Comunicado de prensa
Isla Caballo, Golfo de Nicoya. El martes 8 de agosto en horas de la mañana, el fuego consumió la casa de don Pedro Velásquez Velásquez; dentro de la casa estaban sus pertenencias y los ahorros de toda una vida.
Don Pedro ha habitado en ese lugar por más de 35 años. Vive solo, enfrentando limitaciones tan duras como la carencia de agua potable, dedicado a la pesca y al cuido de los animales y los árboles que le brindan compañía.
Al momento del siniestro, don Pedro se encontraba haciendo unas vueltas en Puntarenas. Cuando regresó encontró su casa quemada.
Vecinos del lugar aseguran haber visto un grupo de oficiales arribar en dos embarcaciones de la base naval de Puntarenas y prenderle fuego a la casa de don Pedro.
Algunos meses atrás, don Pedro junto con otros de sus vecinos, fueron llevados a Puntarenas y ahí, mediante intimidaciones y engaños, se les hizo firmar “unos papeles” sin mayores explicaciones. Don Pedro no sabe leer ni escribir. El documento donde le hicieron estampar su huella digital aparentemente fue un “compromiso” de desalojo.
Aún, si el desalojo fuese “legal” – cosa que ponemos en duda – en el gobierno de un Premio Nobel, no se puede incendiar una casa en estas condiciones, sin previo aviso y sin dar respuestas a las mínimas necesidades de un ser humano que allí vive. Pero, ¿por qué ocurre este hecho?¿quiénes están detrás de esta conducta vandálica?
Hemos denunciado y ha sido confirmado por diversos medios, que hay un estadounidense James Zéller que pretende apoderarse ilegalmente del 60% de Isla Caballo, mediante 5 concesiones, para vender esas tierras.
Las acciones en este sentido contaron con la participación y complicidad de dos funcionarios del actual gobierno:
1) Viviana Martín Salazar actual viceministra del MOPT, que figuraba en certificaciones notariales en nuestro poder como dueña del 60% de las acciones de las 5 sociedades que firmó los contratos de concesión con la Municipalidad de Puntarenas, y
2) Jorge Woodbridge, actual viceministro de la Producción, quien gestionó la ratificación de esos contratos ante la Asamblea Legislativa y gestor de la búsqueda de inversionistas o VENTA.
Estos funcionarios – aunque no encendieron el fuego – prepararon las condiciones y apoyaron los intereses de los que incendiaron la casa de Don Pedro.
Exigimos al gobierno de Costa Rica, una completa investigación del tema de fondo (que han evitado hasta ahora), y una denuncia formal ante el ministerio público del salvaje incidente del incendio.
Es hora de que este gobierno demuestre su compromiso con la paz y la legalidad y separe a los corruptos de sus puestos. Esperamos también una pronta ayuda y reparación de los daños materiales ocasionados a Don Pedro y a los pobladores de Isla Caballo.
Justicia para el pueblo de Isla Caballo.
San José, 9 de agosto del 2006
