El camino para promover una nueva, adaptada y más completa Ley de Radiodifusión continúa mediante debates, charlas y propuestas que involucran a los miembros de la comunidad en busca de un consenso.
Desde el lunes 30 de marzo, se realizan los Foros Participativos de Consulta Pública para debatir la propuesta del proyecto denominado Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. (Ver: _“Debatir para quebrar los silencios”. APM 19/04/2009)
Dicho debate dará como resultado que el proyecto en cuestión -originado por el *Comité Nacional de Radiodifusión (Comfer)*– sea presentado ante el Congreso de la Nación para la consumación de una normativa que considere los cánones democráticos, tienda a la pluralización de los medios, se adapte a las nuevas tecnologías y, sobre todo, rompa con las estructuras de la dictadura con la que fue creada la vigente.
La construcción de esta nueva Ley se plantea como una cuestión de suma urgencia e importancia debido a que la normativa vigente ha quedado obsoleta ante las transformaciones que ha sufrido el ámbito de los medios de comunicación en estos últimos tiempos.
Los efectos negativos producidos por la añeja y vigente Ley de Radiodifusión han sido muchos y variados. Estos no sólo fueron consecuencia de las disposiciones de la dictadura sino también de los sucesivos cambios que los gobiernos neoliberales de los 90 han introducido en ella provocando un empeoramiento de la situación de las comunicaciones en Argentina. (Ver: _“Surgen nuevos desafíos para los medios públicos”. APM 18/04/2009)
Es así como la actualidad encuentra: una industria cultural nacional desvastada ante la importación masiva de productos extranjeros; un conjunto de medios monopolizados por grandes grupos económicos en detrimento de la pluralidad y la participación popular en el acceso a la información; trabajadores de la comunicación que también han sido victimas de la flexibilización de los últimos años; entre otras cuestiones de gran relevancia.
Por estos motivos y para irrumpir definitivamente sobre los rezagos del proceso militar, el debate debe continuar para generar modificaciones en las estructuras, principios y objetivos que comandan las comunicaciones en Argentina. Para ello, es primordial la participación de la ciudadanía toda.
No obstante, dicha participación debe hacerse de manera conciente e informada. Por este motivo, desde APM le brindamos a usted, lector/a, algunas pautas y claves para analizar, entender y generar su propia posición con respecto al proyecto iniciado por profesionales de la comunicación.
A continuación, una serie de preguntas y respuestas tendientes a contribuir al esperado consenso y la consecuente sanción de la Ley:
¿Cómo se pretendería abrir un marco de pluralidad en las comunicaciones en Argentina?
La nueva Ley planteará que toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin tener que transitar por ningún tipo de censura previa.
Esta práctica del derecho a la libre expresión tendría lugar a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto a las premisas democráticas y los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Para garantizar esto, se promovería un sistema de “acceso equitativo a la operación de plataformas de transmisión para todos los prestadores, sean estos de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro”. Asimismo, de deberá contar con una serie de requisitos para acceder a la prestación de un servicio comunicacional.
El derecho a la libre expresión así como el valor que posee el derecho a ser informado y participar de los soportes audiovisuales como actividad social y de interés público, serían salvaguardados por el Estado, siendo esto una de las obligaciones del mismo para con los ciudadanos.
Esta protección garantizaría la autonomía de las personas producto del libre acceso a la información y la conformación de una cultura popular que vaya más allá de los conceptos empresariales en que se basan actualmente los servicios audiovisuales. Esto es uno de los pilares de la democracia moderna.
A su vez, la nueva Ley respondería a los mandatos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados en la Constitución Nacional.
Se buscaría primordialmente generar aportes al desarrollo social, cultural y educativo de la población a través de la importancia que la comunicación posee en estos aspectos.
¿Sería garantizada la independencia de los medios de comunicación?
El proyecto establece que se impediría cualquier forma de presión, censura, ventajas o castigos a los comunicadores, trabajadores de la comunicación y empresas o instituciones prestadoras de servicios audiovisuales.
En este sentido, sería respetada la función de sus opiniones, la línea informativa o editorial de cada uno de estos actores de la comunicación, con el fin de garantizar el respeto al estado de derecho democrático y a los derechos humanos, así como en el punto anterior.
A su vez, se prohibiría la asignación arbitraria o signada por intereses desiguales de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas a los diversos medios de comunicación.
Esto permitiría la ampliación de la participación de los sujetos en las actividades audiovisuales. Consecuentemente, el pluralismo sería una de las premisas principales de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
¿Qué efectos producen los monopolios y oligopolios según el proyecto?
La constitución de monopolios u oligopolios en el ámbito de las comunicaciones presenta diversos efectos nocivos en cuanto a la constitución de la pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales, el acceso a la información, la libertad de expresión y el pleno ejercicio de la cultura. En definitiva, estas concentraciones económicas y mediáticas van en detrimento de los fundamentos democráticos.
En este sentido, el proyecto establece que el Estado debería promover normas antimonopólicas que regulen la propiedad y el control de los servicios de radiodifusión. Esto se realizaría a través de la limitación de la concentración de licencias y la multiplicidad de las mismas para contrarrestar los efectos de los monopolios que actualmente rigen los medios de comunicación.
El objetivo final sería permitir el ingreso de nuevos actores en el ámbito de las comunicaciones, a través de la libre apertura del mercado, evitando – de esta manera – la creación de monopolios.
“Quien preste servicios públicos será un actor importante en el área de las comunicaciones audiovisuales, pero deberá actuar en un marco que garantice a los usuarios la posibilidad de opción, por ello se le exige a estos nuevos actores el no incurrir en prácticas anticompetitivas”.
¿Quiénes no podrían tener acceso a las licencias?
De acuerdo a lo que propone el proyecto de ley, no podrían ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión los siguientes actores sociales:
– Integrantes de sus órganos directivos; – quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales; – funcionarios públicos de los distintos poderes; – miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; – aquellos sujetos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
¿Cuáles serían las medidas a adoptar en cuanto a los contenidos audiovisuales nacionales?
El artículo 136 del proyecto le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la función de implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional. A su vez, se adoptarían diversas medidas en cuanto a los contenidos que ésta debe fomentar:
Se debería pretender la capacitación de los sectores públicos sobre la importancia de la creación de valor en cuanto a la diversidad cultural y sus expresiones y no sólo a nivel empresarial y promover la actividad de productores que se inicien en la actividad audiovisual y líneas de acción destinadas a fortalecer la sustentabilidad estratégica y competitividad del sector.
A su vez, el Poder Ejecutivo debería hacer que la industria audiovisual nacional facilite el acceso a la información y la tecnología y desarrollar coproducciones internacionales que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.
Para ello, se llevaría a cabo la creación de un Fondo de Fomento Concursable para Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes.
Conocer las propuestas de este proyecto es esencial para poder participar del mismo como actores sociales y contribuir a los procesos democráticos que tienen como fin romper con las estructuras dictatoriales que aún coexisten en Argentina.
Esta participación se puede llevar a cabo a través de la presencia en los Foros o enviando propuestas referidas al contenido del proyecto a la siguiente dirección: proyectodeley@comfer.gov.ar
Para mayor información visitar el portal electrónico del Comfer: Aquí
Fuente: APM, Agencia Periodística del Mercosur
http://www. prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4305
