La gravedad del cruce de acusaciones entre la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda y el periódico La Nación, debido a una disputa tributaria que este emporio mediático tiene con el Estado, el cual le demanda el pago de unos 2 mil millones de colones, no debiera ser un asunto meramente circunstancial; tratándose de la naturaleza astronómica de la cuantía anual del robo de impuestos en nuestro país, en todas sus formas.
El asunto salió a flote luego de lo que consideramos como la decisión más errónea del primer mes de gestión gubernativa del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera: eliminar la directriz 030-P emitida por la exmandataria para procurar que la mayoría de los presuntos delitos tributarios por robo de impuestos terminaran en los despachos judiciales; pretendiendo lograrse no solamente la recuperación (más multas) de lo evadido, sino que quienes cometieron tal crimen social obtuvieran cárcel por su delito. A la fecha, tenemos confusión sobre si realmente se echó marcha atrás y convendría que se aclarara con contundencia que no habrá conciliación con los grandes evasores de impuestos.
Entendemos que el sentido de tal directriz estaba relacionado con la necesidad de dar un potente escarmiento y generar un gran desestímulo a la tentación de evasión fiscal; y que la política pública de combate al robo de impuestos dejados de pagar llegase hasta las últimas consecuencias; es decir, hasta la condena judicial con pena de cárcel para los eventuales culpables, sean quienes fueren y sin importar el tiempo que durase el respectivo proceso penal.
Tal acción ejemplarizante tendría unas repercusiones más profundas y más impactantes si quienes fueren condenados con pena de cárcel por evadir impuestos, fuesen personas representantes de poderosos consorcios de diverso orden del mundo empresarial de los grandes negocios (entre ellos, los de corte mediático).
En este y en similar sentido, la directriz emitida por la entonces mandataria Chinchilla Miranda tenía un carácter políticamente correcto y, por ende, la conciliación no procedía bajo ninguna circunstancia, con ese marco de lógica gubernativa para combatir el fraude fiscal que es, como venimos diciendo, monumental en el amplio sentido del término.
Ahora resulta que la exmandataria afirma que por haber sido emitida tal directriz, el periódico La Nación la “castigó” imponiendo una línea informativa sobre su gestión gubernativa con signo totalmente negativo para desprestigiarla, insistiendo ella en que tal directriz no tenía ninguna intencionalidad subjetiva, es decir, “sin nombre ni apellidos”.
Por el contrario, La Nación la acusa de que fue más bien ella quien “se sacó el clavo” con este periódico, pues éste le sacó que el entonces Ministro de Hacienda, con Fernando Herrero Acosta, estaba metido en un lío tributario, desde hacía bastante tiempo; al punto de quedar tan desautorizado por abogar a favor de un paquete fiscal que el gobierno Chinchilla Miranda estaba promoviendo, que tuvo que renunciar al cargo. ¿Cuál de las dos partes dice la verdad? ¿Quién estuvo, políticamente, “extorsionando” a quién?
El Grupo Nación, como supuesto gran contribuyente en materia de impuestos, tiene una larga controversia con el Estado el cual le reclama unos 2 mil millones de colones por una supuesta transacción mercantil irregular.
Según registra el periódico electrónico crhoy.com, en nota del sábado 7 de junio de 2014, “La Nación S. A. representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por su primo hermano Carlos González Jiménez, por un monto de $2 millones.
A su vez, Capital Leasing Corporation de Belice habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadora Interfin, S. A. de la cual Luis Liberman era Vicepresidente. Esa nueva venta fue por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Nación y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados sobre la utilidad generada. Arrendadora Interfin, S. A. alquiló entonces las rotativas a La Nación en poco más de $80 mil mensuales.
De acuerdo con la Dirección de Tributación, ese fue “un medio idóneo de engaño dirigido a lesionar a la Hacienda Pública” que, a primera vista y según el informe de la DGT, mostraba un ocultamiento de ingresos por los cuales La Nación debió de haber pagado impuestos. Cabe resaltar que la maquinaria de la cual se habla en esta nota nunca abandonó las instalaciones de La Nación, ubicadas en Llorente de Tibás.
A 2002, el monto del perjuicio, según cálculos de la Dirección General de Tributación Directa (DGT), superaba los 450 millones de colones y a lo largo del tiempo han generado intereses, multas y un daño social calculado en más de 1900 millones de colones”.
La presunción de inocencia es un sagrado derecho constitucional que debe respetársele a todo el mundo en este país, ya sea persona física o persona jurídica. Nadie debe ser señalado como culpable, como criminal, si no hay de por medio una sentencia judicial en firme.
Es evidente que si en esta controversial disputa tributaria, al final del largo y sinuoso camino que está transitando y que no ha terminado, y que podría durar mucho tiempo más, si este grupo mediático-empresarial saliera condenado por robo de impuestos, resultaría un acontecimiento demoledor para su prestigio, para su credibilidad, aspectos de su quehacer sumamente reconocidos en amplios sectores ciudadanos.
Ello le restaría mucha autoridad ante el sistema político pues para nadie es un secreto que dentro del conjunto de factores del poder real en nuestra sociedad, La Nación tiene el propio. En este eventual escenario, resultaría mejor la conciliación para salvar el honor y seguir “jugando en las grandes ligas” de la política nacional.
Pero además, ¿cuáles otros consorcios corporativos podrían estar en la misma situación? En otra publicación del mencionado periódico electrónico, se habló de unos diez, cuyas deudas juntadas con el fisco rondarían los 5 mil millones de colones. ¿Habrá más?…
Nosotros discrepamos que en estos casos la conciliación sea la resolución final. Nosotros creemos en una especie de “santa cruzada” contra la evasión fiscal en todas sus formas. Institucionalizar la conciliación en estos casos y aún en otros de menor impacto, es enviar a los ladrones de impuestos un mensaje, en sentido figurado, como éste: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de los impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar, conciliaremos… nada más nos pagan la multa y ¡ya!”.
Es que es de tal calibre la suma anual de robo de impuestos que como sociedad debemos ser implacables. Hablamos de 5.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), ahora reconocido oficialmente. Según las proyecciones del programa monetario del Banco Central de Costa Rica (BCCR), un 1 % de PIB equivale a unos 265 mil millones de colones (265.000.000.000.oo). Nos quedamos cortos en nuestro propio cálculo que indicaba 250 mil millones de colones. Entonces, el robo de impuestos es de ¡un billón, 537 mil millones de colones! (1.537.000.000.000.oo). Semejante robo, semejante crimen social, solo merece la cárcel.
