En las calles tendremos que defender la Constitucion

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La nueva prueba de su autoritarismo es la eliminación total de la discusión salarial con las organizaciones representativas de la clase trabajadora del Sector Público. El nuevo decretazo salarial, terminó por enterrar la ya de por sí casi extinta “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”.

Le dejaron el trabajo sucio al máximo jerarca de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, para que éste defendiera la anulación total del papel interlocutor de los sindicatos del Sector Público, ante el patrono-empleador: el Estado. Pero cometieron un grave error político, de cara a la rendición de cuentas que deberán darle, como “Gobierno de la República de Costa Rica”, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mes de junio próximo. Error mayúsculo porque fue el propio Oscar Arias quien en la mismísima sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, hizo una serie de compromisos sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Evidentemente, el Premio Nóbel de la Paz, hoy Presidente de la República de Costa Rica, quedará como un soberano mentiroso ante la comunidad internacional del mundo laboral. Nos encargaremos de que ello se divulgue por todo el orbe tan ampliamente como resulta necesario.

El régimen autoritario de los hermanos Arias Sánchez ya tiene dos ministros de Estado con abiertas actitudes antisindicales: el de la Presidencia y ahora el de Trabajo y Seguridad Social. Aquel nos trató de sindicatos “extremistas” y éste estableció que ya los sindicatos del Sector Público no son necesarios a la hora de hablar del tema salarial de los empleados públicos.

Se comete así, un nuevo ataque a la Constitución Política de parte del grupo en el poder. Se desconoce a los sindicatos que tienen rango constitucional y que tienen su institucionalidad garantizada por una amplia gama de convenios internacionales que Costa Rica ha ratificado y jurado observar; convenios que también tienen fortaleza de orden constitucional.

Este nuevo signo de autoritarismo y de ataque a la Constitución, se une al que ya anunció el Presidente legislativo, perteneciente al grupo del régimen de los hermanos Arias Sánchez, cuando se destapó hablando de que el TLC solamente ocupa de 29 votos. Salados aquellos señores legisladores y aquellas señoras legisladoras que le han venido haciendo el juego a dicho régimen, pretendiendo sacar ventaja negociadora de sus votos para el TLC. La fracción parlamentaria del régimen y su ala libertaria se bastarán así mismas para consumar otra violación constitucional más.

El ataque a los sindicatos y su desconocimiento, el antirreglamentario y antidemocrático proceso parlamentario de trámite del TLC, el anuncio de que solamente se pasará con 29 votos; más la cuestionada decisión judicial que anuló a la Asamblea Legislativa y que restableció la reelección presidencial para favorecer ahora al régimen en el Gobierno; todo junto nos indica una sola cosa: la Constitución Política de Costa Rica está siendo pisoteada como nunca antes lo fue desde su promulgación, en 1949. Por tanto, no hay la menor duda de que es en la calle donde deberemos defenderla.

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