1. En las últimas semanas y meses se ha desarrollado la campaña político-mediática más infame de toda la historia del empleo público costarricense, con contenidos perversos de agresión psicológica y de terrorismo ideológico. El movimiento sindical y las más connotadas figuras del mismo han sido presentadas como “cosa nostra”, como “capos mafiosos”, respectivamente. Afortunadamente, existe este bastión de la Libertad de Expresión, el grupo periodístico EXTRA, siendo posible dar a conocer nuestras posiciones al respecto.
2. Se ha posicionado en el inconsciente colectivo de toda la sociedad, maliciosamente, que la totalidad de los empleados públicos tiene salarios de lujo y goza de privilegios abusivos. Estamos conscientes de las situaciones abusivas, totalmente excepcionales pero la generalización odiosa no permite una discusión sana, tranquila, en paz. Hubo que atrincherarse ante tal campaña.
3. El déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Punto. Lo hemos demostrado hasta la saciedad y nadie nos ha desmentido. Todas las corrientes sindicales han adoptado los planteamientos de la ANEP al respecto.
4. El déficit fiscal tiene que ver con 8.5 puntos PIB por robo de impuestos; 6 puntos PIB por exenciones-exoneraciones; 2.5 puntos PIB por impuestos perdidos “gracias” a los tratados de “libre” comercio; 7.6 puntos PIB del dinero narco que pasa por la economía libremente; 7.5 puntos PIB por plata no ejecutada, “guardada” en las instituciones (subejecución presupuestaria). En la calle andan dando vueltas 32.1 puntos PIB para resolver el déficit para siempre.
5. Se le ha ocultado a la sociedad que una enorme cantidad de segmentos laborales del empleo público tienen salarios bajos, condiciones ocupacionales precarias y que representan servicios públicos dirigidos a poblaciones vulnerables, pobres y cargadas de violencia por la exclusión social en desarrollo.
6. La campaña político-mediática desarrollada contra el empleo público ha sido una espesa y densa cortina de humo para ocultar la realidad explosiva de un sistema tributario altamente regresivo, facilitador de la concentración de la riqueza, dado que proporcionalmente hablando pagan más los que menos tienen; y los que tienen más, evaden, eluden y/o maniobran, empleando peonada jurídica experta para pagar menos.
7. En materia de empleo público el país está perdiendo la batalla de la seguridad en diversos órdenes. Por ejemplo: seguridad ciudadana, migratoria, carcelaria, vial, fronteriza, contra el crimen organizado y el narcotráfico, ecológico-ambiental (parques nacionales). Las restricciones presupuestarias, la incapacidad de las cúpulas político-burocrático-gerenciales para ejecutar lo presupuestado, las restricciones abusivas en materia de nuevo empleo público, se han conjugado para tan deplorable situación.
8. El lado oculto del déficit fiscal es el grave problema de la deuda pública del país, interna y externa. ¿Cuánto, en realidad, debemos? ¿A quién le debemos? ¿Quiénes ganan con el pago de intereses de la deuda? ¿Cuáles son los bufetes que representan a los acreedores? ¿Serán los mismos que ayudan a evadir y eludir el pago de impuestos? Hace falta una auditoría ciudadana de la deuda.
9. Se ha satanizado todo el sistema de Negociación Colectiva consagrado en el sistema jurídico costarricense y establecido por el Derecho Internacional, como Derecho Humano Fundamental. Las convenciones colectivas de trabajo, por ejemplo, han sido exhibidas como un “privilegio” de los empleados públicos, exclusivamente, ocultándose que puedan establecerse en las empresas privadas con el mismo sistema legal indicado.
10. Ajustamos ya casi treinta meses de resistencia feroz en defensa del empleo público, mediando sólidos argumentos de nuestra parte con responsable estudio y planteamientos sumamente justificados, sin tener que emplear la consigna sindical hueca, la ofensa insultante o la mediocridad de un panfleto espurio. En la corriente sindical en la cual nos movemos, hemos acudido a la movilización en los momentos precisos y seguimos llamando a la misma, reiterando la importancia de la más grande unidad en la acción para una victoria transitoria en el contexto del presente mandato constitucional parlamentario.
