En el Partido Frente Amplio no bajamos la guardia, todo lo contrario, estamos vigilantes del camino que recorra el proyecto de ley N° 19.506 “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”, a pesar de que trascendiera que el Poder Ejecutivo no lo incluyó en la lista de proyectos que dispuso para su trámite en sesiones extraordinarias del Congreso.
La última versión de esta nefasta iniciativa, la cual ha sido calificada como ‘un cascarón’ por algunos sectores enemigos de la clase trabajadora debido los cambios a los que fue sometida, merece la misma atención que el texto original.
Aunque últimamente han querido vendernos la idea de que la iniciativa perdió su esencia y puede calificar como un proyecto supuestamente light, más adelante podría convertirse en un peligroso portillo.
Cualquier proyecto en este sentido abriría la posibilidad de realizar posteriormente significativos cambios en el Estado Social de Derecho.
Para analizar el empleo público, es necesario aplicar una visión integral, son los funcionarios los que pagan todas las cargas sociales establecidas por ley, convirtiéndose en un pilar fundamental para sostener y fortalecer el Estado Social de Derecho.
Las rebajas que se le aplican a los trabajadores, sin importar su escalafón, están ligadas directamente con los ingresos que reciben instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, para ser destinadas a la atención de la pobreza.
Suma el hecho de que el salario en el sector privado está precarizado (según datos del Ministerio de Trabajo el 28% de los trabajadores de este sector reciben menos del salario mínimo ) y no se aplican los controles para fiscalizar que la situación se regule, principalmente en piñeras y extensiones de monocultivos.
Por otra parte, el argumento de manosear los salarios del sector público para atacar el déficit fiscal no tiene bases.
Según los informes económicos que manejamos en el Frente Amplio, la brecha que debe cerrarse para detener el crecimiento de la deuda pública producto del déficit fiscal es de 3,8% del PIB, es decir, para este 2016 son ¢1,14 billones. De esta forma, afirmar que el déficit se solventa reduciendo la planilla del Gobierno Central conlleva necesariamente a despedir una cantidad de funcionarios tal que sus remuneraciones, en conjunto, representen un recorte de ese tamaño.
Lo anterior supondría despedir a 63.000 funcionarios y funcionarias del Gobierno Central, aumentando la tasa de desempleo del actual 9,6%, hasta un 12,45%. Con el agravante de que no solventaría el déficit desde una transformación estructural de la economía sino mediante una medida paliativa inmediata de efectos devastadores. Esta opción no tiene pies ni cabeza.
Otro argumento equivocado es el que dice que eliminando pluses salariales baja el déficit. Según el Informe del Fondo Monetario Internacional, titulado “Opciones para racionalizar el gasto del Gobierno Central”, si se toman fuertes medidas sobre los llamados pluses, el “ahorro” para el primer año alcanzaría apenas un 0,09% del PIB, alcanzando un 0,16% del PIB para el tercer año.
El informe analizó suspender la acumulación de anualidades, reducir el presupuesto para el pago de dedicación exclusiva en un 10% y establecer que el monto percibido por otras bonificaciones (como disponibilidad, carrera profesional y remuneración por riesgo) no pueda ser superior al 10% de la remuneración total. Con todos estos recortes el monto de ahorro sería insignificante.
Por estas razones somos del criterio que el déficit fiscal debe resolverse con renta progresiva, con ajustes al modelo impositivo para que realmente paguen más los que más tienen. Nuestra posición es y ha sido que los ricos tributen como ricos.
En el Frente Amplio no apoyamos el proyecto, consideramos que el tema del empleo público nunca se debería tocar en perjuicio de los trabajadores, ni mucho menos pretender tapar malas decisiones políticas y años de corrupción precarizando el salario de los trabajadores. Por lo anterior evitaremos a toda costa que la discusión salga de comisión para ser elevada al Plenario.
Artículo de opinión publicado en El Financiero()
