Las concepciones, las visiones y las prácticas sindicales más sanas no serían tales, si no insertamos en nuestra lucha de todos los días, la imperiosa necesidad de impulsar por todos los medios a nuestro alcance, la Transformación Tributaria Estructural que la democracia costarricense ocupa en los actuales momentos sociohistóricos y político-económicos.
Mucho de ello hemos hablado y escrito a lo largo de los últimos años, pero ahora con mucha más razón, más argumentos y más ímpetu al conocerse los detalles más generales de la investigación legislativa costarricense sobre el escándalo mundial conocido como Los Papeles de Panamá (Panama Papers).
Fue el pasado 3 de abril de 2016 cuando unos 109 medios de comunicación de 76 países dieron a conocer lo que se cataloga como la más grande investigación periodística de la historia; centrada en el funcionamiento del bufete de abogados panameños y de otras nacionalidades, conocido como Mossack Fonseca, el cual se especializó en ayudar a los ricos a esconder sus fortunas para evadir responsabilidades tributarias con sus respectivos pueblos.
En ese marco y dada la profundidad que ha adquirido en Costa Rica el robo de impuestos, es que nos hemos convencido de que el país va hacia el despeñadero y, específicamente, hacia el sufrimiento de un Estado fallido, si no se producen drásticos cambios en sus finanzas públicas vía modificaciones tributarias de fondo.
Dice Wikipedia que el concepto de Estado fallido representa lo siguiente: “Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Incapacidad para suministrar servicios básicos. Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional”.
En Costa Rica, estamos presenciando señales de que vamos hacia un Estado fallido con base en la anterior definición y le dejamos como inquietud que usted empiece a pensar en ello. Por eso, es nuestra terca prédica y cruzada cívica que lleva ya mucho tiempo, abogando por esa Transformación Tributaria Estructural, así en mayúscula para resaltar su relevancia.
La distinguida señora diputada Marcela Guerrero Campos presidió el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora conformada en el seno de la actual Asamblea Legislativa, “… para analizar los llamados Panamá Papers, identificar las maniobras de los defraudadores y así proponer reformas jurídicas necesarias para luchar contra el fraude fiscal”.
Así lo leímos en el documento resumen del informe de la también denominada Comisión Mossack-Fonseca, según el nombre del ahora tristemente célebre bufete de abogados panameños que estableció un gigantesco procedimiento operativo de alcance global para las más creativas triquiñuelas de fraude fiscal-tributario en las más diversas modalidades.
La legisladora Marcela Guerrero Campos presentó a la prensa nacional informe en tal sentido para el caso costarricense, el pasado jueves 30 de marzo de 2017, firmando junto a sus colegas Patricia Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría y Marco Vinicio Redondo Quirós este crucial documento, mismo que debemos leer y analizar intensamente; y, a la vez, divulgarlo al máximo para una comprensión cabal de cuál es la real naturaleza que enfrenta una práctica consecuente de Sindicalismo Sociopolítico y su expresión concreta en el día a día que hemos dado en llamar Sindicalismo Ciudadano si queremos aportar para sociedades con real inclusión social, especialmente a favor de todos los sectores que conforman la clase trabajadora.
“Facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en off shore, son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos”.
Como es bien conocido ya y aceptado por todo mundo, en nuestro país la evasión de impuestos, la elusión tributaria y más contundente, el robo de impuestos, supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Lo hemos apuntado ya muchas veces, pero ahora con este informe legislativo se hace más sólida la denuncia al respecto. Hablamos de más de 2.400.000.000.000.00 (dos billones cuatrocientos mil millones de colones).
Gran parte de esta enorme cantidad de dinero que es robado a la sociedad cada año, debe hurtarse mediante los creativos mecanismos que detectó la indicada comisión legislativa mediando prácticas engañosas de asesores legales y contables, como bien indica el citado informe.
Estos abogados, por lo general aglutinados en bufetes nacionales de renombre y de altos honorarios por sus servicios, “se dedican a vender como servicio el encubrimiento o camuflaje de las leyes. Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado”, así afirmado de manera contundente por el legislador don Marco Vinicio Redondo Quirós.
Entonces, tenemos que los episodios más perversos de robo de impuestos se dan en nuestro país para el favorecimiento y agrandamiento de fortunas mal habidas en detrimento de la mayoría ciudadana que sí trabaja honradamente, que sí paga puntualmente sus impuestos, como lo hace la clase trabajadora que tiene empleo formal y salario fijo como la que no lo tiene.
A pesar de la gravedad de esta situación, de las magnitudes que tiene el crimen social que significa el robo de impuestos en Costa Rica, no vemos que pueda ser un tema para el debate electoral nacional de cara a los comicios de febrero de 2018.
Va a corresponder a las fuerzas sindicales y cívicas, así como a las político-electorales sanas asumir estos retos, junto al pueblo expoliado por la gravedad del crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.
En lo específico, el discurso y la acción sindicales tienen que hablar de este problema una y otra vez, sin cansancio alguno y aunque suene reiterativo, una especie de majadería cívico-social al respecto resulta vital para que la Democracia misma se mantenga.
