Los mecanismos institucionales para organizar las relaciones entre el Estado y el mercado son al mismo tiempo complementarios y competitivos. Esas relaciones cambian de acuerdo con las necesidades estructurales y el marco organizacional existente, es decir, tienen una dimensión histórica en el sentido de que no son permanentes en el tiempo y el espacio.
Las maneras en que el Estado y el mercado se articulan experimentan modificaciones porque están inmersas en un complejo esquema de contradicciones que surge de los conflictos entre decisiones y restricciones; entre demandas y capacidades; y entre medios y fines.
Estas vinculaciones han dado lugar a construcciones institucionales, pactos sociales y combinaciones económicas concretas que se ajustan y adaptan, en mayor o menor medida, a los cambios del entramado socio-político.
Las reglas que organizan institucionalmente las relaciones entre el Estado y el mercado son indispensables para garantizar, promover y secularizar el intercambio económico, social y político. Por esta razón ambos están inevitablemente entrelazados y ninguno de los dos puede suplantar al otro.
Las funciones estatales incorporan las tramas sistémicas prevalecientes entre el mercado, el Estado y las instituciones, por ello son económicas y políticas simultáneamente. Esas relaciones se reflejan en las cuatro responsabilidades del Estado más ampliamente reconocidas: corregir las fallas del mercado, inducir el crecimiento de la producción, establecer leyes y regulaciones económicas y redistribuir el ingreso.
Estas obligaciones del Estado revelan dos aspectos importantes. Primero, las interconexiones que hay entre ellas, es decir, que sus causas y efectos están entrelazados. Segundo, que estas funciones no dependen únicamente del intercambio en el mercado y de la asignación de recursos por medio del mecanismo de los precios, sino también de las instituciones, leyes económicas, regulaciones y controles que contextualizan la realidad.
En cuanto a las ventajas comparativas de estas dos instituciones para lograr los diversos objetivos, la teoría no parece proveer de fundamentos, normativos o positivos, para determinar cuál produce resultados más eficientemente en términos del desempeño económico, especialmente cuando se considera no solo la rentabilidad privada, sino también el rédito social.
Lo que sí es evidente es que las características institucionales: organización de la administración pública, preparación y actitud de los funcionarios, y recursos financieros disponibles, entre otros, son factores que influyen de manera significativa en la eficacia de la intervención estatal en la economía.
Pero también es claro que el Estado como institución puede modificar los comportamientos de los agentes sociales y establecer ordenamientos jurídicos que cambien la operación del sistema económico.
Es por ello que el análisis de los nexos prevalecientes entre el Estado y los mercados debe ir mas allá de la asignación eficiente de los recursos. Debe incursionar en el ámbito distributivo y por ende profundizar en temas de naturaleza política como la cohesión y la inclusión social, la participación democrática en la toma de decisiones y la orientación del desarrollo en su concepción más amplia y humana.
6/15/2007
