Nuestro país, otrora la “Suiza centroamericana”, se debate entre dos grandes flagelos, dos gigantes que le están desangrando y amenazan con destruirle sin piedad: la corrupción y el narcotráfico. Ambos males se unieron, se fusionaron para hacer estragos en nuestra sociedad.
En el caso del narcotráfico, según datos oficiales suministrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero del año 2010 y diciembre del año 2017 dicha policía realizó 4.935 investigaciones por tráfico de drogas. A lo cual debemos sumar, que la Policía de Control de Drogas, en el mismo período, desarticuló 987 organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Nuestros cuerpos policiales incautaron más de veintitrés mil kilos de cocaína en el año 2017, lo cual es una cifra considerable que da cuenta del nivel de incursión del narcotráfico, sin que podamos cuantificar lo que pasa por nuestro territorio sin ser detectado. Así mismo, se detuvo a más de novecientas personas por tráfico de drogas, evidencia del poder de reclutamiento que están teniendo los carteles de la droga. Además, dichas organizaciones criminales lograron también infiltrarse en los tres poderes de la República.
Tal como ha sido señalado por parte de las autoridades judiciales, la incursión del narcotráfico se vincula directamente con el incremento en la violencia que experimenta nuestro país. Es sabido que, dentro de las organizaciones criminales, o grupos dedicados al trasiego de drogas, existen disputas por territorio, enfrentamientos por pugnas de poder, venganzas y otros actos asociados al crimen organizado que, en los últimos cuatro años, tiene a nuestro país sumergido en una ola de violencia nunca antes vista.
Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los homicidios en los últimos años alcanzaron el nivel de epidemia, en el año 2017. La cifra superó las seiscientas (600) personas fallecidas dolosamente. La mayoría de las muertes, según las autoridades judiciales, se relacionan con ajustes de cuentas entre grupos dedicados al trasiego de drogas, sin embargo, el daño colateral viene a provocar una sensación de inseguridad y miedo que no es acorde con nuestra historia.
Por otro lado, nos encontramos ante otro gran problema, me refiero al resquebrajamiento de nuestro sistema democrático, por la pérdida de credibilidad en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. La desfachatez, la desvergüenza, los compadrazgos que han favorecido la impunidad, debilitan la credibilidad en ambos poderes del Estado.
En el caso del Poder Judicial, desde hace un tiempo se venían escuchando rumores sobre algunas actuaciones aparentemente irregulares. Como sociedad hemos visto con asombro la presunta vinculación de jueces o funcionarios judiciales, con grupos dedicados al tráfico de drogas. En el tiempo más reciente, hemos conocido por parte de los medios de comunicación, de situaciones irregulares en torno a la actuación de algunos funcionarios del más alto nivel dentro de la magistratura.
En la actualidad queda absolutamente documentado, que ha existido una especie de contubernio entre funcionarios del Poder Judicial, léase, Sala Tercera, Sala Constitucional, Ministerio Público, con algunos políticos, en detrimento de la transparencia y el deber de probidad.
Para nadie debería ser un secreto, que la corrupción y el narcotráfico son los grandes responsables de la debacle social y de inseguridad que vive nuestro país. Sin embargo, ambos dieron algunas señales que no advertimos, por ejemplo: Algunos legisladores y dirigentes políticos (2008) fueron procesados judicialmente por ligamen con el narcotráfico.
En torno al Poder Legislativo, es imperativo que nuestros padres y madres de la Patria, se den cuenta de la necesidad de mejorar el discurso. No es haciendo alharaca y discursos peyorativos que se van a resolver los grandes problemas que enfrentamos como sociedad. Los discursos incendiarios deben quedar para las plazas públicas. En el plenario legislativo, debe prevalecer el respeto, la cordura, la asertividad y la búsqueda del bien común.
Regresando al contubernio entre el narcotráfico y la corrupción, en opinión del suscrito, se debió advertir del nivel de penetración que se avecinaba para nuestro territorio, no obstante, las personas responsables de tomar decisiones, miraron para otro lado, como diciendo, “la cosa no es conmigo”.
La detención de exdiputados y la vinculación de altos dirigentes políticos con el narcotráfico, debieron ser una alerta inmediata. En cuanto al Poder Judicial, no me parece creíble que la corrupción se fraguara en tan solo cuatro años. Es posible que la misma provenga desde la época (2002) en que se acusó la venta de queso por parte de un magistrado, utilizando recursos del Poder Judicial.
Ciertamente, de la corrupción se nutren y seguirán sacando provecho el narcotráfico y el crimen organizado. A menos que los costarricenses enarbolemos el valor de nuestros antepasados, para defender lo que nos queda de nuestra historia de paz. De lo contrario, terminarán logrando su cometido, resquebrajar nuestro sistema social de derecho y, por ende, nuestra democracia.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
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