La actuación de las cooperativas de ahorro y crédito de negarse a entregar excedentes o dividendo para el año 2021 debe ser calificada de ilegal.
No existe ningún fundamento legal para que dichas entidades se nieguen a entregar dineros que son de sus afiliados, cuando, por el contrario, la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 establece en su artículo 3 inciso c), que es el deber de dichas entidades la «Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común».
Resulta altamente cuestionable que se justifique la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una «medida preventiva» en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.
En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.
Pero dicha acción, no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.
El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.
Para las entidades cooperativas, el rebajo automático de planilla a los salarios mínimos ha sido una mera facilidad para asegurar pagos más ágiles, pues igualmente tienen acceso a las correspondientes gestiones de cobro como cualquier entidad financiera.
Sin embargo, ante la posibilidad de que se elimine dicho recurso, la defensa cobarde de dichas entidades ha sido otra ilegalidad como la retención de dividendo o excedentes a sus usuarios.
La ANEP condena esta actuación por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito, fomentada por la misma SUGEF y su jerarca Rocío Aguilar, y las insta a respetar el ordenamiento jurídico costarricense, pues de lo contrario se exponen a acciones legales directas por el atropello a los derechos económicos fundamentales de los trabajadores.
Igualmente se invita a todas las personas que se estén viendo afectadas por esta medida ilegal, a acercarse a la ANEP para realizar las gestiones legales correspondientes para luchar por la restitución de sus derechos económicos y sociales.
