Muy a pesar que algunos tópicos sociales nunca pasan de moda, en las mesas de discusión y debate, ciudadano, político y en medios de comunicación; lamentablemente, no es ninguna novedad que, por más discutido que esté un asunto, no se llegue a nada. Todo aquel universo de circunstancias conexas con la seguridad ciudadana es justamente uno de estos casos. Las décadas se acumulan, las preocupaciones son las mismas, las acciones, muy pocas, y los resultados tangibles…bueno, basta con ver las estadísticas para contestar.
Son variadas y numerosas las opiniones de personas vinculadas a la materia de seguridad, que señalan, una y otra vez, la necesidad de que en Costa Rica se planteen verdaderas políticas criminológicas y de seguridad ciudadana. No obstante, parece que nuestro “país de paz” no quiere salir del letargo de negación con el que se ha disfrazado, justamente con estas tres célebres palabras. Mientras, las calles se tiñen de sangre, el crimen organizado recluta a los jóvenes, las personas caminan temerosas, se descubren cuantiosas maniobras de cuello blanco para arrebatar el dinero a un país necesitado, y los turistas comienzan a pensarlo para marcarnos como su destino favorito. Testificamos con gran expectativa el inicio del proyecto Sembrar Seguridad, impulsado a través del decreto ejecutivo número N° 41242-SP, sin embargo, parece que los engranes que mueven está bien intencionada estrategia permanecen algo oxidados, sin dejar de lado que dicha iniciativa deja por fuera un aspecto fundamental para una verdadera política estatal, el acompañamiento de los instrumentos jurídicos, para garantizar el éxito y conservación de lo alcanzado.
ANEP, obediente a su filosofía propositiva, se ha ocupado, informado e instruido, para opinar con propiedad en el estadio de interés, y, justamente en nuestra propuesta: “primer paso para la creación y aplicación de políticas enfocadas a la contención de la conducta delictiva”, señalamos como pilar fundamental el integrar una orientación normativa especializada, con aquello relacionado a la seguridad.
Sobre el proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio, de entrada, preocupa su aplicación jurídica, pues, aunque la intención de esta herramienta legal es indudablemente buena, rasga la línea de la infracción de derechos fundamentales. Veamos; extinguir el dominio del patrimonio de una persona, sin una sentencia firme que le acuse de la comisión de un delito, (aunque sea “vox populi” que el sujeto sea un delincuente de toda una vida) da pie para que un abogado defensor apunte a una flagrante violación a la inviolabilidad de la propiedad privada (art 46 Constitución Política), y al principio de inocencia (artículo 37 Constitución Política). Eso sin entrar a conocer toda la cascada de tecnicismos que podría alegar un profesional en derecho. Ojalá los impulsores de esta Ley, vayan más allá del populismo punitivo que corroe nuestra cultura, y tomen las previsiones necesarias para que esta necesaria iniciativa no sea derrumbada en Sala Constitucional
Justamente es en este punto en el que entra la importancia de sacar provecho a tantos y tantos debates que se originan sobre un tema, la oportunidad de integrar posiciones y juntar a profesionales pudientes. El derecho posee como apoyo a sus argumentaciones la ciencia y la técnica, es aquí donde se debe recordar que los cuerpos policiales son los verdaderos especialistas, en lo que respecta al actuar de los antisociales. Esto no solo con delincuencia común, también con el crimen organizado, indistintamente de todas sus modalidades; es menester incorporar la experticia y experiencia de todos los cuerpos policiales dentro de la “justicia penal”, tenemos la puerta para innovar y ser pioneros en un flagelo que arremete con fuerza a toda la región.
Ahora bien, las razones por las que, a pesar de la necesidad de trabajar fuerte en lo atinente a la seguridad, de impulsar con efectividad las herramientas para atrapar al individuo que se beneficia del lavado de capitales que provienen de crímenes como el contrabando, narcotráfico y hasta trata de personas, y no solo al que distribuye “producto” en las calles, escapan objetivamente a nuestro conocimiento, sin embargo, se apoderan de nosotros algunas hipótesis maliciosas que explican las causas.
Existe cierta clase política que se caracteriza por un patrón conductual (por no decir modus operandi) que se distingue proyectado al proteccionismo de algunos sectores, en tesis de principio, grandes neoliberales, en la realidad ¿Será solo eso? (Si a eso nos referimos con las hipótesis maliciosas). Oponerse por completo a que se descubra quien es la persona realmente beneficiada con las ganancias en una sociedad anónima, apuntar con el dedo, acusar de los problemas de un país a la clase productiva y privatizar servicios de seguridad en el aeropuerto, se conjugan ahora con el debilitamiento de la Ley de Extinción de Dominio, al dejar por fuera delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando ¿A quiénes están protegiendo señores políticos?
Defender a toda costa al sector neoliberal que busca seguir acumulando riquezas en detrimento de aquellos más pobres, es una cosa, repudiable, pero entendible. Por el contrario, estructurar movimientos para proteger a posibles infractores de crímenes que dañan a la sociedad de manera considerable (aún más que un robo o un homicidio), producen una serie de incógnitas que escandalizan sobre manera a nuestra organización. Excluir estos tipos penales de este proyecto de ley es un grito abierto y descarado, de cierta clase política, que pide no les sancionen por quitarle el dinero al pueblo, y, así mismo, resguardar a quienes realmente mueven los hilos desde las sombras, para seguir garantizándoles la impunidad de sus actos.
Una vez más, (en este corto gobierno lo hemos visto ya en varias ocasiones), presenciamos una desvergonzada acción de, reiteramos, cierta clase política, por dejar fuera del alcance de la legalidad, a sí mismos o a quienes financian las campañas políticas. Dejar por fuera de esta ley la corrupción es lo mismo que dejar la puerta abierta para que el crimen organizado busque en figuras políticas posicionadas una forma de cumplir con sus objetivos ilícitos (como ya se ha hecho antes), suficiente razón de peso para prevenir tal posibilidad, lo que obliga a cerrar rotundamente ese portillo.
Finalmente, hemos de indicar que, este tipo de acciones desnudan los verdaderos intereses que defiende esa clase política, que impulsa la impunidad de los delitos de cuello blanco, que ahora más que nunca cuestionamos si esta conducta es propia o dirigida, para pagar favores de quienes pusieron el dinero para financiar las campañas. Costa Rica, es momento de preguntarnos, e investigar, el verdadero origen de esos capitales que se una u otra forma se han puesto a disposición y ayuda de esa clase política que estamos identificando. ¡Que los hechos de políticos corruptos no se conviertan en otro tema de debate que nunca llega a nada!
Jonathan Flores Mata
Criminólogo
Directivo Nacional de ANEP
12 noviembre, 2018
Programa Horizontes: Ley de Extinción de Dominio, en Costa Rica! El Lic. Jonathan Flores, comenta la posición de la ANEP, ante la discusión del proyecto, presentado en la Asamblea Legislativa.
