese tipo de TLC (y otros de menor calado), implicaba no solamente aprobar las leyes necesarias para cambiar, profundamente, la estructura actual del impuesto sobre la renta, pero por el lado de la progresividad tributaria (que paguen más los que más tienen); sino que, se debió endurecer, radicalmente hablando, la política pública contra el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
Y aunque en este último caso en la presente Administración gubernativa se han dado avances sustanciales para atacar el robo de impuestos, lo real es que, sin transformaciones estructurales tributarias de carácter progresivo y por el lado del impuesto sobre de la renta, especialmente, no habrá cambios sustanciales para el manejo de esa obsesión neoliberal por el déficit fiscal.
Consideremos que, como la mencionada cantidad de impuestos vía aduanas dejó de llegar a las arcas públicas producto del TLC liberacionista-neoliberal, el país tuvo que reponerla con endeudamiento público a tal nivel que, actualmente, a diez años después del TLC de don Óscar Arias Sánchez, solamente en pago anual de intereses se tiene que erogar, del presupuesto nacional, unos 3 puntos porcentuales de PIB, casi un billón de colones.
¿Qué culpa tienen los y las policías del país, que son empleo público, en toda esta situación? ¡Ninguna! ¿Qué culpa tiene el personal municipal nacional, que también es empleo público, en toda esta situación? ¡Ninguna!
¿Qué culpa tiene el personal operativo, administrativo, técnico y profesional del Estado (especialmente el de su administración central y entidades conexas a este), en toda esta situación? ¡Ninguna!
¿Qué culpa tienen las convenciones colectivas de trabajo firmadas y vigentes en el sector público, cuando ninguna de ellas tiene algo que ver con el déficit fiscal?
Toda persona trabajadora asalariada del sector público, “a esta altura del partido”, sabe ya a qué atenerse en materia de defensa de su trabajo, de su empleo, de su estabilidad laboral y de su salario; que todo esto junto no es más que la defensa de su propia familia y la defensa de la estabilidad financiera, socioeconómica y psicosocial de esta.
En materia de empleo público, entonces, ¡nada que ceder!, ¡nada que negociar. ¡Jamás le creeremos a esa derecha política mentirosa, embustera, manipuladora y sus insignes representantes parlamentarios de hoy, que exige que se le entregue derechos conquistados del empleo público a cambio de que ella misma se ponga a pagar la renta como debe ser, o que deje de robar y/o cohonestar el robo de impuestos! En este chantaje político, ¡no nos embarrarán!
