El grupo de exoreros del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, que desde tempranas horas de la madrugada tomaron la Ruta Interamericana Sur, a la altura de Río Claro, han decidido levantar el bloqueo ante la anuencia de las autoridades de Gobierno de recibirlos en Casa Presidencial, este lunes a las 3:30 de la tarde.
Los exoreros serán recibidos en Zapote por el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez y el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta, así como otras representaciones gubernamentales.
Entre las peticiones de la Seccional ANEP-Exoreros, se encuentra la aprobación por parte de JUDESUR de una indemnización correspondiente al desalojo que sufrieron estas personas hace 28 años del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas en la Península de OSA. Otras de las peticiones que expondrán esta tarde en Casa Presidencial, será el reforzamiento en la seguridad de estos parques nacionales, ya que oreros ilegales están invadiendo la zona para la extracción de oro.
Además, la ANEP y la indicada seccional vienen promoviendo desde hace ya muchos meses, la aprobación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.912, con el cual se hará justicia a 721 familias que ante la ley de prohibición de la explotación minera de oro a cielo abierto, se quedaron sin fuente de sustento alguno, razón por la cual la más indignante pobreza les está afectando.
Nevi Sobrado, Presidente de la Seccional ANEP-Exoreros indicó que dicho proyecto, incluso fue firmado por la ex Presidenta de la República, Laura Chinchilla y por el ex Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
Sin embargo, Lídier Aguirre Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ex oreros de Golfito explicó que actualmente el proyecto se encuentra paralizado, debido a que JUDESUR “envió una nota diciendo que no tenía los fondos para hacernos el pago a los ex oreros”.
Nevi Sobrado detalló, que en primer término en el proyecto se habló de una indemnización de 5 millones de colones por ex orero, sin embargo luego se pasó a la Comisión Calificadora de la Asamblea Legislativa que determinó un pago de 10 millones de colones. Monto que podría ser negociado nuevamente.
