Como supuestamente estamos llegando “al fin de los tiempos” en este asunto del llevado y traído déficit fiscal; y, considerando que se pretende meterle gran miedo y terror a la población de que el “Apocalipsis” está a la vuelta de la esquina en esta materia; además de que según la gente que está pensando así ha llegado la hora de empezar a prender las hogueras “a lo Torquemada”, pues la responsabilidad de todo este “desastre” son los empleados públicos y las empleadas públicas, aquí van unas diez ideas a considerar si es que alguien se preocupa, objetiva y sanamente, en propiciar algún “acuerdo nacional” en esto de las finanzas públicas y del déficit fiscal.
PRIMERO: El esfuerzo debe incluir, al menos, a partidos políticos, fuerzas sociolaborales y gremios corporativo-empresariales, con representatividad objetiva e interés sano en buscar una salida integral y compartida al problema. Los extremismos fundamentalistas de uno y otro signo que suelen coludirse, políticamente hablando, en contra del bien común, en contra de la inclusión social y evitando que haya políticas para reducir la desigualdad, deberían estar al margen.
SEGUNDO: Definir con cuál porcentaje de déficit podríamos seguir viviendo y con cuál porcentaje no. A partir de esto último, empezar a buscar alternativas de solución. Costa Rica siempre ha tenido déficit fiscal y la tesis de déficit cero o cercano a cero, representa un coctel social sumamente explosivo.
TERCERO: Definir una nueva metodología para calcular la realidad del porcentaje del déficit fiscal, considerando la integralidad de toda la estructura financiera del Estado y no una parte de la misma, que es el mal llamado presupuesto general de la República.
CUARTO: Atacar el robo de impuestos de raíz, aprobando los proyectos de ley contra el fraude tributario, el contrabando fiscal, las abusivas exenciones y exoneraciones; y, a la vez, generar un potenciamiento estricto y real de la gestión tributaria.
QUINTO: Los “Torquemada” del gasto público deben puntualizar cuál es la parte del empleo público que les molesta en función de lo que ellos llaman “disparadores del gasto”. Adversamos su perversa tesis de satanización generalizada, brutal y descarnada de todo el empleo público. ¿Por qué no pensar en un régimen salarial único para todos los altos cargos político-jerárquicos y de alta gerencia ejecutiva-corporativa para todo el Estado, incluyendo al régimen municipal? ¡Den el ejemplo!
SEXTO: Establecer nuevas políticas y metodologías de evaluación del desempeño en la función pública para resaltar la excelencia, en el marco de reglas claras de gestión y gerenciamiento institucional; pero no por razones fiscalistas y mucho menos, las de orden fundamentalista.
SÉTIMO: Identificar los ámbitos de la política pública en los cuales el debilitamiento del empleo público está rozando con los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos; ámbitos en los cuales el sector privado nunca tendrá interés pues no hay lucro de por medio.
OCTAVO: Es necesario hacer una auditoría de la deuda del país, tanto la interna como la externa. ¿A quién le debemos?, ¿cuánto, en realidad, debemos?, ¿quién gana con el pago de intereses?…
NOVENO: Establecer medidas de ley para impulsar la progresividad tributaria (que paguen más los que, proporcionalmente, tienen más y que son los que más roban impuestos, generalmente); para que abandonemos la regresividad tributaria, en la cual pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen. Digámoslo con fuerza una vez más: la clase trabajadora no roba impuestos. Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente.
DÉCIMO: Establecer regímenes sancionatorios para ineficientes procesos de ejecución presupuestaria, pérdida de recursos por ineficaz gestión; sanciones por mala ejecución de empréstitos con abuso de consultorías y/o planillas paralelas. Además, regular la “guerra” de las apelaciones de licitaciones por parte del sector privado.
Aunque siempre hemos abogado por el sistema de acuerdos nacionales en temas complejos de la convivencia como sociedad inmersa en grandes contradicciones (y podemos dar pruebas de ello); somos sumamente escépticos de que en esto del déficit fiscal, de las finanzas públicas y del mismo empleo público, haya alguna posibilidad de un acuerdo nacional.
El extremismo fundamentalista que está mostrando ese poder fáctico que es el capital neoliberal y sus latifundios mediáticos (al que le importa un bledo las mayorías electorales expresadas en las urnas), como enemigos declarados de los empleados públicos y de las empleadas públicas que son, exige que haya grandes movilizaciones para enfrentarlo.
Esta gran obligación de movilización por la supervivencia misma, bajo el concepto de “Democracia de la Calle”, ya no solamente es de quienes laboran, asalariadamente, para el sector Público, sino que deberán involucrar a sus propias familias.
Además, muchos proveedores de bienes y servicios que el sector Público necesita para funcionar, van a tener que comprender que la cruzada de los “Torquemada del gasto” y de la inversión pública, también acabará con ellos mismos, poniendo en riesgo la estabilidad de esas empresas y abriendo paso al desempleo en las mismas.
¿Es que alguien todavía tiene alguna duda de qué es lo que está en juego y hacia dónde vamos?…
