No tenemos noción de que la historia reciente de nuestra Patria, luego de la fundación de la Segunda República, en 1949, registre una campaña mediática de tanta virulencia, tan cargada de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de un grupo social determinado, como la que ha estado desarrollándose durante los últimos meses en contra del sector laboral asalariado del Estado costarricense: los Empleados Públicos.
Esta campaña está tan cargada de odio, de tergiversaciones, de verdades a medias, que nos hace evocar (guardando las obvias dimensiones de espacio y de tiempo), campañas de limpieza étnica, de exterminio político, de expulsión completa de sus ámbitos de convivencia, de grupos sociales completos; ocurridas en otras naciones y en otros contextos; y que, lastimosa e irreparablemente, dividieron a una sociedad hasta llevarla a confrontaciones de alta intensidad, extremadamente dolorosas dejando heridas que no sanarían nunca más.
La campaña que denunciamos está llegando a niveles, realmente, demenciales. Por ejemplo, han puesto a la Aresep a derogar la Constitución, a abrogar el Código de Trabajo, a nulificar el papel del parlamento; a renegar de los compromisos internacionales del país en materia de Derecho Laboral, convertidos en leyes de la República por parte de la Asamblea Legislativa, cuando fueron ratificados parlamentariamente. Están dispuestos a negar la vigencia del Derecho Sindical, conceptuado como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido; sin hablar que no tiene la menor importancia para los promotores de esta insana campaña, lo que en la materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, plantea la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica.
Varias de las más grandes corporaciones mediáticas y de comunicación del negocio de las noticias que están liderando esta campaña (dos de ellas involucradas en “controversias” tributarias con el fisco), pretenden gobernar este país sin haber ido a elecciones; y, ante su desesperación porque no sale la ley de empleo público que quieren imponer, vienen desarrollando esta perversa operación mediática al estilo del “famoso” propagandista nazi Goebbels: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.
Tan sólo falta que a uno de sus amanuenses, los ideólogos de esta campaña lo ponga a proponer que a cada una de las actuales personas trabajadoras asalariadas del Estado, se le coloque en su camisa, en su blusa, en su saco, en su suéter, una etiqueta, un signo, una “marca”, por ejemplo “EP” (Empleado Público-Empleada Pública”); para que el resto de la sociedad sepa que ese o esa “EP”, es una “persona vividora, corrupta e ineficiente de salario privilegiado”; mientras que quien no lleva la “EP”, es una “persona trabajadora sacrificada, honrada, eficiente y de salario justo”.
¡Ya usted habrá imaginado a qué acontecimiento espantosamente trágico estamos evocando con esto de las etiquetas para estigmatizar perversamente y en función de la generación de odio!
La campaña de odio contra los empleados públicos y las empleadas públicas que estamos viviendo en la sociedad costarricense tiene un único objetivo estratégico fundamental: el exterminio, la extinción, la desaparición sociopolítica de la organización sindical de toda la dinámica de las relaciones de poder en la sociedad.
A su vez, tal objetivo deriva en otros dos que le son subordinados: reducir el empleo público a su mínima expresión y que lo que quede de él, que quede en condición igual a la que impera en el sector privado: salarios precarizados apenas por el mínimo de ley y en un ámbito de total ausencia de organización sindical.
Con ello se obtiene una acariciada meta no alcanzada plenamente aún: la apropiación privada para la explotación comercial de aquellos servicios públicos todavía no entregados, o parcialmente entregados, al corporativismo de negocios: ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS, CAJA, A Y A y otras empresas públicas. ¡Que no son generadores del déficit fiscal!
¡No! No es una o unas cláusulas determinadas en una particular Convención Colectiva de Trabajo. ¡No! No son los pluses salariales ni las anualidades. ¡No! Ni siquiera es el llevado y traído tema “apocalíptico” del déficit fiscal. ¡No! Todo esto se puede hablar, se puede discutir, se puede reformular, se puede cambiar. ¡Pero No! La cuestión es profundamente ideológica: ¡Todo mercado… nada Estado! ¿A usted, “EP”, todavía le queda alguna duda de que vienen por usted, por su familia, por su empleo, por su seguridad?…
