La empresa canadiense alega que el gobierno ha violentado sus “derechos” al negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado en San Isidro (Cabañas), por tanto recurre al capítulo de inversiones y al anexo de mecanismos para dirimir controversias del referido acuerdo comercial.
Según el mecanismo de solución de conflictos entre Estados y compañías extranjeras protegidas por el CAFTA, existe un período de noventa días para encontrar una salida_ “amistosa”_, antes de iniciar el juicio, donde los dados siempre están cargados a favor de las empresas transnacionales.
Este escenario plantea dos posibles soluciones para Pacific Rim: obligar al gobierno salvadoreño a otorgarle el permiso que le ha negado (salida “amistosa”) o ganarle el juicio para conseguir una indemnización por daños y perjuicios que podría alcanzar varios cientos de millones de dólares.
Thomas Shrake, presidente de la minera canadiense, admitió en la teleconferencia de anuncio formal de la demanda, que su apuesta es la solución “amistosa”, pues las críticas condiciones financieras de la empresa le impedirían sostenerse en un juicio que podría durar varios meses o años.
El anuncio de la demanda es el último recurso de presión para conseguir la licencia negada. Un país con graves problemas económicos (déficit fiscal, alto nivel de endeudamiento y crisis financiera) otorgará el permiso en vez de pagar una indemnización millonaria, calcula Pacific Rim.
Pero se equivoca. El país es conciente de los riesgos de la minería de metales y propondrá al gobierno que –en última instancia– es preferible acudir al juicio promovido por la empresa, en lugar de poner en grave peligro el agua, el medio ambiente, la productividad y la vida de la nación entera.
Las organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos las pretensiones de Pacific Rim. Otorgar el permiso sería sentencia de muerte para el país y el arbitraje no puede aceptarse porque debería ser la empresa minera la demandada.
El gobierno y la población salvadoreña debe demandar a Pacific Rim por los delitos y vejámenes cometidos. El secado de fuentes de agua y la provocación de conflictos sociales en Cabañas, son violaciones a los derechos humanos por los que dicha compañía debería ser procesada y condenada.
Difundir publicidad engañosa (minería verde), realizar exploraciones con permisos vencidos, invadir propiedad privada y corromper a funcionarios públicos, son también delitos de Pacific Rim. Leyes como la de Minería, de Medio Ambiente y Código Municipal han sido violentadas.
Esta mañana, el IDHUCA y otras instituciones se sumaron al llamado de unidad nacional contra los propósitos de Pacific Rim. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, también lo hizo el pasado domingo, en nombre de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES).
“No es justo que una empresa se lleve el 97% de las jugosas riquezas y nos deje el 100% del cianuro”, expresó en un comunicado titulado “Pacific Rim versus El Salvador”. El líder religioso exhortó al gobierno a no ceder a las presiones de la compañía minera y negarle los permisos.
Sáenz Lacalle consideró que la minería sólo puede permitirse “si las empresas se llevan los minerales a procesarlos fuera del país” y “si garantizan que no traerán a El Salvador ningún gramo de cianuro”. El Arzobispo ratificó la declaración “Cuidemos la Casa de Todos”, publicada por la CEDES en mayo de 2007.
*Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
