Grave error, fuerte ofensa a la ciudadanía y alimento para su propia deslegitimación sería para la actual Asamblea Legislativa, desconocer el gran esfuerzo de la Comisión de Nombramientos del parlamento que recomendó, finalmente, tres personas para ocupar el honroso cargo cívico de Defensor de los Habitantes de la República.
Sería una grotesca burla que desde el plenario legislativo, los juegos politiqueros se saquen de la manga y “mercantilicen”, a través de la triquiñuela, esta elección, imponiendo un “cuarto” nombre; dejando plantadas y profundamente ofendidas las dignidades cívicas de las señoras Monserrat Solano Carboni y Yanis Quesada Chanco y del señor Ricardo Valverde Gómez, quienes fueron las máximas calificadas de un escrutinio rigurosos efectuado a 97 personas postulantes originales.
La Defensoría quedó lesionada en su credibilidad por las circunstancias que mediaron para que su máximo cargo quedara en vacancia, como consta al país.
Ahora, designar a la persona sucesora al margen del proceso desarrollado por la Comisión de Nombramientos del parlamento, no le ayudará en nada a la Defensoría de los Habitantes de la República a recobrar esa credibilidad y esa legitimidad lesionadas.
Hacemos un fuerte llamado a las fuerzas parlamentarias sanas y proclives a la transparencia para que no caigan en ese tipo de componendas de la política tradicional costarricense; componendas que hunden a la Asamblea Legislativa en el lodazal del más grande desprestigio ante la ciudanía, y máxime sin son contaminadas con fundamentalismos de diversa laya. Condenamos, enérgicamente, estas actitudes diputadiles que ofenden la inteligencia del pueblo costarricense.
Con gran vehemencia, ANEP demanda respeto pleno al proceso transparente de nominación para tan digno cargo; procediéndose a escoger a una de las tres personas que para la opinión pública fueron completa y transparentemente auscultadas y evaluadas.
