Podemos decir que nuestro reiterado planteamiento, formulado intensamente en los últimos meses por diversos medios, de que los salarios que se pagan a la clase trabajadora del sector público no son los responsables del déficit fiscal, ¡ha triunfado!
Hasta los más acérrimos enemigos del empleo público (como el repetitivo candidato presidencial que nunca será presidente de la República), atrincherados en el fracasado neoliberalismo, así lo reconocen.
Basándonos en lo anterior se abre el espacio para el debate real, el verdadero, el que merece los mayores esfuerzos de nuestra parte y de parte de los sectores cívico-políticos que ansían una sociedad más justa y más democrática.
Tal debate debe estar centrado en dos ámbitos a nuestro entender. UNO: La verdadera naturaleza antiobrera, la esencia antisindical, el ataque solapado a los compromisos internacionales de nuestro país en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva que están en la matriz ideológica que anima el expediente legislativo No. 19.506, el que ha sido formulado contra el empleo público. Este debe ser derrotado radicalmente. No hay nada que negociar con respecto al mismo.
Varios de sus contenidos no solamente son contrarios a nuestra propia Constitución Política, sino que son violatorios de los Derechos Humanos Fundamentales y universalmente reconocidos en materia de organización obrera y laboral con base en el modelo sindical
Por el contrario, es nuestro pensamiento que los cambios necesarios en el empleo público son aquellos que deben ir ligados a la reformulación de las políticas públicas de corte estratégico para una sociedad realmente inclusiva; trascendiendo la promoción del bien común para una especie de refundación del país con base en una serie de postulados hacia la construcción de una Democracia Social.
DOS. Esa especie de Democracia Social, que no supone la abolición de la propiedad privada, tiene varias vertientes para llegar a la misma. Sin duda, una de las más notables es la de la Transformación Tributaria Estructural (así, escrito con mayúsculas), dado que no es sostenible para el país que se mantenga un sistema tributario altamente regresivo que hace pagar más a los que proporcionalmente tienen menos. Muchas veces hemos apuntado esto y muchas más habrá que seguir formulándolo.
Entonces, la conclusión fundamental aquí es cómo se reparte, cómo se distribuye la riqueza que genera la sociedad y los beneficios del crecimiento económico.
Ahora bien, sin mezquindades se debe resaltar que el presente Gobierno ha estado impulsando varias iniciativas, vía Ministerio de Hacienda, hacia la progresividad tributaria.
Algunas de ellas en tramitación parlamentaria en estos momentos, enfrentando feroz resistencia ejercida por el parlamentarismo al servicio del capital y de la parte más sucia del mismo como por ejemplo los siguientes: el capital generado al amparo del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, el capital generado al amparo del lavado de dinero vía el sistema de apuestas y de otras formas de juego y azar al margen de la legalidad y de la ética, y el capital generado producto del robo de impuestos en todas sus manifestaciones.
Y es en este último ámbito de la verdadera crisis tributaria que vive el país producto de la injusticia del sistema actualmente vigente, que se debe resaltar, aplaudir y respaldar la nueva política del Ministerio de Hacienda para usar grandes bases de datos, cruzándolas entre sí, de modo tal que se pueda detectar sin duda alguna a personas y empresas que roban impuestos.
Los datos personales básicos que constan en el Registro Civil; los datos que sobre propiedades, vehículos y sociedades anónimas que se almacenan en el Registro Nacional de la Propiedad; los registros de entradas y de salidas del país que tiene la Dirección General de Migración y Extranjería; las nóminas que se tienen en los diversos colegios profesionales; los títulos universitarios que se obtienen y que se anotan en el Consejo Nacional de la Educación Superior; los que hacen negocio con la educación pública privada y que deben registrarse ante el Ministerio de Educación Pública; la lista de patronos y de trabajadores reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social; las declaraciones tributarias de los contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda; los datos sobre el seguro obligatorio de vehículos que maneja el Instituto Nacional de Seguros; los mismos premios de lotería que paga la Junta de Protección Social; las multas por infracciones de tránsito que se pagan al Consejo de Seguridad Vial…; son “pura carnita fresca” (discúlpenos el uso de esta expresión popular), pues al cruzar todos los datos de cada una de estas fuentes nos están indicando que, ¡ahora sí!, robar impuestos será sumamente complicado, riesgoso y costoso.
Nos enteramos de esta nueva posibilidad de combate estratégico y drástico al robo de impuestos por información que publicó el pasado sábado 12 de noviembre el mismísimo periódico La Nación, cuya empresa matriz y algún alto personero de la misma se han visto envueltos en “controversias tributarias” en materia de pago real de impuestos legamente obligados.
La información se tituló “Hacienda usa grandes bases de datos para cazar evasores”, con este pretitular: “Tributación inició este año análisis de ingresos y hábitos de consumo de los contribuyentes”
Como si se tratase de un gran anuncio preventivo y de alerta para los evasores de impuestos, la información citada nos da a conocer de un caso que logró detectar, más bien cazar, la acción tributaria del Ministerio de Hacienda.
Una profesional en medicina, con 27 años de edad y que se registró como contribuyente tributario en el 2013, alegó en su correspondiente declaración de impuestos tener cero ingresos; sin embargo, cuando se hizo el cruce de datos de todas esas fuentes de información, fíjense ustedes que le descubrieron que tenía un carro por valor de 22 millones de colones y que tenía tres fincas sin hipotecas por valor conjunto de 94 millones.
A esta profesional mejor le habría ido si hubiese dicho la verdad de sus ingresos y posesiones pues ahora Hacienda dice que los impuestos que dejó pagar y las multas respectivas por su conducta ilegal, le están generando un cobro de 79 millones de colones entre sanciones e intereses.
Los datos oficiales indican que en el año pasado 2015, 61.209 profesionales liberales declararon poco o nada de ingresos. Y los pocos que declararon algo, en promedio, dijeron tener ingresos por 41 mil colones mensuales.
Esto contrasta con el pago puntual vía planilla que hacen los y las profesionales del sector público, pues el impuesto de renta se les deduce cada quincena de su salario.
He aquí una de las más grandes injusticias en proceso y con ese nefasto proyecto de ley 19.506: se les quiere rebajar el salario a quienes son puntuales pagadores de impuestos. Es definitivo, tal intentona legal de empobrecimiento salarial debe ser eliminada.
