Dice la Constitución Política de la República acerca de los derechos y garantías individuales que ¿Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios? (Artículo 26).
Igualmente, en el Título IV se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución (Artículo 27).
A renglón seguido señala que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley (Artículo 28). Sin embargo, para el Sr. Wilmer Arroyo, lo anterior, o sea reunirse pacíficamente, manifestarse públicamente, pedir cuentas a los funcionarios públicos, etc., contradice la Constitución Política.
Así se desprende del comentario publicado en la edición del programa radial ¿Panorama? (Comentario en la edición del 7/6/2006, ¿Qué significa Estado de Derecho?)
De esa manera el Sr. Arroyo pretende lograr algo digno de Mandraque: poner a la Constitución a contradecirse con la Constitución.
Seamos claros, el motivo de semejante disparate es colocarnos al margen de las leyes de la República a quienes hemos levantado las banderas en contra del TLC con los Estados Unidos.
Para acallar cualquier intento que signifique mostrar una opinión contraria a ese Tratado, recurre al argumento de que ¿El pueblo ya eligió, democráticamente, quienes son nuestros representantes y son ellos los únicos que decidirán, entre otros asuntos igualmente importantes, el TLC?
Olvida que no fue precisamente la mayoría la que votó a favor del TLC.
Y el presidente Oscar Arias lo reconoció públicamente al asegurar que ya pagó su precio por apoyar un proyecto que es anti popular.
Sin embargo, para el comentarista, los que expresamos un punto de vista contrario al TLC, buscamos el anarquismo, atentamos contra la paz y eso ¿no se puede tolerar?
En el clímax de su exaltación asegura que somos algo exógeno pese a haber nacido y vivir en el país, trabajar para el país y preocuparnos por el país.
Así se desprende cuando afirma que ¿Hay que tener claridad que la anarquía que algunos desean en nuestro país no es propio de nuestro modo de ser?
Luego de semejante disparate, el Sr. Arroyo señala que las manifestaciones públicas y pacíficas están reñidas con el Artículo 4 de la Constitución Política, donde se define a grandes rasgos lo que es la sedición. Así remata su argumentación y llega a donde quiere llegar: calificarnos de sediciosos.
Por eso termina su diatriba como una amenaza: ¿para los sediciosos también el Estado de Derecho tiene una solución: La Fiscalía General de la República y los Tribunales de Justicia, para que den cuenta de su obcecadas conductas si estas llegaran a hacerse, tristemente, realidad?
Al Sr. Arroyo le molesta que quienes estamos en contra del Tratado ejerzamos al derecho a reunirnos públicamente, para discutir asuntos políticos y examinar públicamente la conducta de los funcionarios.
Le molesta que ejerzamos el derecho a pedir cuentas y a obtener pronta respuesta.
En nombre de la democracia se pretende acallar nuestros derechos democráticos; en nombre de la Constitución se pretende colocarnos fuera de la Constitución.
Jorge Arguedas Mora
Cédula: 1 411 109
Coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE
12 de junio de 2006
